|
Notas
Propician una ley que regule la publicidad oficial en Mendoza
El proyecto es para brindar claridad a la distribución de fondos públicos en publicidad, tiende a garantizar el acceso a la pauta oficial de los todos los medios de comunicación habilitados y la creación de un ente regulador con participación de distintos sectores
El Sindicato de Prensa de Mendoza impulsa la sanción de una ley provincial que regule la publicidad oficial, para hacer eficaz y transparente la distribución de los fondos públicos que el Estado utiliza para publicitar los actos de gobierno, a través de los distintos medios de comunicación.
La iniciativa, cuenta con el aval de diputados y senadores de distintos sectores políticos que ante la ausencia de un marco normativo que establezca las pautas para el mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la comunicación oficial, consideran beneficiosa la sanción de una norma que ordene con claridad, los objetivos, principios y criterios de inversión, a fin de prevenir posibles decisiones arbitrarias como instrumento de presión política.
Así lo anticiparon fuentes legislativas, luego de la audiencia que el Presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza Ingeniero Jorge Tanus concedió días pasados al Secretario General del Sindicato de Prensa, Roberto Picco quien manifestó que el proyecto de regulación de publicidad oficial cuenta también con el respaldo de entidades gremiales empresariales a nivel nacional con representación en Mendoza, como Armicobo, Ateco, Acapi y Arbia, entre otras.
Picco, detalló que provincias como Río Negro, Neuquén, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, entre otras, están abocadas a este tema.
El dirigente sindical adelantó la intención de desarrollar una ronda de foros en toda la Provincia, a fin de abrir a la comunidad mendocina la discusión y consenso del proyecto que busca garantizar la distribución justa, equitativa y eficiente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.
El dirigente sindical adelantó la intención de desarrollar una ronda de foros en toda la Provincia, a fin de abrir a la comunidad mendocina la discusión y consenso del proyecto que busca garantizar la distribución justa, equitativa y eficiente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.
Agregó que se vuelcan en publicidad oficial alrededor de 100 millones de pesos anuales del gobierno central, sin contar otros recursos de organismos como IPV, Irrigación, Osep, OSM, Casinos, etc. que son invertidos en poco más de 30 medios de comunicación, sobre más de 200 medios de comunicación regularizados en Mendoza, a partir de la nueva Ley de Medios Audiovisuales.
El Proyecto
Entre las características del proyecto se destaca un sistema mixto de distribución que garantice a todos los medios recibir una pauta oficial constituida en parte, por una cifra igual para todas las empresas legalmente habilitadas y empadronadas y un monto variable según su ubicación, área de cobertura, población y la cantidad de audiencia o lectores, debidamente certificados.
Un 20 por ciento del presupuesto anual en materia de publicidad, sería destinado para cubrir esa suma fija y el resto del presupuesto para atender el otro porcentaje del total del monto resultante de las contrataciones respectivas.
Picco explicó que es necesario para la aplicación de este moderno sistema de democratización de la información oficial, la conformación de un organismo o ente regulador de la publicidad oficial, donde estén representados los diversos actores en la materia, como el Gobierno, el Poder Legislativo, el sector académico, por medio de las carrera universitarias de comunicación, los medios de comunicación privados, los medios de los estados nacional y municipal, los sindicatos de trabajadores, los partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria y algunas ONG con interés en esta temática.
El ente, para garantizar la distribución equitativa y eficiente de los fondos publicitarios, deberá contar con precisas mediciones de audiencia y lectores de cada medio, evitando así decisiones arbitrarias y de presión política que puedan perjudicar tanto a las empresas, como a sus trabajadores y principalmente, al derecho de libre acceso a la información de la propia sociedad mendocina.
En cambio, no contará con atribuciones para abocarse al control de los contenidos de cada medio de comunicación.
Además, deberá contar con un padrón actualizado de todos los medios de comunicación y verificar la emisión de contenidos acordes a cada contratación publicitaria, en base a un presupuesto conformado por un mínimo porcentaje del mismo presupuesto establecido para publicidad en oficial por la Legislatura Provincial y del presupuesto que cada organismo destina para la difusión de sus respectivas gestiones.
El proyecto permitirá finalmente, racionalizar el gasto en publicidad, con una proyección pública de una política de comunicación que propicie la pluralidad de los medios de comunicación, contribuyendo a la participación de de todos los sectores sociales, incluyendo las voces minoritarias.
El Proyecto
Entre las características del proyecto se destaca un sistema mixto de distribución que garantice a todos los medios recibir una pauta oficial constituida en parte, por una cifra igual para todas las empresas legalmente habilitadas y empadronadas y un monto variable según su ubicación, área de cobertura, población y la cantidad de audiencia o lectores, debidamente certificados.
Un 20 por ciento del presupuesto anual en materia de publicidad, sería destinado para cubrir esa suma fija y el resto del presupuesto para atender el otro porcentaje del total del monto resultante de las contrataciones respectivas.
Picco explicó que es necesario para la aplicación de este moderno sistema de democratización de la información oficial, la conformación de un organismo o ente regulador de la publicidad oficial, donde estén representados los diversos actores en la materia, como el Gobierno, el Poder Legislativo, el sector académico, por medio de las carrera universitarias de comunicación, los medios de comunicación privados, los medios de los estados nacional y municipal, los sindicatos de trabajadores, los partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria y algunas ONG con interés en esta temática.
El ente, para garantizar la distribución equitativa y eficiente de los fondos publicitarios, deberá contar con precisas mediciones de audiencia y lectores de cada medio, evitando así decisiones arbitrarias y de presión política que puedan perjudicar tanto a las empresas, como a sus trabajadores y principalmente, al derecho de libre acceso a la información de la propia sociedad mendocina.
En cambio, no contará con atribuciones para abocarse al control de los contenidos de cada medio de comunicación.
Además, deberá contar con un padrón actualizado de todos los medios de comunicación y verificar la emisión de contenidos acordes a cada contratación publicitaria, en base a un presupuesto conformado por un mínimo porcentaje del mismo presupuesto establecido para publicidad en oficial por la Legislatura Provincial y del presupuesto que cada organismo destina para la difusión de sus respectivas gestiones.
El proyecto permitirá finalmente, racionalizar el gasto en publicidad, con una proyección pública de una política de comunicación que propicie la pluralidad de los medios de comunicación, contribuyendo a la participación de de todos los sectores sociales, incluyendo las voces minoritarias.