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Notas
El gobierno se cayó en un pozo ciego
El Cadillacsgate se ha transformado para Jaque en un lodazal espeso, escurridizo. Cinco de sus ministros y dos estrechos colaboradores aparecen involucrados y pese a los esfuerzos oficiales, es imposible no salir de allí salpicado. O al menos, sin oler desagradable.
El 28 de junio dejó expuesta la fragilidad de un gobierno que desde su asunción no hizo más que poner énfasis en la opacidad. Así, entre funcionarios de predominante tono gris y políticas erráticas, cosechó el rechazo popular como ningún otro desde el retorno democrático.
La caída electoral fue una inigualable ocasión para barajar y dar de nuevo, algo así como una refundación que Celso Jaque volvió a dejar pasar. Tanto porque su capacidad minimalista le impidió comprender el cabal espíritu del voto del 28 de junio, como porque la respuesta frente a la debacle fue redoblar la apuesta de su estilo encriptado y receloso.
Sobre llovido, inundado. En medio de ese proceso de reacomodamiento que terminó no siendo tal, se desató la polémica por la contratación de Los Fabulosos Cadillacs, un escándalo que por primera vez (y pese al extenso rosario de cuestionamientos que han existido con la gestión) parece poner en una situación de extrema debilidad política a la administración provincial.
Esto se desprende porque ante el complejo estado de las cosas, con un fiscal especial investigando, con la Fiscalía de Estado esperando que se levante el secreto de sumario, una comisión legislativa y una opinión pública conmocionada por el suceso, son pocas las chances que tiene el gobierno de salir airoso.
Mucho menos cuando casi medio gabinete (Luis Böhm, Alejandro Cazabán, Ricardo Scollo, Adrián Cerroni y Beatriz Barbera) aparece con algún grado de participación, ya sea por acción o por los dichos de los propios funcionarios. A lo que hay que sumar las figuras de dos estrechos colaboradores del gobernador (Raúl Leiva y Pablo Catania) y el propio Jaque que rubricó el decreto que justifica el pago de 315 mil pesos a un desconocido, con las irregularidades asentadas en el expediente y en la tramitación que son el ojo de la tormenta.
Los que pusieron su firma, tanto en el contrato como en el decreto, aparecen como los más comprometidos judicial y políticamente (Böhm, Cazabán, Cerroni y Jaque). El resto (Barbera, Scollo y Catania) rubricaron el controvertido comunicado de prensa oficial que plasmó por escrito las falencias oficiales. El caso, develó además, la influencia de Leiva, el poderoso jefe de asesores jaquista.
Que el último apague la luz. El desfile legislativo ha comenzado a mostrar contradicciones y fisuras en el discurso oficial, que pretendió instalar la idea de que el show de los Cadillacs en Mendoza había sido un “hito cultural” para la provincia; o lo que es peor aún, que un evento privado que debía haber sido realizado a costa y riesgo de sus productores, terminó siendo una fenomenal e imprescindible herramienta de política turístico-cultural solventada por todos los mendocinos. Una vez más, y con una falsa concepción del Estado (o un intervencionismo mal entendido) las ganancias se privatizan y las pérdidas, se socializan.
Lo cierto es que la presión mediática y los rocambolescos ribetes que día a día van apareciendo en esta historia, parecen haber desatado una fenomenal (pero soterrada) puja entre los salpicados por el escándalo. A esta hora, cada uno de ellos sólo intenta demostrar y convencer que su actuación particular no merece reparos. Aunque claro está, para que ello sea así, la responsabilidad necesariamente se traslada a otro miembro del gobierno.
Esta situación ha desatado un mar de resquemores en las filas del propio gabinete, donde acusan a Böhm por no haberse hecho cargo del entuerto (ya sea por falta de "lealtad" o por no asumir su propia “torpeza”). Fue él quien primero dio la pista de que la orden bajó del cuarto piso de Casa de Gobierno. Por eso es que su suerte, dentro del gobierno, estaría echada: el paraíso jaquista parece haberle cerrado sus puertas tras haber eludido su responsabilidad y desperdigado la culpa hacia otros colegas y sus superiores.
Asimismo, el asunto Cadillacs ha dejado al descubierto la verdadera trama del poder jaquista, que desde la inorganicidad de un asesor parece manejar la voluntad de ministros, secretarios y el movimiento de partidas presupuestarias. Tal vez porque –efectivamente- desde las sombras, Perruco Leiva ejecuta la mismísima voluntad del gobernador. De lo contrario, no se entiende que, por ejemplo, un dirigente de experiencia como Böhm quede involucrado en un suceso en el que muchos observadores especulan que puede significar el fin de su carrera política.
Los que zafan, de ninguna manera están en el cielo. Más allá de los involucrados, los ministros a los que el Cadillacsgate les pasa por un costado muestran –como el resto del gobierno- una extraña mezcla de debilidades y cuestionamientos que incluyen desde la dispersión hasta la inacción.
Un triste y remanido panorama en el que entran Sergio Saracco (muchos mencionan que su salida junto a Guillermo Migliozzi e Iris Lima era una fija y que el asilamiento de la Gripe A le trajo oxígeno); Mario Adaro (su presencia pública quedó desvirtuada después de las elecciones, especialmente por su responsabilidad en el tono de una campaña que se alejó demasiado de la convivencia); Silvia Ruggieri (habría amenazado con irse, disconforme con la presencia de referentes de la Iglesia dentro su ministerio que no dejan de generar polémicas públicas); Francisco Pérez (la crisis modificará las expectativas de obra pública lo que implica menos posibilidades para el éxito de su gestión).
Por su parte, y lejos de bailar al ritmo de Vicentico, el sayo también le cabe al resto de los ministros y secretarios. Carlos Ciurca (cree que su tiempo en el ministerio ya se cumplió, que ya puso el pecho y que ahora le toca a otro bailar con la más fea); Guillermo Carmona (también sentiría una mezcla de acoso y desazón: no sabe si quieren su cargo o si quieren que se vaya); Carlos López Puelles (todavía no asumió y no sabe si pasará el filtro del Senado por sus inconsistencias técnicas). Sólo se salva el todavía “fresco” Raúl Mercau, a quien todos le reconocen solvencia e hiperactividad con sentido político, al extremo de desentonar con el gobierno (“si tuviéramos ocho Mercau en el gabinete, otro sería el panorama…” se sinceró un dirigente justicialista de primera línea).
“Nada, nada, no veo un carajo…”.Tal estado de quietud, producto del impacto que ha causado en el gobierno el Cadillacsgate evolucionará al ritmo de las decisiones judiciales; en particular si el fiscal Eduardo Martearena decide profundizar el rumbo de la investigación (tal como sería lo lógico) y se concentra ahora en la participación de los funcionarios públicos.
La sola especulación del procesamiento de funcionarios, secretarios o ministros es una posibilidad no del todo contemplada por el Ejecutivo pero que necesariamente puede ser no sólo cercana sino también real. Ante este escenario, que supone cargar con responsabilidades penales por decisiones políticas (que en algún caso ni siquiera son propias), es imprevisible la reacción tanto de los implicados como del propio gobierno.
Lo que está claro es que un raro ambiente puede percibirse entre funcionarios y dirigentes oficialistas. Las inexplicables razones de la celeridad que el gobierno puso en este caso (y no en otros donde el interés público ha estado más comprometido); el importe nada despreciable que de por sí mueve sospechas, sumado a la inconsistencia administrativa que fluyen del expediente, hace presumir que cualquier avance en la causa no hará más que agravar la actual situación.
Ante esto, es probable que la gran reforma del gabinete, aquella negada a poco de andar, y frustrada tras el resultado electoral, pueda efectivamente concretarse cuando tras el fabuloso tsunami, el gobierno pueda salvar la ropa con aquello que quede en pie.
Los que pusieron su firma, tanto en el contrato como en el decreto, aparecen como los más comprometidos judicial y políticamente (Böhm, Cazabán, Cerroni y Jaque). El resto (Barbera, Scollo y Catania) rubricaron el controvertido comunicado de prensa oficial que plasmó por escrito las falencias oficiales. El caso, develó además, la influencia de Leiva, el poderoso jefe de asesores jaquista.
Que el último apague la luz. El desfile legislativo ha comenzado a mostrar contradicciones y fisuras en el discurso oficial, que pretendió instalar la idea de que el show de los Cadillacs en Mendoza había sido un “hito cultural” para la provincia; o lo que es peor aún, que un evento privado que debía haber sido realizado a costa y riesgo de sus productores, terminó siendo una fenomenal e imprescindible herramienta de política turístico-cultural solventada por todos los mendocinos. Una vez más, y con una falsa concepción del Estado (o un intervencionismo mal entendido) las ganancias se privatizan y las pérdidas, se socializan.
Lo cierto es que la presión mediática y los rocambolescos ribetes que día a día van apareciendo en esta historia, parecen haber desatado una fenomenal (pero soterrada) puja entre los salpicados por el escándalo. A esta hora, cada uno de ellos sólo intenta demostrar y convencer que su actuación particular no merece reparos. Aunque claro está, para que ello sea así, la responsabilidad necesariamente se traslada a otro miembro del gobierno.
Esta situación ha desatado un mar de resquemores en las filas del propio gabinete, donde acusan a Böhm por no haberse hecho cargo del entuerto (ya sea por falta de "lealtad" o por no asumir su propia “torpeza”). Fue él quien primero dio la pista de que la orden bajó del cuarto piso de Casa de Gobierno. Por eso es que su suerte, dentro del gobierno, estaría echada: el paraíso jaquista parece haberle cerrado sus puertas tras haber eludido su responsabilidad y desperdigado la culpa hacia otros colegas y sus superiores.
Asimismo, el asunto Cadillacs ha dejado al descubierto la verdadera trama del poder jaquista, que desde la inorganicidad de un asesor parece manejar la voluntad de ministros, secretarios y el movimiento de partidas presupuestarias. Tal vez porque –efectivamente- desde las sombras, Perruco Leiva ejecuta la mismísima voluntad del gobernador. De lo contrario, no se entiende que, por ejemplo, un dirigente de experiencia como Böhm quede involucrado en un suceso en el que muchos observadores especulan que puede significar el fin de su carrera política.
Los que zafan, de ninguna manera están en el cielo. Más allá de los involucrados, los ministros a los que el Cadillacsgate les pasa por un costado muestran –como el resto del gobierno- una extraña mezcla de debilidades y cuestionamientos que incluyen desde la dispersión hasta la inacción.
Un triste y remanido panorama en el que entran Sergio Saracco (muchos mencionan que su salida junto a Guillermo Migliozzi e Iris Lima era una fija y que el asilamiento de la Gripe A le trajo oxígeno); Mario Adaro (su presencia pública quedó desvirtuada después de las elecciones, especialmente por su responsabilidad en el tono de una campaña que se alejó demasiado de la convivencia); Silvia Ruggieri (habría amenazado con irse, disconforme con la presencia de referentes de la Iglesia dentro su ministerio que no dejan de generar polémicas públicas); Francisco Pérez (la crisis modificará las expectativas de obra pública lo que implica menos posibilidades para el éxito de su gestión).
Por su parte, y lejos de bailar al ritmo de Vicentico, el sayo también le cabe al resto de los ministros y secretarios. Carlos Ciurca (cree que su tiempo en el ministerio ya se cumplió, que ya puso el pecho y que ahora le toca a otro bailar con la más fea); Guillermo Carmona (también sentiría una mezcla de acoso y desazón: no sabe si quieren su cargo o si quieren que se vaya); Carlos López Puelles (todavía no asumió y no sabe si pasará el filtro del Senado por sus inconsistencias técnicas). Sólo se salva el todavía “fresco” Raúl Mercau, a quien todos le reconocen solvencia e hiperactividad con sentido político, al extremo de desentonar con el gobierno (“si tuviéramos ocho Mercau en el gabinete, otro sería el panorama…” se sinceró un dirigente justicialista de primera línea).
“Nada, nada, no veo un carajo…”.Tal estado de quietud, producto del impacto que ha causado en el gobierno el Cadillacsgate evolucionará al ritmo de las decisiones judiciales; en particular si el fiscal Eduardo Martearena decide profundizar el rumbo de la investigación (tal como sería lo lógico) y se concentra ahora en la participación de los funcionarios públicos.
La sola especulación del procesamiento de funcionarios, secretarios o ministros es una posibilidad no del todo contemplada por el Ejecutivo pero que necesariamente puede ser no sólo cercana sino también real. Ante este escenario, que supone cargar con responsabilidades penales por decisiones políticas (que en algún caso ni siquiera son propias), es imprevisible la reacción tanto de los implicados como del propio gobierno.
Lo que está claro es que un raro ambiente puede percibirse entre funcionarios y dirigentes oficialistas. Las inexplicables razones de la celeridad que el gobierno puso en este caso (y no en otros donde el interés público ha estado más comprometido); el importe nada despreciable que de por sí mueve sospechas, sumado a la inconsistencia administrativa que fluyen del expediente, hace presumir que cualquier avance en la causa no hará más que agravar la actual situación.
Ante esto, es probable que la gran reforma del gabinete, aquella negada a poco de andar, y frustrada tras el resultado electoral, pueda efectivamente concretarse cuando tras el fabuloso tsunami, el gobierno pueda salvar la ropa con aquello que quede en pie.