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Notas
"Por la continuidad del desarme"
El 11 de diciembre estaba previsto que finalizada el Plan de Recolección de Armas y Municiones en la Argentina, al vencerse los plazos legales de funcionamiento. Pero todo indica que continuará el año próximo.
La presión de las organizaciones de la sociedad civil que componen la Red Argentina para el Desarme, que reclamaron activamente la continuidad del programa, llevó a las autoridades del país a pedirle al Congreso una prórroga de los tiempos establecidos por ley.
Con las firmas del jefe de Gabinete, Sergio Massa, y del ministro de de Justicia, Aníbal Fernández, ingresó al Congreso un proyecto oficial que dispone la prórroga por un año más del plazo de vigencia del Programa creado por ley 26.216, y que ya fuera prorrogado por decreto 560 del 3 de abril de este año.
Carola Concaro, integrante del Instituto de Estudios Penales y Sociales (Inecip) y de la Red Argentina para el Desarme, expresó que “entendemos que el Plan de Desarme es una política de fondo, que nunca puede ser entendida como un medio sino como un fin y esto porque viene a discutir con la misma idea autoritaria que supone a la violencia como medio eficaz de resolución de conflictos”.
Por ello, Concaro consideró que “sacar de circulante armas, indiscutiblemente es un medio para reducir daños evitables, pero en tanto toma de decisión es mucho más, la sociedad ha respondido fortaleciendo un compromiso social que apuesta a un modelo de resolución diferente”.
Precisamente en esto último pusieron énfasis tanto el Gobierno como las ONG: la buena respuesta de la gente. En el texto que la Presidencia de la República remitió al Congreso puede leerse, como fundamentación del pedido de continuidad del Plan, “la respuesta de la sociedad civil a la iniciativa ha sido sumamente satisfactoria, obteniéndose óptimos resultados que ameritan su continuidad”.
Si evaluamos con 349 días hábiles que lleva funcionando el plan nacido con el antecedente del canje de Armas de Mendoza del año 2000, se recibieron 102.314 armas y aproximadamente 721 mil municiones en las delegaciones del Registro Nacional de Armas, puestos móviles habilitados y en las asociaciones de Tiro de Núñez, Quilmes y Lomas de Zamora.
Pero, además, es el propio gobierno quien se manifiesta con optimismo y no sólo lar organizaciones que vienen insistiendo en transformar a lo que hoy es un “plan” en una “política de Estado” y, por lo tanto, esperan garantizar así la extensión a lo largo del tiempo.
Concaro dijo, al respecto, que “trabajar sobre esta apuesta implica trabajar en una política de Estado que permita de manera continua garantizar el medio para discutir la base conflictiva de cualquier sociedad, sus métodos para abordar la violencia en democracia y el consenso de no admitirla como medio de respuesta, en definitiva, volver a hablar sobre la misma idea constitutiva de unión y crecimiento de un pueblo”.
Por su parte, la voz del Gobierno en la materia, a cargo del director del Registro Nacional de Armas (Renar) Andrés Meiszner, evaluó que, con la vigencia del Plan, “se ha sacado de circulación cerca del 10 por ciento del total del armamento legal en la Argentina”.
El funcionario realizó una primera evaluación de qué tipo de armas se han recibido: "De todo lo que se entregó, la mitad de las armas estaban registradas y la otra mitad no", reconoció Meiszner al hablar sobre el tema con la prensa. En los primeros 11 meses del Plan se destruyeron 52.862 armas, lo que da un promedio de 172 armas por día, según información oficial.
El programa consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, a cambio de un incentivo dinerario, con la finalidad de “propender a la disminución de su uso y proliferación, la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas, la sensibilización acerca de sus riesgos y la promoción de una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego”.
La gente puede acercar sus armas a las delegaciones provinciales del Registro Nacional de Armas. Los valores que paga el Estado por cada arma entregada en las oficinas destinadas a tal efecto oscila entre los $100 (unos 30 dólares) para las de calibre chico como revólveres, pistolas y carabinas 22, hasta los $450 para pistolas del tipo 357, o rifles calibre 7.62. En tanto, se pagan $0,05 por cada munición de calibre 22 y $0,10 por el resto de los calibres.
Existen límites para el canje, que se extiende hasta 10 armas y hasta las 1.000 municiones por persona. El pago del incentivo se efectúa a través de la entrega de cheques del Banco de la Nación Argentina al portador, sin indicación del beneficiario y con leyenda preimpresa “ley 26.216”. El pago en ventanilla podrá ser efectuado en cualquiera de las sucursales de esa entidad bancaria oficial, y no se requiere identificación de la persona que se presente para el cobro.
La entrega voluntaria de armas de fuego y municiones es anónima, y no conlleva ninguna consecuencia legal para las personas que efectúen la entrega, sea usuarios legítimos o no y sus armas estuvieren registradas o no.
Mientras tanto, las entidades que conforman la Red Argentina para el Desarme (Inecip, APP, Fundación Lebensohn, Espacios, La Comuna, La Casa del Sur) monitorean su funcionamiento y trabajan activamente junto a la prensa para promover el éxito del Plan.
Piden ampliar los alcances del plan
La Red Argentina para el Desarme dio a conocer un documento en el que llaman a “mantener la lucha por la promoción de una sociedad capaz de mediar sus problemas con racionalidad y respeto por los derechos humanos y, en ese marco, trabajar por la concreción de una política de Estado que aborde el problema de la violencia desde la complejidad, requiere, fundamentalmente, exigir respuestas para salir de la coyuntura, lo mediático e inmediato”.
De esta manera, las organizaciones aspiran a darle más vida a un programa que se centró en la recolección de armas y municiones, pero buscando que las autoridades amplíen el horizonte de medidas posibles.
Por ello, como paso siguiente a la ley que permitió realizar el programa de entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, las ONG creen que hay que avanzar en los siguientes puntos:
1. La pronta aprobación de la prórroga del Plan de Desarme por el Congreso en sesiones ordinarias.
La presión de las organizaciones de la sociedad civil que componen la Red Argentina para el Desarme, que reclamaron activamente la continuidad del programa, llevó a las autoridades del país a pedirle al Congreso una prórroga de los tiempos establecidos por ley.
Con las firmas del jefe de Gabinete, Sergio Massa, y del ministro de de Justicia, Aníbal Fernández, ingresó al Congreso un proyecto oficial que dispone la prórroga por un año más del plazo de vigencia del Programa creado por ley 26.216, y que ya fuera prorrogado por decreto 560 del 3 de abril de este año.
Carola Concaro, integrante del Instituto de Estudios Penales y Sociales (Inecip) y de la Red Argentina para el Desarme, expresó que “entendemos que el Plan de Desarme es una política de fondo, que nunca puede ser entendida como un medio sino como un fin y esto porque viene a discutir con la misma idea autoritaria que supone a la violencia como medio eficaz de resolución de conflictos”.
Por ello, Concaro consideró que “sacar de circulante armas, indiscutiblemente es un medio para reducir daños evitables, pero en tanto toma de decisión es mucho más, la sociedad ha respondido fortaleciendo un compromiso social que apuesta a un modelo de resolución diferente”.
Precisamente en esto último pusieron énfasis tanto el Gobierno como las ONG: la buena respuesta de la gente. En el texto que la Presidencia de la República remitió al Congreso puede leerse, como fundamentación del pedido de continuidad del Plan, “la respuesta de la sociedad civil a la iniciativa ha sido sumamente satisfactoria, obteniéndose óptimos resultados que ameritan su continuidad”.
Si evaluamos con 349 días hábiles que lleva funcionando el plan nacido con el antecedente del canje de Armas de Mendoza del año 2000, se recibieron 102.314 armas y aproximadamente 721 mil municiones en las delegaciones del Registro Nacional de Armas, puestos móviles habilitados y en las asociaciones de Tiro de Núñez, Quilmes y Lomas de Zamora.
Pero, además, es el propio gobierno quien se manifiesta con optimismo y no sólo lar organizaciones que vienen insistiendo en transformar a lo que hoy es un “plan” en una “política de Estado” y, por lo tanto, esperan garantizar así la extensión a lo largo del tiempo.
Concaro dijo, al respecto, que “trabajar sobre esta apuesta implica trabajar en una política de Estado que permita de manera continua garantizar el medio para discutir la base conflictiva de cualquier sociedad, sus métodos para abordar la violencia en democracia y el consenso de no admitirla como medio de respuesta, en definitiva, volver a hablar sobre la misma idea constitutiva de unión y crecimiento de un pueblo”.
Por su parte, la voz del Gobierno en la materia, a cargo del director del Registro Nacional de Armas (Renar) Andrés Meiszner, evaluó que, con la vigencia del Plan, “se ha sacado de circulación cerca del 10 por ciento del total del armamento legal en la Argentina”.
El funcionario realizó una primera evaluación de qué tipo de armas se han recibido: "De todo lo que se entregó, la mitad de las armas estaban registradas y la otra mitad no", reconoció Meiszner al hablar sobre el tema con la prensa. En los primeros 11 meses del Plan se destruyeron 52.862 armas, lo que da un promedio de 172 armas por día, según información oficial.
El programa consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, a cambio de un incentivo dinerario, con la finalidad de “propender a la disminución de su uso y proliferación, la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas, la sensibilización acerca de sus riesgos y la promoción de una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego”.
La gente puede acercar sus armas a las delegaciones provinciales del Registro Nacional de Armas. Los valores que paga el Estado por cada arma entregada en las oficinas destinadas a tal efecto oscila entre los $100 (unos 30 dólares) para las de calibre chico como revólveres, pistolas y carabinas 22, hasta los $450 para pistolas del tipo 357, o rifles calibre 7.62. En tanto, se pagan $0,05 por cada munición de calibre 22 y $0,10 por el resto de los calibres.
Existen límites para el canje, que se extiende hasta 10 armas y hasta las 1.000 municiones por persona. El pago del incentivo se efectúa a través de la entrega de cheques del Banco de la Nación Argentina al portador, sin indicación del beneficiario y con leyenda preimpresa “ley 26.216”. El pago en ventanilla podrá ser efectuado en cualquiera de las sucursales de esa entidad bancaria oficial, y no se requiere identificación de la persona que se presente para el cobro.
La entrega voluntaria de armas de fuego y municiones es anónima, y no conlleva ninguna consecuencia legal para las personas que efectúen la entrega, sea usuarios legítimos o no y sus armas estuvieren registradas o no.
Mientras tanto, las entidades que conforman la Red Argentina para el Desarme (Inecip, APP, Fundación Lebensohn, Espacios, La Comuna, La Casa del Sur) monitorean su funcionamiento y trabajan activamente junto a la prensa para promover el éxito del Plan.
Piden ampliar los alcances del plan
La Red Argentina para el Desarme dio a conocer un documento en el que llaman a “mantener la lucha por la promoción de una sociedad capaz de mediar sus problemas con racionalidad y respeto por los derechos humanos y, en ese marco, trabajar por la concreción de una política de Estado que aborde el problema de la violencia desde la complejidad, requiere, fundamentalmente, exigir respuestas para salir de la coyuntura, lo mediático e inmediato”.
De esta manera, las organizaciones aspiran a darle más vida a un programa que se centró en la recolección de armas y municiones, pero buscando que las autoridades amplíen el horizonte de medidas posibles.
Por ello, como paso siguiente a la ley que permitió realizar el programa de entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, las ONG creen que hay que avanzar en los siguientes puntos:
1. La pronta aprobación de la prórroga del Plan de Desarme por el Congreso en sesiones ordinarias.
2. Un mayor compromiso del Estado en la tarea de sensibilización y promoción de una cultura de paz.
3. Una nueva Ley de Armas que tenga como objeto establecer un régimen jurídico tendiente a evitar la innecesaria proliferación y el mal uso de armas de fuego.
4. A los efectos de adecuar el funcionamiento del RENAR a lo que se espera del organismo, consideramos imprescindible que se produzca un cambio en su sistema de financiamiento para dotarlo de autarquía, con control externo, de forma tal que las actividades y erogaciones derivadas de la función de control que debe realizar el RENAR dependan exclusivamente del presupuesto público.
5. La promoción de requisitos psicológicos mínimos y estandarizados, sobre la base de un protocolo científico elaborado por profesionales idóneos para garantizar el efectivo otorgamiento de permisos de carácter excepcional, sujetos a exhaustivos requisitos y férreos controles, sin vulnerar derechos ni libertades individuales y garantes de las condiciones de seguridad pública donde deben quedar enmarcados.
También, manifestaron al gobierno argentino la exigencia de implementación de “una estrategia orientada a la consecución de políticas de Estado en la materia, orientadoras de una gestión integral y una eficiente administración del problema, superando la atención parcializada que históricamente se le ha dado a la problemática de las armas pequeñas e indicativo de un absoluto desgobierno sobre los aspectos centrales del problema (salud, educación, seguridad, justicia, género)”.
Con respecto a las políticas de seguridad pública, la Red Argentina para el Desarme reclamó “una política de persecución penal eficaz y en el marco de criterios racionales de definición de política criminal, lo cual presupone descongestionar el sistema de modo de reorientar los esfuerzos hacia las situaciones que requieren especial avocamiento e investigación”.
5. La promoción de requisitos psicológicos mínimos y estandarizados, sobre la base de un protocolo científico elaborado por profesionales idóneos para garantizar el efectivo otorgamiento de permisos de carácter excepcional, sujetos a exhaustivos requisitos y férreos controles, sin vulnerar derechos ni libertades individuales y garantes de las condiciones de seguridad pública donde deben quedar enmarcados.
También, manifestaron al gobierno argentino la exigencia de implementación de “una estrategia orientada a la consecución de políticas de Estado en la materia, orientadoras de una gestión integral y una eficiente administración del problema, superando la atención parcializada que históricamente se le ha dado a la problemática de las armas pequeñas e indicativo de un absoluto desgobierno sobre los aspectos centrales del problema (salud, educación, seguridad, justicia, género)”.
Con respecto a las políticas de seguridad pública, la Red Argentina para el Desarme reclamó “una política de persecución penal eficaz y en el marco de criterios racionales de definición de política criminal, lo cual presupone descongestionar el sistema de modo de reorientar los esfuerzos hacia las situaciones que requieren especial avocamiento e investigación”.