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Notas
Intiman al jefe de prensa de Jaque para conocer el gasto de la publicidad oficial
Fiscalía de Estado pidió a la Secretaría Legal y Técnica que emplace a Pablo Catania para que muestre los informes bimestrales que deberían existir con esta información. De lo contrario, se solicitó una sanción administrativa, además de la posibilidad de llevar el caso de la justicia penal.
La Fiscalía de Estado giró un oficio a la Secretaria Legal y Técnica del gobierno de Mendoza para que intime al coordinador de Comunicación Social, Pablo Catania, a presentar todos los informes bimestrales correspondientes a la rendición de cuentas que debe hacer el Poder Ejecutivo sobre los gastos en publicidad oficial. En la nota emitida desde el despacho de Pedro Sin, se solicita a Fernando Simón (a cargo de Legal y Técnica) que, de lo contrario, lleve adelante el proceso administrativo para sumariar y sancionar al funcionario en cuestión.
Desde hace cinco meses, Fiscalía de Estado viene solicitando estos informes. Primero fue a través de una citación a Catania para declarar en una causa abierta tras una denuncia hecha por un periodista de MDZ. Luego, lo hizo a través de una serie de notificaciones que nunca tuvieron respuesta desde el área que maneja la comunicación del gobierno de Celso Jaque.
Una situación similar se dio con el presidente de la Cámara de Senadores (Cristian Racconto) y con el titular de Diputados (Jorge Tanús). De acuerdo con lo establecido por la ley provincial 6.496, desde Casa de Gobierno deben remitir estos informes a la Legislatura.
La norma obliga al Poder Ejecutivo a presentar cada dos meses detalles sobre:
A) Identidad y datos personales de los beneficiarios de las donaciones o subsidios, o medios gráficos, electrónicos, vial u otro en el que se desarrolló la publicidad o promoción.
B) Monto invertido, discriminando los diferentes ítems que lo componen, detalle de tarifas y descuentos obtenidos.
C) Ubicación geográfica y área de cobertura o tiraje, según corresponda, del medio en el que se realizó la publicidad.
D) Horario y/o programa en que se pautó la publicidad.
E) Para el caso de que la publicidad no se contrate en forma directa, nombre y domicilio de la agencia o agente de publicidad por cuyo intermedio se hayan cursado las respectivas órdenes de emisión, publicación, etcétera.
F) Producto o tema central del mensaje publicitario difundido.
G) Razones que hayan justificado la selección de ese medio y/o programa, con exclusión de otros.
H) Copia de la resolución por la que se autorizó el gasto respectivo.
“De Diputados no nos llegó nada. De Senadores enviaron una carpeta llena de papeles, y todo desprolijo. Pero la información concreta que establece la ley no la mandaron o está incompleta. Acá hay tres problemas: los informes nunca se hicieron, desde la Legislatura nunca los pidieron ni exigieron su presentación, y el fiscal de Estado no quiere enfrentarse con el gobierno; de lo contrario, ya tendría que haber hecho la denuncia penal”, aseguró una fuente de Fiscalía.
La afirmación está sustentada por la ley provincial 4.418, donde están enumeradas las facultades que tiene el fiscal del Estado.
A priori, la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” es el delito que mejor se adapta a esta conducta. Tal como está presentado, se trata de un caso de fácil esclarecimiento. Se citan a las partes involucradas, se les toma declaración y se resuelve en consecuencia, con una compulsa a la Justicia Penal por las irregularidades cometidas.
Sin embargo, por simple que se presente el caso, encierra una complejidad política importante. Quien decida encarar una investigación semejante obligará a éste y a los gobiernos siguientes a blanquear el manejo de la pauta oficial, la segunda “caja” más grande que tiene la política provincial y que se utiliza de manera discriminatoria, discrecional y sin ningún tipo de control, apenas por debajo de los “gastos reservados” del Ministerio de Seguridad.
Se calcula que el año pasado la gestión de Celso Jaque gastó más de 40 millones de pesos en publicidad, aunque al no haber rendición de cuenta, no es posible llevar ese control. Y se estima que para el 2009 está proyectado un gasto que va entre los 60 y los 70 millones de pesos.
“No se trata de investigar sólo a los funcionarios. Acá es otra cosa: el que decida agarrar esa causa, no sólo va contra el poder político, sino también contra los medios. ¿O acaso alguno de los medios más grandes de Mendoza querrá que se sepa cuánta plata les pone el gobierno? Y de ahí, a un jury, hay sólo un paso. Injusto o no, al que lo haga, lo van a destituir”, afirmó un fiscal en una charla bajo un total off the record y por lo tanto su nombre quedará en el anonimato.
“¿Por qué no va a buscar esos datos al Tribunal de Cuentas? Ellos deben tener todo”, fue la excusa se que escuchó en el cuarto piso de Casa de Gobierno cuando se consultó si redactarán y mostrarán los informes, como para desinflar la presión que hoy existe sobre Catania, más allá de que, desde Fiscalía, traten de oxigenar su situación y evitan sacar una resolución al respecto.
Según la reglamentación, es el coordinador de Comunicación Social quien debe dar cumplimiento a la ley 6.496. Por eso, la responsabilidad directa cae sobre Catania. De todos modos, la falta de respuesta de este funcionario ante los pedidos de Fiscalía de Estado tiene una explicación lógica: Catania, en el gobierno del Jaque, sólo es el portador de la “firma”, pero las decisiones vinculadas con la elección de medios y desembolsos de dinero no pasan por él, sino que es una tarea que lleva a cabo el jefe de asesores de Gobernación, Raúl “Perruco” Leiva.
B) Monto invertido, discriminando los diferentes ítems que lo componen, detalle de tarifas y descuentos obtenidos.
C) Ubicación geográfica y área de cobertura o tiraje, según corresponda, del medio en el que se realizó la publicidad.
D) Horario y/o programa en que se pautó la publicidad.
E) Para el caso de que la publicidad no se contrate en forma directa, nombre y domicilio de la agencia o agente de publicidad por cuyo intermedio se hayan cursado las respectivas órdenes de emisión, publicación, etcétera.
F) Producto o tema central del mensaje publicitario difundido.
G) Razones que hayan justificado la selección de ese medio y/o programa, con exclusión de otros.
H) Copia de la resolución por la que se autorizó el gasto respectivo.
“De Diputados no nos llegó nada. De Senadores enviaron una carpeta llena de papeles, y todo desprolijo. Pero la información concreta que establece la ley no la mandaron o está incompleta. Acá hay tres problemas: los informes nunca se hicieron, desde la Legislatura nunca los pidieron ni exigieron su presentación, y el fiscal de Estado no quiere enfrentarse con el gobierno; de lo contrario, ya tendría que haber hecho la denuncia penal”, aseguró una fuente de Fiscalía.
La afirmación está sustentada por la ley provincial 4.418, donde están enumeradas las facultades que tiene el fiscal del Estado.
A priori, la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” es el delito que mejor se adapta a esta conducta. Tal como está presentado, se trata de un caso de fácil esclarecimiento. Se citan a las partes involucradas, se les toma declaración y se resuelve en consecuencia, con una compulsa a la Justicia Penal por las irregularidades cometidas.
Sin embargo, por simple que se presente el caso, encierra una complejidad política importante. Quien decida encarar una investigación semejante obligará a éste y a los gobiernos siguientes a blanquear el manejo de la pauta oficial, la segunda “caja” más grande que tiene la política provincial y que se utiliza de manera discriminatoria, discrecional y sin ningún tipo de control, apenas por debajo de los “gastos reservados” del Ministerio de Seguridad.
Se calcula que el año pasado la gestión de Celso Jaque gastó más de 40 millones de pesos en publicidad, aunque al no haber rendición de cuenta, no es posible llevar ese control. Y se estima que para el 2009 está proyectado un gasto que va entre los 60 y los 70 millones de pesos.
“No se trata de investigar sólo a los funcionarios. Acá es otra cosa: el que decida agarrar esa causa, no sólo va contra el poder político, sino también contra los medios. ¿O acaso alguno de los medios más grandes de Mendoza querrá que se sepa cuánta plata les pone el gobierno? Y de ahí, a un jury, hay sólo un paso. Injusto o no, al que lo haga, lo van a destituir”, afirmó un fiscal en una charla bajo un total off the record y por lo tanto su nombre quedará en el anonimato.
“¿Por qué no va a buscar esos datos al Tribunal de Cuentas? Ellos deben tener todo”, fue la excusa se que escuchó en el cuarto piso de Casa de Gobierno cuando se consultó si redactarán y mostrarán los informes, como para desinflar la presión que hoy existe sobre Catania, más allá de que, desde Fiscalía, traten de oxigenar su situación y evitan sacar una resolución al respecto.
Según la reglamentación, es el coordinador de Comunicación Social quien debe dar cumplimiento a la ley 6.496. Por eso, la responsabilidad directa cae sobre Catania. De todos modos, la falta de respuesta de este funcionario ante los pedidos de Fiscalía de Estado tiene una explicación lógica: Catania, en el gobierno del Jaque, sólo es el portador de la “firma”, pero las decisiones vinculadas con la elección de medios y desembolsos de dinero no pasan por él, sino que es una tarea que lleva a cabo el jefe de asesores de Gobernación, Raúl “Perruco” Leiva.