Notas
Diciembre de 2001: El día que Mendoza se rebeló contra el estado de sitio
El último mes del año 2001 será recordado por la historia por la cantidad de muertos y heridos que dejó la represión a las protestas sociales.
El caos, organizado o espontáneo –aun no se ha saldado el debate en torno al tema- causó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.
Pero en las instancias previas al desenlace político de la crisis, un cúmulo de medidas que iban siendo rectificadas una tras otra por otras no menos efímeras, fue marcando el camino hacia el ocaso violento del fin de año más triste desde que se recuperó la democracia.
Aunque en Mendoza no se registraron muertos ni se desarrollaron las salvajes batallas callejeras que pudieron registrarse en otras ciudades del país, fue protagonista.
La historia dirá que los saqueos que iniciaron en Mendoza, precisamente, en la sucursal del supermercado Atomo ubicado en Avellaneda y Capilla de Nieve, en El Bermejo, Guaymallén.
Tras la primera intentona, una cadena de hechos sacudió al país, movilizó a la policía y, finalmente, generó el drama que todos conocemos: muertos, heridos, marchas y contramarchas y la caída del gobierno.
Un capítulo de esta página histórica para tener en cuenta es cómo vivió y gestionó Mendoza la crisis. Desde lo político y financiero, está claro que mientras gran parte de los gobiernos provinciales fueron sucumbiendo junto con De la Rúa, Mendoza -con un esfuerzo titánico de todos los sectores- logró sostenerse en pie.
La situación de saqueo, si bien parecía haber nacido aquí, adquirió ribetes de inusitada violencia en otras provincias y en especial en Capital Federal.
En nuestra provincia se concretaban movilizaciones, reclamos en la puerta de los supermercados y reclamos en sitios públicos con el foco puesto en las municipalidades.
Pero en el gobierno primaba una consigna: Había que garantizar la paz social. Y así se hizo con la actuación de la policía, pero buscando “no echar más leña al fuego”.
Los sectores sindicales, en tanto, también cumplieron con su cuota de arena sobre el combustible encendido. Protestaron, reclamaron, expresaron su descontento, pero jamás se pasaron de la raya que divide la bronca de la ira sin límites.
El 20 de diciembre, el gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias -que había permanecido en Buenos Aires durante la peor etapa de la crisis- anticipó una postura que generaría un antecedente de gran envergadura para la adultez democrática: “Para Iglesias, la adopción del estado de sitio no era la única opción que podía implementarse tras los últimos sucesos”, anunció la prensa.
El gobernador esbozó públicamente la postura construida desde sus áreas de Seguridad al elogiar el rol contenedor que estaba asumiendo la Policía: señaló que “de ninguna manera” pediría la colaboración de otras fuerzas y afirmó que “la Policía de la provincia hasta ahora ha actuado muy bien sobre todo en la prevención y, cuando las cosas se han salido de madre, ha actuado con firmeza y mucha racionalidad”.
De la Rúa cayó. Su último acto de gobierno fue quitar la vigencia estado de sitio. El 22 de diciembre el presidente interino, Ramón Puerta (PJ), lo reinstauró, quejándose del antecesor por haberlo anulado. Su ministro del Interior, Miguel Ángel Toma, decidió extenderlo a las provincias.
Mendoza decidió no suspender las garantías constitucionales. Gremialistas, vecinos, funcionarios y políticos continuaban disintiendo fuertemente, pero en paz.
“La idea del gobernador, la mía y del resto del gabinete es que sigamos viviendo como todos los días. Los mendocinos también merecen un premio por la paz que han demostrado hasta en sus protestas”, dijo el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Leopoldo Orquín.
Hay normas que quedan escritas y que llevan números. Hay decisiones que tienen mayor peso real e histórico, que marcan rumbos y que sólo quedan en el oído de quienes las reciben como instrucción precisa, como determinación política. Con suerte, algunas quedan en los medios como referencia para consultar, evaluar y repetir, en caso de que la historia las evalúe como apropiadas.
La Mendoza insurgente de 2001 lo hizo en paz, de un lado y del otro. Los sindicalistas acordaron que así fuera. Muchas veces, la sensación fue que no había dos lados en pugna, sino uno solo sumido por la confusión imperante desde el centro político del país.
La paz social como estrategia
En aquel momento de caos, la Policía acató las órdenes de sus jefes civiles, “acompañó” a las marchas, garantizó el derecho de huelga y el de manifestarse contra las autoridades.
Lo hizo si portar armas de fuego, acatando órdenes fundadas en convicciones democráticas y en una nueva relación de confianza que empezaba a afianzarse entre civiles políticos y civiles con armas, desde las reformas de Seguridad iniciadas en 1998. Y no fue un mérito exclusivo –hay que decirlo y reafirmarlo- de quien gobernaba: hubo apoyo político para actuar así.
El gobernador Iglesias se comunicó con el ministro del Interior Miguel Angel Toma. Mendoza rechazó el estado de sitio: “No se dan las condiciones de violencia y caos social que se presentan en otros lugares”, se afirmó desde el Ministerio de Justicia y Seguridad local.
La decisión era inédita pero estaba tomada. Era más una medida política que una norma. Más aún: una señal hacia todos los sectores. “No estuvimos de acuerdo ni siquiera cuando lo instauró Fernando De la Rúa”, se dijo.
“El Ministerio de Justicia y Seguridad -expresó la declaración formulada a la prensa- garantiza la seguridad y no va a permitir que se produzcan saqueos y robos. No obstante -agregó- cuando haya que reprimir vamos a reprimir, pero siempre dentro del respeto por las garantías constitucionales”.
La evaluación que permitió avanzar en este sentido fue contundente y ejemplar: “Aquí se trabajó muy bien con los municipios, las ONG y los planes sociales y la policía no necesitó reprimir. Por eso no estamos de acuerdo con el estado de sitio, que es algo exagerado, más propio de los gobiernos militares”.
La decisión de Mendoza, en caso de que el gobierno nacional obligara a acatar la medida, también fue comunicada. En ese caso, se dijo: “Lo vamos a reducir a la mínima expresión. Es decir, garantizar lo que la Constitución garantiza: trabajar, festejar, que los artistas trabajen y convoquen público; que la gente pueda reunirse con tranquilidad y que los gremialistas puedan protestar dónde y cuándo quieran”.
Hasta aquí, un testimonio. Pero podrían contarse por miles y con facetas diferentes y hasta contrapuestas: gente que perdió a un ser querido, que se quedó en la calle, que participó de los saqueos o que los sufrió.
Algunos años después se dijo que “los militares estaban preparando la toma del poder” frente a la anarquía reinante en Buenos Aires por aquellos días.
Hoy, recordamos algo importante: por lo menos en Mendoza no primó la intolerancia. Con sus dificultades, la democracia sigue vigente. Y la violencia, ya lo sabemos, no es la salida para ninguna crisis.