Notas
Movida sesión en el Concejo Deliberante con ribetes de escándalo
Después de varias idas y vueltas se sancionaron las modificaciones a la Ordenanza 9735 que regula la instalación de locales que comercializan pirotecnia en el Departamento de San Rafael. La presencia de algunos comerciantes fue decisiva para que los concejales voten por la afirmativa.
La Ordenanza 9735 que regula la instalación de locales para almacenamiento y ventas de pirotecnia fue modificada por los concejales sanrafaelinos; sólo resta que el Ejecutivo Municipal la promulgue para que tenga vigencia.
Con la presencia de algunos comerciantes que estaban de acuerdo con las modificaciones y otros que no lo estaban, los concejales votaron afirmativamente pero dejaron en claro que "cualquiera hubiese el resultado el mismo es injusto".
La historia marca que la Ordenanza es muy rígida respecto a la instalación de estos comercios, ya que todos los años se emitía una resolución por parte de la Secretaria de Gobierno para flexibilizar la situación y permitir que todos puedan comercializar estos productos.
El artículo quinto, modificado por los concejales, marcaba "la prohibición de instalar locales para almacenamiento y ventas de artículos de pirotecnia, a una distancia menor de 100 mts. de establecimientos escolares, centros asistenciales, hospitales, aserraderos, carpinterías, depósitos y venta de combustibles, geriátricos, hoteles, iglesias y/o cultos religiosos".
Los comerciantes que habitualmente se dedican a este rubro iniciaron los trámites basandose en esta reglamentación y consiguieron todos los permisos de acuerdo a lo que indicaba la Ordenanza. Son 52 los vendedores inscriptos que estaban autorizados por el Municipio luego de la solicitud de la correspondientes habilitaciones.
Pero hay otro grupo de vendedores que también empezaron a gestionar sus habilitaciones con la promesa de que se iba a flexibilizar la Ordenanza para que puedan trabajar. Estos mismo siempre fueron amparados por las resoluciones que emitía el Ejecutivo Municipal a fin de que exista una excepción a la regla; la misma se realizaba desde el año 2003, pero este año la Secretaria que dirige Raúl Guerra se puso firme y no quiso emitir la resolución.
Estos últimos no iban a recibir este año el beneficio de la excepción, por eso plantearon la necesidad del cambio de la Ordenanza que finalmente el Ejecutivo envío el 14 de diciembre para su aprobación al Concejo Deliberante. El texto propuesto indicaba la modificación del artículo quinto señalando que se prohible la instalación de comercios a menos de 100 metros de las estaciones de servicio y a 50 metros del resto de los establecimientos que se nombraban en el anterior artículo.
Las fuentes consultadas, previas a la sesión, indicaban que "los concejales no estaban dispuestos a aprobar estas modificaciones porque el tema necesitaba un estudio más profundo" pero finalmente y luego de un cuarto intermedio que duró casi una hora los ediles bajaron al recinto dispuestos a votar.
Cuando comenzó la lectura del tema, la Presidente del Concejo Deliberante, Cristina Da Dalt solicitó otro cuarto intermedio para consensuar las posiciones. En ese momento comenzaron los cruces de palabras entre los comerciantes que estaban a favor de las modificaciones y un vendedor que estaba en contra de las mismas. Este último aducía que "yo me adecué a la normativa vigente y tuve que salir a alquilar otro local porque el mío no cumplía con las reglamentaciones de la Ordenanza, por eso me veo perjudicado".
Los que estaban a favor comenzaron a levantar la voz diciendo que "nos prometieron que esto se iba a aprobar, hemos hecho la inversión para comprar la pirotecnia, iniciado los trámites de habilitación y pagado los sellados correspondientes y ahora no sabemos que va a pasar".
Ante esta situación se solicitó la presencia del Secretario de Gobierno, Raúl Guerra, que según estos comerciantes "nos había prometido que esto iba a salir" ; el propio Guerra desmintió a Mediamza.com haber estado reunido con esta gente. Después de varias discusiones que duraron 20 minutos, donde desde ambas partes se levantó la voz de manera impropia, Guerra se retiró del recinto y dejó en manos de los concejales la definición del tema.
La Presidente resolvió junto al resto de los ediles, (faltaron con justificación los demócratas), continuar la sesión y proceder a la votación de la modificación mencionada. Unánimemente los tres bloques, el peronista, el radical y el del Frente para la Victoria votaron afirmativamente y fundamentaron su decisión "en el trabajo para todos aunque reconocieron las desprolijidades del tema".
Algunos se fueron conformes y otros se retiraron masticando bronca, pero con la promesa de seguir luchando ya que hasta que no se promulgue la Ordenanza la misma no tiene vigencia.
El presidente del Bolque Radical, Edgar Rodriguez, manifestó "el Ejecutivo actuó de forma desprolija y nos tiró la responsabilidad a nosotros cuando podría haber hecho uso de una resolución y estirar el tema hasta el año entrante para un análisis mayor" y agregó "lo más triste es que esa resolución estaba redactada pero no la quisieron presentar".
Pero hay otro grupo de vendedores que también empezaron a gestionar sus habilitaciones con la promesa de que se iba a flexibilizar la Ordenanza para que puedan trabajar. Estos mismo siempre fueron amparados por las resoluciones que emitía el Ejecutivo Municipal a fin de que exista una excepción a la regla; la misma se realizaba desde el año 2003, pero este año la Secretaria que dirige Raúl Guerra se puso firme y no quiso emitir la resolución.
Estos últimos no iban a recibir este año el beneficio de la excepción, por eso plantearon la necesidad del cambio de la Ordenanza que finalmente el Ejecutivo envío el 14 de diciembre para su aprobación al Concejo Deliberante. El texto propuesto indicaba la modificación del artículo quinto señalando que se prohible la instalación de comercios a menos de 100 metros de las estaciones de servicio y a 50 metros del resto de los establecimientos que se nombraban en el anterior artículo.
Las fuentes consultadas, previas a la sesión, indicaban que "los concejales no estaban dispuestos a aprobar estas modificaciones porque el tema necesitaba un estudio más profundo" pero finalmente y luego de un cuarto intermedio que duró casi una hora los ediles bajaron al recinto dispuestos a votar.
Cuando comenzó la lectura del tema, la Presidente del Concejo Deliberante, Cristina Da Dalt solicitó otro cuarto intermedio para consensuar las posiciones. En ese momento comenzaron los cruces de palabras entre los comerciantes que estaban a favor de las modificaciones y un vendedor que estaba en contra de las mismas. Este último aducía que "yo me adecué a la normativa vigente y tuve que salir a alquilar otro local porque el mío no cumplía con las reglamentaciones de la Ordenanza, por eso me veo perjudicado".
Los que estaban a favor comenzaron a levantar la voz diciendo que "nos prometieron que esto se iba a aprobar, hemos hecho la inversión para comprar la pirotecnia, iniciado los trámites de habilitación y pagado los sellados correspondientes y ahora no sabemos que va a pasar".
Ante esta situación se solicitó la presencia del Secretario de Gobierno, Raúl Guerra, que según estos comerciantes "nos había prometido que esto iba a salir" ; el propio Guerra desmintió a Mediamza.com haber estado reunido con esta gente. Después de varias discusiones que duraron 20 minutos, donde desde ambas partes se levantó la voz de manera impropia, Guerra se retiró del recinto y dejó en manos de los concejales la definición del tema.
La Presidente resolvió junto al resto de los ediles, (faltaron con justificación los demócratas), continuar la sesión y proceder a la votación de la modificación mencionada. Unánimemente los tres bloques, el peronista, el radical y el del Frente para la Victoria votaron afirmativamente y fundamentaron su decisión "en el trabajo para todos aunque reconocieron las desprolijidades del tema".
Algunos se fueron conformes y otros se retiraron masticando bronca, pero con la promesa de seguir luchando ya que hasta que no se promulgue la Ordenanza la misma no tiene vigencia.
El presidente del Bolque Radical, Edgar Rodriguez, manifestó "el Ejecutivo actuó de forma desprolija y nos tiró la responsabilidad a nosotros cuando podría haber hecho uso de una resolución y estirar el tema hasta el año entrante para un análisis mayor" y agregó "lo más triste es que esa resolución estaba redactada pero no la quisieron presentar".