Informe especial: los mendocinos, rehenes de la violencia y los delincuentes

De lo contrario, hay casos que se podrían haber prevenido. Un ejemplo es la violación y asesinato de Lilian Gómez (foto), ocurrido el 13 de enero en un departamento ubicado frente al Parque Central.

El 8 de diciembre del año pasado –poco más de un mes antes del crimen- una joven fue violada en el mismo edificio, y el autor del hecho actuó de la misma manera. A pesar de esta situación, no se realizó una investigación eficiente para dar con el responsable, y mucho menos se llevaron a cabo las tareas básicas de inteligencia para procurar que en ese mismo lugar no volviera a ocurrir algo semejante.

O el abuso sexual que sufrió una ciudadana canadiense en la bodega boutique Domaine du Mont, en Maipú. Falló la pesquisa, pero sobre todo, existió una falencia concreta en la prevención. Desde hacía semanas, en Maipú estaban tras los pasos de la denominada “Banda de los seis”. Así la bautizaron los detectives porque esa era la cantidad de integrantes de la gavilla. Pero lejos de tomar los recaudos del caso para que los golpes no continuaran y la pesquisa siguiera su rumbo, el gobierno intentó silenciar el caso para que no trascendiera en los medios… hasta que el asalto y la violación tomaron estado público.

En poco más de un año de gobierno, nadie quiere asumir que Mendoza se convirtió en uno de los sitios más inseguros del país. Lo marcan las estadísticas –que se mantienen en reserva- y los espacios de los medios de comunicación, los que no están ocupados con publicidad oficial sobre barrios en los que el Ejecutivo dice que bajó el delito, claro. Porque salvo esas caras sonrientes de vecinos que aparecen en las hojas de los diarios, el resto de los mendocinos está preocupado, asustado y ofuscado.

Esta falta de política de seguridad se ve remplazada por dos vertientes: un cóctel compuesto por negación e improvisación, por un lado, y la voluntad de poner la cara y hacer lo que puede, del ministro del área, Carlos Ciurca.

De seguir con este ritmo de crímenes, 2009 pasará a ser un año histórico y batirá el record de homicidios en la provincia, superando el tétrico 2003, cuando, en promedio, hubo una muerte violenta cada dos días. En los primeros 33 días del año actual hubo 23 homicidios.

Lo llamativo es que, oficialmente, de los 20 homicidios que hubo en enero, al Gobierno sólo le interesan tres: Ricardo Bacario (asesinado el 8 de enero en Maipú durante un asalto), Sergio Ruggeri (el 13 de enero en otro robo en Maipú) y el Lilian Gómez (violada y asesinada el 13 de enero en su departamento en Capital). El resto, para las autoridades no fueron grandes hechos delictivos, y los dejan al margen por considerar que fueron “ajustes de cuentas” o crímenes pasionales.

Todos los ajustes de cuenta encierran una crisis social importante. A veces, víctima como victimario suelen pertenecer a bandas de delincuentes que dirimen sus diferencias a los tiros. Alguna deuda impaga, un vuelto que quedó en el camino o algún botín que no fue repartido como debía. Todos los homicidios calificados con ese móvil fueron cometidos con armas de fuego.

El Ministerio de Seguridad confirmó la tendencia que mostró durante el gobierno de Julio Cobos, aunque nunca con tan marcada notoriedad: se convirtió única y exclusivamente en el cuartel general de la Policía de Mendoza. Se cerraron planes de contención social, de asistencia a víctimas y se delegó el poder de áreas sensibles a personal policial. Es decir que, con la presencia de Alejandro Cazabán en el gobierno se llevó adelante la contrarreforma de la reforma que él mismo impulsó en 1998 cuando Arturo Lafalla estaba sentado en el sillón de San Martín.

De hecho, Carlos Ciurca (foto), el ministro, cumple un rol entre institucional y policíaco. Pone la cara cuando la cosa se pone fea, cuando los vecinos hacen piquetes o cuando hay que dar el pésame a los familiares de alguien asesinado. La política de seguridad –en realidad la ausencia de la misma- es manejada subrepticiamente por Cazabán, pero el gobierno no está dispuesto a asumir el costo de tener a su hombre fuerte en un rol que considera sólo político.

A eso hay que agregar un dato esencial: los policías no quieren a Cazabán, y no existe la voluntad política para domar a una tropa desprolija, sin capacidad intelectual ni estructural para afrontar los tiempos que corren y conducida por personajes que hace tiempo olvidaron la vocación y se dedicaron a hacer migas con el poder político de turno para, de ese modo, conseguir ascensos, cuando no "cajas" de distintos negocios.

Como si todo eso fuera poco, ya no hace falta terminar el secundario para calzarse el uniforme. Basta con buscar una rápida salida laboral, para convertirse en policía. El Instituto Universitario de Seguridad cada vez tiene menos de “universitario”, y se convirtió en un curso policial. Pronto estará bajo el ala de la funcionaria más cuestionada que tiene este gobierno: la Directora General de Escuelas, Iris Lima.

No es culpa de Ciurca que esto ocurra. Ni de él ni de su gabinete; están ahí por una decisión política, y es utópico esperar que alguno de ellos confiese “no sé de qué se trata esto” y lleve adelante un renunciamiento histórico. No están en condiciones de planificar y poner en marcha un plan que siente las bases fundamentales para establecer una política de Estado de Seguridad. Y no porque no quieran, sino porque no son especialistas en seguridad. Para hacer un repaso breve, alcanza con mencionar que en los últimos cinco años la provincia fue anfitriona de varios referentes internacionales, y ninguna de esas charlas contó con la presencia de los funcionarios actuales.

La falta de especialistas no hizo más que transformar hechos que podrían haber sido aislados en otro contexto, en la consecuencia inmediata de la falta de planificación estratégica.

El ejemplo claro es el ataque permanente a los turistas o la cantidad de salideras bancarias que se registran por semana. Hace unos meses, el secretario de Turismo Luis Böhm decidió calificar como “mala racha”  los asaltos sufridos por los visitantes. A pesar de los robos, golpes, hurtos y apuñaladas sufridas por turistas, poco se hizo para revertir esta situación. Y el homicidio del neuquino José Luis Béttiga (44), el 2 de febrero en el mirador de Papagayos, confirmó lo que se preveía.

De ese modo, por más que el gobierno decida gastar seis veces más en publicidad del Ministerio de Seguridad que en Inteligencia, en los medios nacionales Mendoza apareció -gratuitamente-  como un sitio peligroso para los paseantes.

Pero no todo es culpa del gobierno. En todo caso, se puede acusar a esta gestión de ausencia de liderazgo y de carecer de la sensibilidad necesaria para medir la temperatura social. En un segundo plano –aunque no con menos responsabilidades- está la oposición.

Nadie en la Legislatura provincial supo calzarse el traje de voz cantante que dejó colgado Daniel Cassia cuando, luego de las elecciones de octubre de 2007 pasó a ser parte del oficialismo.

No existe un legislador que se anime a hacer ruido; a romper los esquemas y pronunciar un discurso que vaya más allá de lo políticamente correcto. Sólo se limitan a la ya trillada frase “vamos a hacer un pedido de informes”, que a esta altura es como decir “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”. Y todo queda en la nada. Se animaron a decir que en Mendoza se registraban 100 robos por día, aunque nunca profundizaron el dato.

Lista de irregularidades que los legisladores de la oposición –ya no se puede esperar un gesto del oficialismo- dejaron pasar: en el presupuesto provincial de Seguridad hay más dinero para publicidad que para Inteligencia y para capacitación de personal policial; Inteligencia está manejada por un policía (el comisario Darío Irrutia está a cargo), pocos saben cómo se manejan los datos delictivos en la provincia, el funcionamiento del sistema de comunicación Tetra tiene más complicaciones que aciertos y, para terminar de dibujar este panorama lúgubre, se aprobó una prórroga para el uso de la Ley de Emergencia de Seguridad, cuando la rendición de cuenta de los gastos hechos en base a esa norma nunca fue clara y cuando se demostró que su aplicación no contribuyó en la nada a bajar la inseguridad en la provincia.

Ahora bien, si el Poder Ejecutivo y el Legislativo colaboraron para que Mendoza sea el lugar perfecto para escribir crónicas rojas, ¿qué culpa cabe también al Poder Judicial?

El artilugio de Jaque y gente de responsabilizar a la Justicia por todo lo que pasa es tan falaz como la excusa que ponen los policías que dicen que llegan siempre tarde porque los móviles no tienen nafta. Mentira.

Daniel Carniello, Luis Correa Llano (foto) y Eduardo Martearena. Los tres fiscales de Delitos Complejos están varios escalones por encima de sus pares y se destacan cuando la investigación tiene que ver con un policial clásico e intentan sobresalir cuando se trata de casos de corrupción, aunque no siempre lo logran. Del resto, sólo zafan algunos fiscales de departamentos y los demás dejan mucho que desear. Dentro del staff de fiscales y jueces hay quienes, mimetizados con el gobierno, no leen la realidad y sucumben ante las maniobras de un elenco estable de abogados defensores, quienes, curiosamente, no son aquellos ligados con los movimientos de Derechos Humanos. Sucede que los primeros son especialistas en embarrar la cancha, hacer jugarretas legales, llegar a oscuros acuerdos con delincuentes y así conseguir la libertad de sus clientes. Los segundos se hicieron conocidos por intentar defender las garantías constitucionales a través de los medios de comunicación, y eso les dio mala fama.

Hasta aquí, los 25 párrafos anteriores parecen limitar el problema de la inseguridad a una cuestión de corte policial-legislativo-judicial. ¿Por qué no hay contexto social? Precisamente, porque ese es el aspecto menos trabajado por el gobierno y donde más hincapié debería haber hecho. Es curioso, porque en esa cartera, Jaque cuenta con una técnica: Silvia Ruggeri (foto).

Cuando el malargüino asumió y anunció cómo estaría conformado su gabinete armado casi sobre la hora de comenzar el mandato, la maipucina aparecía como uno de los pocos pesos pesados entre los ministros, por capacidad y por trayectoria.

Algo ocurrió en el medio. El deterioro social de la provincia está llegando a muestras alarmantes. Como nunca, es normal encontrar niños drogándose con bolsas con pegamento en el microcentro, dando muestra de un abandono total y absoluta por parte de los aparatos de contención. Con un Estado ausente de esa manera, no hay chance alguna de darle forma a una política criminal seria. Y por eso, justamente, del “chiste” electoral del mapa del delito de Jaque, Mendoza convirtió su geografía en el mapa del miedo.