El control de la Justicia, el objetivo que Jaque y Cazabán no logran alcanzar

La misma fuente advirtió: “Que el gobierno no esté en condiciones de negociar no significa que nosotros sí. Si nos llaman, cosa que no ha sucedido y esperamos que no suceda al menos en estos meses, también será complicado. Todavía tenemos demasiadas pujas internas como para establecer una oposición fuerte. Y si algo se le puede reconocer a este gobierno, tal vez lo único, es que sabe encontrar esas grietas”.


Todas las fichas a la Procuración

En todo caso, si hay un cargo que desea el Ejecutivo es el que podría dejar el procurador general, Rodolfo González, si decide retirarse. Eso, siempre y cuando no se modifique la Constitución Provincial y se cree la figura del “Fiscal General”.

La Procuración en un lugar fundamental; para algunos, más aún que el peso que puede tener un ministro de la Corte. Entre esos “algunos”, hay alguien que supera al resto: Alejandro Cazabán.

El secretario General de la Gobernación sabe que, tal como funciona la Justicia Penal en nuestra provincia, el procurador es ni más ni menos que el jefe de los fiscales y quien levanta o baja el dedo a la hora de evaluar a los representantes del Ministerio Público. Ser procurador significa tener contacto con cuanta investigación se esté llevando a cabo en Mendoza.

“Buscan ese cargo porque quieren asegurarse la puerta de atrás para cuando dejen el gobierno. Quieren a alguien que les garantice impunidad”, afirmó un juez consultado.

El magistrado en cuestión se refirió no sólo a los funcionarios actuales, sino que el objetivo sería evitar que aparezcan causas en contra de los empresarios “amigos” de este gobierno y especialmente de Cazabán.

 “Pero lo que no saben –sostuvo la misma fuente- es que el nivel de fiscales es pésimo. Sin querer, alguno lo puede complicar”.

Los fiscales y jueces de primera y segunda instancia de Mendoza son elegidos mediante un concurso. De los tres primeros puestos, el gobierno elige a uno para enviar su pliego a la Legislatura y lograr el visto bueno del Senado. Por eso la ingerencia del Ejecutivo en la elección de esos cargos no es determinante.

De todos modos, el panorama cambia para aquellos jueces y fiscales que buscan subir de categoría. Saben que, si logran ubicarse entre los primeros tres lugares con notas más altas, deberán recibir un guiño desde Casa de Gobierno para llegar al puesto deseado.

Si hubiese una tramitación masiva de jubilaciones, se generarían aproximadamente noventa cargos a cubrir. Si eso ocurriese, Jaque sería el gobernador con más jueces designados después de Santiago Felipe Llaver; con la salvedad que Llaver debió hacerlo porque debía armar nuevamente el sistema judicial con la llegada de la democracia.

Por el momento, González no va a jubilarse. ¿Por qué, si ya está en edad? En Tribunales hay dos respuestas para esta pregunta. Una sostiene que el procurador quiere ver primero cómo se van algunos ministros de la Corte con quienes está enfrentado. Y que no dará el brazo a torcer. La segunda explicación establece que recién dejará su silla una vez que haya logrado ubicar en lugares importantes a sus familiares. Rodolfo González, al igual que el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, son conocidos por tener una gran cantidad de parientes trabajando en el Poder Judicial.

Si el procurador decidiera dar un paso al costado, hay dos nombres fuertes del oficialismo para ese lugar: Omar Palermo y Roberto Godoy Lemos.

Godoy Lemos –ex decano de la Facultad de Derecho de la UNCuyo y miembro del Consejo de Seguridad- sería la segunda opción. La apuesta fuerte es Palermo. Se trata de un hombre con una destacada formación académica, que fue juez de Instrucción, camarista del crimen y que actualmente es fiscal federal. Los especialistas en materia penal afirman que, intelectualmente, Palermo es la persona indicada para ese cargo.

El caso Pereyra

La investigación por negociaciones incompatibles iniciada contra el presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, se convirtió en el mejor ejemplo de cómo, desde el Ejecutivo, buscan influir en la Justicia.

Tanto en Tribunales como en Casa de Gobierno es vox populi que Alejandro Cazabán llamó en dos oportunidades al fiscal de Delitos Complejos que tenía esa causa, Luis Correa Llano (en la actualidad en la Cámara Penal de Apelaciones).

Cazabán intentó que el caso se cajoneara, tal cual hizo él personalmente con la denuncia que un empleado del Casino había hecho contra Pereyra -un hombre muy cercano a intereses empresarios aliados del gobierno- en la Contaduría General de la provincia.

Y fue allí donde entró en escena un gran amigo suyo, Omar Palermo, el mismo que Cazabán postularía para procurador o para ser ministro de la Corte. Claro que, esta vez, evidenciaron algunas diferencias.

Palermo increpó a Cazabán por haber querido frenar la investigación, además de sugerirle que ese no era el mejor modo de salvar a un funcionario, y menos aún si le sugería al fiscal de la causa que debía devolver el favor de haber logrado que el Senado aprobara su bolilla para asumir como camarista.

Cazabán no logró su objetivo, y un par de días antes de jurar para el nuevo cargo, Correa Llano imputó a Daniel Pereyra y dejó la causa en manos de su reemplazante, la fiscal Claudia Ríos.

Palermo, Correa Llano, Cazabán y los fiscales especiales Eduardo Martearena y Daniel Carniello forman parte de una misma movida generacional, aunque tomaron rumbos disímiles. Igual, lo que pueda suceder entre algunos de ellos llegará rápidamente a los oídos del otro.

“Han envejecido adictos al poder”

La frase, sacada de la letra de una canción del grupo chileno La Ley, es la que mejor define la situación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Salvo Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde, el resto (Aída Kemelmajer, Carlos Bohm, Pedro Llorente, Herman Salvini y Fernando Romano) está en condiciones de jubilarse. Por el momento, ninguno ha dado muestras de querer desprenderse de su posición.

La Suprema Corte no goza por estos días del respeto de los demás magistrados. Al contrario, existe un divorcio importante entre lo que ocurre en el cuarto piso del Palacio Judicial y el resto de los juzgados de la provincia.

Existen cuestionamientos por la escasa cantidad de horas y días que algunos ministros asisten a sus despachos, y porque hay otros que directamente no redactan sus sentencias.

Esa rispidez se potenció cuando la Corte decidió elevar a rango de magistrado a directores y subdirectores de puestos netamente administrativos, como Contabilidad, Recursos Humanos, Informática y Unidad de Transformación.

Aún así, que a más de un año y medio de la asunción de Jaque los cinco ministros de la Corte en condiciones de jubilarse sigan en el mismo lugar, es otra falla del gobierno. La intención de abrir esos cargos para poner gente propia, fue el objetivo que persiguió el arreglo que el Ejecutivo hizo con los jueces para que perciban el 82 por ciento de los haberes como jubilación. Sin embargo, por fallas administrativas, este régimen por ahora no se pudo implementar. Un nuevo fracaso a la hora establecer políticas públicas.