El Gobierno halló el Talón de Aquiles de Cobos

Dispuesto a quemar las naves, el Gobierno busca socavar electoralmente a Julio Cobos pegándole donde más le duele: sospechándolo de haber tenido una gestión corrupta.

Y para hacerlo el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, supo donde golpear. El monje negro de Celso Jaque movilizó al PJ para sacar otra vez a la luz el escándalo de los Vale Más, aquél desfalco millonario que se perpetró durante las dos últimas gestiones del radicalismo en Mendoza.

Pero nadie duda de que fue mucho. La Legislatura estableció en 2007 que la estafa superaba los $90 millones, la Contaduría General de la Provincia informó en su momento que faltaban rendir comprobantes por $45 millones y el propio gobierno radical reconoció que, en 18 meses, no se podían justificar tickets por al menos $5 millones.

Los mismos funcionarios de Cobos admitieron en 2007, que el sistema funcionó casi sin control durante seis años.

Al cobismo y a los radicales, que les revuelvan este tema los preocupa. Sobre todo porque la embestida es fuerte.

A las pocas horas de que Cazabán lanzara su “campaña sucia”, como denunciaron los principales dirigentes del Frente Cívico Federal, el senador justicialista Luis Ruzo se ocupó de agitar el asunto en la Legislatura.

Ruzo fue uno de los integrantes de una comisión legislativa que investigó el tema hace dos años y esta semana citó al fiscal de Estado, Pedro Sin, para que explique por qué en todo este tiempo no se avanzó en nada para esclarecer la causa.

“Sin no hizo nada en todo este tiempo”, se quejó el legislador.

-¿Por qué este llamado se hace justo ahora y no se hizo antes?, lo consultó MDZ.

Rápido de reflejos, Ruzo se atajó. “Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Yo sé de donde viene tu pregunta. Si esto es electoral o no. No.  Desde el 2007 que vengo investigando y cada tanto hago pedidos de informes”.

Así lo decía.

Pero esto no quedó acá. A los pocos días de que Cazabán se lanzara, el fiscal que tiene el expediente desde agosto de 2006, Daniel Carniello, también anticipó medidas judiciales.
 

Uno de esos nuevos imputados sería Enzo Caliri, coordinador del Vale Más entre 2000 y 2002, y su posible incriminación judicial produce una pequeña satisfacción dentro del cobismo.

Caliri fue funcionario de Roberto Iglesias y, entre otras cosas, es recordado por ir a trabajar a la Casa de Gobierno en un convertible amarillo importado. Si Carniello lo imputa, quedará claro que la responsabilidad del robo alcanzará también a la gestión anterior a Julio Cobos.

Eso es lo que siempre quisieron demostrar los seguidores del vicepresidente. Aunque sea una verdad a medias.

Si bien es cierto que el mismo Cobos impulsó la denuncia judicial una vez que se detectaron irregularidades (que fue efectivizada por el entonces ministro de Desarrollo Social Sergio Pinto) es difícil separar a su gestión de todas las maniobras que significaron millones de pesos que se fueron a otros bolsillos que no eran los de los carenciados de Mendoza.

Un robo que, además, se perpetró un piso arriba del despacho del gobernador.

No es un secreto en el ámbito político que parte de lo producido por los desmanejos del Vale Más, habrían servido como financiamiento de la campaña de Cobos en 2003.

Gotusso fue echada del ministerio en enero de 2006, pero hasta agosto de 2007 conservó un cargo e asesora por más de $4.000.

Cobos instruyó a sus funcionarios para que denunciaran ante la Justicia las irregularidades, pero jamás inició una investigación administrativa para determinar qué pasó. Y mucho menos cuánto dinero desapareció.

La causa judicial navega hoy entre una serie de imputaciones y una laberíntica serie de expedientes.

Carniello decidió dividir en cuatro el expediente original para ir investigando por separado los diferentes ribetes y responsabilidades en esta historia de corrupción.

Luis Carretero, Liliana Mirábile, Carlos Marziali y Paula Eisenchlas (todos funcionarios de Cobos) son quienes aparecen como acusados en uno de los desgloses hechos por Carniello. El delito es el de malversación culposa de caudales públicos en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionarios público.

Pero, como dice la calificación del hecho, se trata de un caso culposo; es decir: no hubo intención de cometer ese delito.

La situación actual es diferente. Los nuevos imputados deberán responder por qué, con diferencia de algunos minutos, se mandaban mails solicitando la impresión de tickets que, no todos, quedaban registrados en las planillas oficiales.

Lo que todavía no se determina es si se pedía que se confeccionaran “gemelos” a nombres de los mismos beneficiarios o estaban a nombre de personas que nunca recibieron esta asistencia.

Tampoco se puede determinar aún otra serie de complicidades que, de llegar a un punto de certeza, podrían hacer que Cazabán termine perjudicando a quien de manera aparente quiere beneficiar.

El robo de los Vale Más no podría haber sido completo sin la complicidad de algunos municipios. Y en su momento se mencionó el manejo poco claro de los tickets en Maipú, gobernada entonces y ahora, por el candidato a senador nacional Adolfo Bermejo.

Pero eso no le preocupa a un Gobierno que apunta a perder las elecciones. Mario Adaro, ministro de Gobierno, también tuvo lo suyo para decir.

Memoria del saqueo
Los Vale Más  nacieron en octubre de 2000 durante el gobierno de Roberto Iglesias, como una herramienta de contención social ante la crisis que se avecinaba y que meses más tarde explotó.

Durante los seis años que se implementó, se le inyectaron más de $150 millones de fondos públicos y llegaron a cubrir, en las épocas bravas, a más de 50 mil personas.

En los papeles el sistema funcionaba así: el propio Estado repartía entre los municipios los Vale Más (que fueron impresos durante casi todo el tiempo por la empresa Proms SA) que estos luego repartían entre los beneficiaros. Esos vales servían solo para comprar mercaderías en los pequeños almacenes y estos comercios luego los cambiaban en los mayoristas que, al final del proceso, los hacían plata.

La primera noticia del fraude se conoció en agosto de 2006, cuando el Gobierno de Cobos denunció ante la Justicia la existencia de dos cuadernillos impresos por Proms (la empresa que los imprimía) pero que el Estado no había pedido.

Pinto rescindió el contrato con la empresa meses después, apuntó a transparentar los controles y le entregó la impresión al Banco Nación.

Luego de varios meses de investigación interna (que jamás llegó a ser del todo profunda) el entonces ministerio de Desarrollo Social reconoció que, entre enero de 2005 y agosto de 2006, el sistema funcionó casi sin controles y que, solo en esos 18 meses, el robo no bajaba de los $5 millones.

El saqueo se perpetraba de distintas maneras:

Durante años fue normal que los Vale Más le eran solicitados a la empresa Proms a través de un correo electrónico. Pero al propio ministerio no le quedaba ninguna constancia de esos pedidos y hasta se detectó, que luego de pedir los tickets, se borraban la bases de datos. En algunos períodos se pedían vales (que no habrían llegado al destino correcto) unas cuarenta veces por mes.

En varias oportunidades se supo que se robaban bolsones enteros con tickets y el Estado terminaba pagando dos veces ese vale robado.

Y también es sabido que, cuando se procedió a la unificación de la base de datos de los municipios con la del entonces Ministerio de Desarrollo Social, se detectaron alrededor de 300 casos de personas que cobraban dos veces por mes por una ventanilla y por la otra.

Dos casos fueron los que acrecentaron entonces el escándalo que todavía no encuentra su final.

Uno de ellos fue que, cuando se procedió a un cruzamiento de las bases de datos, se detectó una gran cantidad de beneficiaros a los que no les correspondía, por su perfil, se acreedores de un beneficio social.

Y fue así como hubo unos 2.000 tickets que fueron a parar a manos de empleados públicos, de monotributistas, de jubilados, pensionados y hasta de gente que ya era beneficiaria de otros planes sociales.

Pero como suele suceder en estos casos, los hechos de corrupción se notan en los funcionarios que son sospechados de cometerlos.

Tal es caso de al menos tres personas que manejaron casi a voluntad el Vale Más durante los años que están bajo investigación judicial.

El más notorio de ellos es el de Luis Llobel, un personaje menor en toda esta historia, pero al que buena parte de los acusados por la Justicia señalaban con el dedo.

Llobel fue uno de esos fantásticos casos de cómo se manejan las cosas en el Estado provincial: en 2001 era beneficiario de un Plan Trabajar y sólo dos años después ya era coordinador del programa de la discordia.

Regordete, sin la secundaria completa y con muchas dificultadas hasta para manejar una computadora, este ex funcionario alcanzó a manejar $1,5 millones mensuales de recursos públicos sin siquiera ser empleado de planta.

A poco de trabajar en ese cargo fue muy comentada su luna de miel: Llobel, un ex desocupado, logró viajar a la Isla de Pascua.

El otro caso fue el de Calleri, el posible nuevo imputado por la Justicia. Nadie podía escapar de sus llegadas a la Casa de Gobierno en un convertible importado y amarillo, durante sus años de funcionario importante en la escala de reparto de los planes sociales.

Y el último que merece comentario es el de “Rosy”, la ex secretaria privada de Ana María Gotusso.

Rosy - según no se cansaban de contar los empelados de Desarrollo Social- fue vista en infinidad de veces sacando Vale Más del cajón de su escritorio, como forma de pago de algunos beneficios políticos.

La historia de cada uno de ellos luego del escándalo fue difusa. Llobel se refugió durante un tiempo trabajando en un depósito de quesos, Calleri volvió a su agencia de autos y Rosy se mudó a San Luis. Y dicen que jamás volvió.

Colaboración periodística: Jorge Hirschbrand