Tu intervienes, él imputa, nosotros nos preocupamos

Tal como era previsible, el Cadillacsgate abrió una enorme grieta hacia dentro del gobierno provincial. Las contradicciones y deslices de los funcionarios que se hicieron públicas por los medios, terminaron por impactar en la comisión investigadora del Senado y estallaron con la imputación del secretario de Turismo, Luis Böhm y el fin de semana, del asesor del gobernador, Raúl Perruco Leiva.

El sálvese quien pueda ya no es un grito, sino una carrera desesperada entre los funcionarios por alcanzar un salvavidas y un bote de goma. En el mismo camino está la directora de Deportes, Beatriz Barbera y puede que no sea la única.

Ante tanto fuego, vamos por el agua. En ese contexto, el gobierno decidió intervenir Obras Sanitarias Mendoza, pero la movida no hizo más que sumar problemas. A la queja de los inversores que probablemente recurrirán a tribunales internacionales y de la propia embajada de Francia, se sumó la preocupación del gobierno nacional quien además a través de Julio De Vido ratificó que no habrá dinero para que la provincia haga las inversiones que los privados no hicieron.

Para colmo, la oposición se enojó porque el domingo pasado les mostraron un diagnóstico pero no les anticiparon la decisión de intervenir al día siguiente. Y además de eso, le recriminó que el Estado deba correr con el costo del aumento de tarifas, en un clima de hipersensibilidad nacional derivado del brutal incremento en las facturas del gas.

Un ex directivo de la empresa, conocedor del paño, cree que el gobierno se equivocó al entrometerse con la operación, lo que lo pone como solidariamente responsable de las decisiones que tome mientras dure la intervención. Este testigo de las idas y vueltas de la empresa del agua, estima que el Estado –como poder concedente- lo que debería haber hecho no es intervenir, sino hacer caer la concesión por incumplimiento del contrato, y que OSM se las arreglara luego como pudiera con sus problemas. Aunque ello derivara, indefectiblemente, en su judicialización.

La sugerencia parece atendible, aunque cuando se le pregunta el porqué de la decisión oficial, el experto frunce el seño y junta los labios en señal de algo que no cierra. Como si se tratara de las mismas presunciones que el ex gobernador Arturo Lafalla terminó de enmarcar públicamente al advertir que la intervención no puede ser la excusa para luego entregar el agua a un grupo privado con intereses inmobiliarios.

Todos los caminos conducen al Chiqui. Tanto la intervención de OSM como el escandalete Cadillacs tienen lugar en el seno de un gobierno que no sabe muy bien para dónde avanzar. Acosado por los problemas y sepultado por una interna cada vez más compleja, tanto sus decisiones como las imposiciones de la realidad, se vuelven torbellinos indomables cuando se ponen en contacto con Jaque o su gabinete.

Un extraño fenómeno que tiene en Alejandro Cazabán a la fuerza centrípeta y centrífuga capaz de generar –al mismo tiempo- la suficiente atracción y reacción como para que choquen todos los planetas que giran en su órbita. Su participación en el Cadillacsgate ya genera por sí, demasiada polémica y a ello se le suma su enfrentamiento con el Poder Judicial que parece recrear viejas épocas de guerra fría en el Barrio Cívico.

Aquí se mezclan los intentos oficiales por introducir cambios en la Justicia, esperados desde el arreglo por la disputa salarial de los jueces, con derivaciones del fabuloso escándalo, sólo que en su vertiente particular y familiar. Así puede leerse de los últimos cruces de Cazabán con los ministros de la Corte, Jorge Nanclares y Carlos Böhm. El caso del presidente de la Corte muestra el abismo entre lo que piensa el Ejecutivo y lo que los supremos quieren efectivamente hacer. Lo de Böhm padre, es un capítulo más de un conflicto impensado que involucra no sólo a su hijo, sino también a su yerno Fernando Nardi, director de administración de Turismo.

Pero esas no son las únicas quejas contra Cazabán a quien en los mentideros judiciales se le achacan sus intenciones de querer copar la Justicia con hombres que puedan responderle. En él también confluye el malhumor de diversos sectores del peronismo (que incluye algunos intendentes) y en particular de la oposición, que ha visto en el Cadillacsgate una oportunidad que ni siquiera el resultado electoral les generó. Así, y al imperio de las revelaciones cada vez más explosivas, algunos en CONFe creyeron que el juicio político abría las puertas para lograr la salida del gobierno del cuestionado funcionario.

Sin embargo, parece que la sangre no llegará al río. Algunos popes cobistas como Juan Carlos Jaliff y César Biffi, han recomendado prudencia en pos de la gobernabilidad, lo que implica moderar las acciones que intentaron motorizar un juicio político en la Legislatura. Lo hacen a fin de evitar sobreactuaciones o excesos que debiliten la institucionalidad, ya que creen que de ahora en más todo debe quedar en manos de la justicia, un frente de por sí complicadísimo para el oficialismo y los funcionarios involucrados.

¿Qué hacer para que el gobierno reaccione? Más allá de esto, la situación es preocupante. Un gobierno débil y sin capacidad de reacción, que se debate entre conflictos con los demás poderes y una opinión pública implacable, sin lograr ordenar la tropa para superar estos obstáculos. Así, la tan mentada gobernabilidad sólo será posible si Jaque entiende que debe modificar sus esquemas, convocar en serio a la oposición y tener un gesto de autoridad que le permita seguir siendo el líder del Ejecutivo. No porque no lo sea, sino porque no lo demuestra.

Concientes de esto en las propias filas del jaquismo, hay algunos movimientos que todavía sin rumbo cierto, buscan -desde adentro- hacer reaccionar al gobierno. Entienden que por más buena voluntad que tenga la oposición si no se avizora un rotundo cambio de actitud, poco se podrá hacer para llevar a buen puerto la nave.

Hay quienes hasta habrían sugerido, acorde con el tenor de la crisis política que se percibe, empezar de nuevo, poniendo todas las renuncias a disposición del gobernador para que sin ataduras, pueda –efectivamente- relanzar su gestión. Pero hasta aquí la interna mete la cola, entre ministros debilitados políticamente,cansados de tanto trajín en vano y otros que también creen que la única solución para la subsistencia del gobierno es la salida de Cazabán, cuya presencia -creen- es inviable en cualquier esquema futuro.

La recurrencia del nombre del secretario general ligado a cada cuestionamiento, y la obstinación que el gobernador ha demostrado para no reemplazarlo, albergan pocas esperanzas de nuevos aires. Por el contrario, un escenario conflictivo y polémico probablemente siga siendo protagónico ante la creciente preocupación de todos los mendocinos.