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Notas
Cómo ven y cómo piensan la seguridad los abogados de Derechos Humanos
La Asociación Xumek, integrada por Diego Lavado, Pablo Salinas y Alfredo Guevara, entre otros, presentó su informe 2008. Allí hacen autocrítica por su participación en el gobierno de Jaque y analizan desde su óptica, la situación carcelaria, la violencia policial y el combate contra el delito.
Habitualmente, la provincia de Mendoza aparece vinculada con situaciones polémicas en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. La situación carcelaria, o el reciente pedido de juicio político de la Cámara Federal de Apelaciones por su actuación en causas de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura, son sólo algunos casos que merecen atención y análisis.
Esta semana, Xumek, una asociación civil fundada en 2006 para la protección y promoción de los derechos humanos de la provincia, dio a conocer su informe 2008 titulado Situación de los Derechos Humanos en Mendoza, cuya particularidad principal reside en que su redacción –como miembros de la entidad- estuvo a cargo de los ex funcionarios provinciales Diego Lavado, Alfredo Guevara, Pablo Salinas y Mariana Hellin, entre otros.
El texto, resulta ser un completo panorama de la visión que un grupo de abogados tiene de las situaciones cotidianas y problemáticas que enfrenta la provincia, y cuya óptica divide aguas rotundamente.
Jaquistas arrepentidos
Los abogados, cuya relación con el gobierno local entró en crisis tras el Pacto de Seguridad, hacen su autocrítica del proceso que les tocó caminar junto al oficialismo, y justifican que lo hicieron con la “idea de contribuir al cambio de los escenarios pasados” y para “promover la idea de los derechos humanos y democracia”. Sin embargo, agregan “no fue fácil la convivencia y eso se demostró con la designación como ministro de Seguridad del demócrata Juan Carlos Aguinaga y a su vez con la inserción del ex comisario Carlos Rico…”.
Aseguran que tras el “giro copernicano” que supuso el endurecimiento de las posturas oficiales que derivaron en los anuncios del Pacto y pese a su participación en espacios protagónicos, la realidad de los derechos humanos en Mendoza es “crítica”; y achacan esa situación a “un gobierno que avanza sobre esos derechos amparados en una lectura simplista y electoralista, pero que causa efectos en la población, en especial en los marginados y excluidos”, dice de manera contundente.
Los miembros de Xumek consideran que este fue el punto de inflexión en las políticas de seguridad, cuando el gobernador, acorralado por su famosa promesa y algunos hechos policiales impactantes, enfrentó a la opinión pública definiendo que su gestión iba a ser de “'guerra contra el delito’ o contra los ‘delincuentes’ a quienes calificó de ‘enemigos de la sociedad’”. Una terminología militar que nada convence a los organismos.
El duro documento agrega además que la provincia “carece de una política integral de seguridad, de seguridad vial, penitenciaria, niñez y medioambiente, y sólo existen reacciones espasmódicas a esos temas esenciales”. No conforme, estima que “las violaciones a los derechos humanos no han disminuido” y que en un marco más general, “las medidas adoptadas por el gobierno de Jaque sólo están beneficiando a los sectores de poder económico, de alta concentración…”.
El paquete “mano dura”
El texto, compuesto de 69 páginas divididas en nueve capítulos, hace hincapié en la restricción a los derechos, puntualmente para alertar lo que los autores entienden como un paquete de endurecimiento de las condiciones generales: ley de excarcelaciones y los proyectos de modificación del Código de Faltas y de las leyes de allanamientos.
Resaltan que en el caso de las excarcelaciones, es “violatoria del principal derecho que le asiste a las personas mientras no exista sentencia condenatoria” y que es además “uno de los principales logros del Estado de Derecho democrático: el principio de inocencia”. Asimismo, advierte que los avances de esta ley “puede provocar inminentes sanciones internacionales, más específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Una cita siempre incómoda para la provincia.
También aquí se incluye la sanción de la ley que habilita la creación de una “policía secreta”, que tal como publicó MDZ en su momento, está compuesto por “30 vehículos no identificables, que se encargarán de controlar infracciones de tránsito”, y que a consideración de expertos internacionales consultados por este diario, coincidieron en rotularla con calificativos que también hace suyo el documento: irracional, disparatada, inútil y peligrosa. Pero que sin embargo, superó todos los filtros legislativos, tuvo el aval de todos los bloques y fue promulgada por el gobernador.
Asimismo, y ya en clave netamente política, se agrega en este apartado diversas acciones suscitadas en el ámbito de la Municipalidad de la Capital, tales como la “exclusión de diversos colectivos de los espacios públicos " (artesanos, ambulantes) y la iniciativa del “protestódromo”, entre otros.
La cárcel, esa eterna vergüenza
La situación carcelaria además de ser un clásico, merece un capítulo especial. Allí se detallan las acciones interpuestas históricamente, incluso en ámbitos internacionales, mencionando también los avances producidos. Más allá de eso, los responsables del informe concluyen que continúa “siendo precaria debido a las falencias estructurales que afectan al sistema, en especial la escasez de personal penitenciario y el gran deterioro edilicio que afecta a las instalaciones de Boulogne Sur Mer”.
Con un marcado desborde de la población penal, muy por encima de la capacidad de alojamiento de los establecimientos (salvo en el caso de Almafuerte) “la situación que se vive en el interior de las penitenciarías de Mendoza es sumamente inestable”, dicen los firmantes que en algunos casos y hasta hace algunos meses fueron responsables de esa "inestabilidad".
El informe también marca otros factores que contribuyen a empeorar las cosas, tales como: “demoras en nuevo equipamiento y medidas para la protección de internos y personal penitenciario”, “falencias en la incorporación y capacitación de personal penitenciario”, “indefensión de los internos”, “retardo en la finalización de obras”, “encierros prolongados y falta de atención médica”, entre otros que derivaron que se prolongaran las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una reciente audiencia realizada en México de la que participaron también los actuales funcionarios provinciales que -casualmente- sucedieron a los denunciantes en estas áreas.
Gatillo fácil, minoridad, floggers, emos y cumbieros
La denominada “violencia policial” es otro tópico recurrente de los organismos de Derechos Humanos, que en este documento muestra su preocupación por “allanamientos y detenciones arbitrarias” en Mendoza, haciendo referencia a las 40 mil personas demoradas en distintos operativos según ha difundido el propio gobierno en sus spots propagandísticos de televisión.
En él se incluyen además, los casos Chandía, Oros, Morán y Reyes donde “podemos advertir la impunidad en el accionar de las fuerzas policiales, los cuales no cumplen ni han cumplido debidamente con las garantías y derechos mínimos de todas las personas, sin discriminación por razones de sexo, religión, posición social, etcétera”. Una situación que vinculan a la “falta de instrucción y educación” en Derechos Humanos de las fuerzas policiales.
Capítulo aparte merece la situación de la niñez y adolescencia en la provincia. Pese a la legislación nacional, se denuncia que “en la provincia de Mendoza se han producido repetidos casos de privaciones de libertad como solución a los problemas de pobreza o cuando jóvenes ininputables son acusados de haber cometido un delito”, aseguran.
Para los especialistas “se desconoce la Convención de los Derechos del Niño y con la sola denuncia se procede a detener y a enviar a los niños y adolescentes a la Comisaría del Menor y en muchos casos son esposados, privados de libertad, sometidos a pericias de todo tipo y luego liberados”.
Se considera también que, en términos generales, “los jóvenes son una ‘amenaza’ para la sociedad, a tal punto que en octubre de este año se produjo una represión policial con varias detenciones en la Peatonal Sarmiento cuando unos 300 jóvenes identificados como ‘floggers’, ‘emos’ y ‘cumbieros’ se encontraban en el lugar”. La conclusión es que “a pesar de la vigencia de la ley 26.061 –Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes- no se desarrollan políticas públicas que permitan satisfacer los derechos de los niños y adolescentes de nuestra provincia”.
Justicia federal, ética pública y minería en la mira
El voluminoso trabajo también se hace eco de una descripción de los juicios a represores como partícipes de acciones de terrorismo de Estado, que derivaron hace días en el pedido de juicio político a una sala de Cámara Federal mendocina (Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández) a quienes se denuncia “por cuanto desconocen de manera inexcusable el derecho aplicable a los crímenes contra humanidad que se juzgan en tribunales federales de nuestro país y otorgan libertad a quienes fueron procesados en estas causas a pesar de existir pruebas contundentes respecto de su participación criminal”. Una fuerte aseveración que parece haber quedado demostrada al aceptarse el pedido de autorización para vacacionar del represor Eduardo Smaha Borzuk.
La ética pública también es otro ítem del que se ocupa el informe. Allí se menciona de manera crítica la participación en un gobierno democrático del comisario Carlos Rico, diversas situaciones que involucran al intendente Víctor Fayad y a su antecesor Eduardo Cichitti, aunque nada se dice del uso del auto oficial para asuntos particulares de la directora general de Escuelas, Iris Lima, o del título trucho del subsecretario de Hidrocarburos Osvaldo Musso, o del efecto disciplinador con el que se maneja la publicidad oficial en el gobierno de Jaque.
Los derechos de las mujeres, a su vez, han sido comprendidos en ítems como “violencia hacia la mujer en el ámbito de la familia” (que sólo en el primer semestre se incrementó en un “26%”), “abuso sexual”, “aborto” (con todos los casos polémicos de los últimos años que involucran a menores y discapacitadas), y los “derechos sexuales y reproductivos” que también merecen consideración. Al igual que aquellos considerados como “desafíos de la sociedad mendocina frente a la problemática ambiental”.
En este último capítulo, se introduce la nueva problemática que plantea la minería, destacándose que Xumek posee “una grave preocupación por las nocivas consecuencias que estos emprendimientos (río Tinto, San Jorge) pueden generar en el medioambiente (entre los que se encuentran la contaminación irreversible de las aguas, los perjuicios en relación a los cultivos frutihortícolas, la propagación de enfermedades como cáncer, enfermedades respiratorias, dermatológicas, malformaciones congénitas, etcétera) y además plantea una reconsideración crítica del modelo de explotación de los recursos naturales en el que se diseña la actividad minera”.
En ese contexto se señala la necesidad de contar con una ley de uso de uso de suelo y ordenamiento territorial, rescatando el trabajo liderado por la Universidad Nacional de Cuyo, que pueda “evitar desequilibrios que afecten al medioambiente, poder preservarlo y asegurar el crecimiento equilibrado de las distintas regiones de la provincia”.
Aseguran que tras el “giro copernicano” que supuso el endurecimiento de las posturas oficiales que derivaron en los anuncios del Pacto y pese a su participación en espacios protagónicos, la realidad de los derechos humanos en Mendoza es “crítica”; y achacan esa situación a “un gobierno que avanza sobre esos derechos amparados en una lectura simplista y electoralista, pero que causa efectos en la población, en especial en los marginados y excluidos”, dice de manera contundente.
Los miembros de Xumek consideran que este fue el punto de inflexión en las políticas de seguridad, cuando el gobernador, acorralado por su famosa promesa y algunos hechos policiales impactantes, enfrentó a la opinión pública definiendo que su gestión iba a ser de “'guerra contra el delito’ o contra los ‘delincuentes’ a quienes calificó de ‘enemigos de la sociedad’”. Una terminología militar que nada convence a los organismos.
El duro documento agrega además que la provincia “carece de una política integral de seguridad, de seguridad vial, penitenciaria, niñez y medioambiente, y sólo existen reacciones espasmódicas a esos temas esenciales”. No conforme, estima que “las violaciones a los derechos humanos no han disminuido” y que en un marco más general, “las medidas adoptadas por el gobierno de Jaque sólo están beneficiando a los sectores de poder económico, de alta concentración…”.
El paquete “mano dura”
El texto, compuesto de 69 páginas divididas en nueve capítulos, hace hincapié en la restricción a los derechos, puntualmente para alertar lo que los autores entienden como un paquete de endurecimiento de las condiciones generales: ley de excarcelaciones y los proyectos de modificación del Código de Faltas y de las leyes de allanamientos.
Resaltan que en el caso de las excarcelaciones, es “violatoria del principal derecho que le asiste a las personas mientras no exista sentencia condenatoria” y que es además “uno de los principales logros del Estado de Derecho democrático: el principio de inocencia”. Asimismo, advierte que los avances de esta ley “puede provocar inminentes sanciones internacionales, más específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Una cita siempre incómoda para la provincia.
También aquí se incluye la sanción de la ley que habilita la creación de una “policía secreta”, que tal como publicó MDZ en su momento, está compuesto por “30 vehículos no identificables, que se encargarán de controlar infracciones de tránsito”, y que a consideración de expertos internacionales consultados por este diario, coincidieron en rotularla con calificativos que también hace suyo el documento: irracional, disparatada, inútil y peligrosa. Pero que sin embargo, superó todos los filtros legislativos, tuvo el aval de todos los bloques y fue promulgada por el gobernador.
Asimismo, y ya en clave netamente política, se agrega en este apartado diversas acciones suscitadas en el ámbito de la Municipalidad de la Capital, tales como la “exclusión de diversos colectivos de los espacios públicos " (artesanos, ambulantes) y la iniciativa del “protestódromo”, entre otros.
La cárcel, esa eterna vergüenza
La situación carcelaria además de ser un clásico, merece un capítulo especial. Allí se detallan las acciones interpuestas históricamente, incluso en ámbitos internacionales, mencionando también los avances producidos. Más allá de eso, los responsables del informe concluyen que continúa “siendo precaria debido a las falencias estructurales que afectan al sistema, en especial la escasez de personal penitenciario y el gran deterioro edilicio que afecta a las instalaciones de Boulogne Sur Mer”.
Con un marcado desborde de la población penal, muy por encima de la capacidad de alojamiento de los establecimientos (salvo en el caso de Almafuerte) “la situación que se vive en el interior de las penitenciarías de Mendoza es sumamente inestable”, dicen los firmantes que en algunos casos y hasta hace algunos meses fueron responsables de esa "inestabilidad".
El informe también marca otros factores que contribuyen a empeorar las cosas, tales como: “demoras en nuevo equipamiento y medidas para la protección de internos y personal penitenciario”, “falencias en la incorporación y capacitación de personal penitenciario”, “indefensión de los internos”, “retardo en la finalización de obras”, “encierros prolongados y falta de atención médica”, entre otros que derivaron que se prolongaran las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una reciente audiencia realizada en México de la que participaron también los actuales funcionarios provinciales que -casualmente- sucedieron a los denunciantes en estas áreas.
Gatillo fácil, minoridad, floggers, emos y cumbieros
La denominada “violencia policial” es otro tópico recurrente de los organismos de Derechos Humanos, que en este documento muestra su preocupación por “allanamientos y detenciones arbitrarias” en Mendoza, haciendo referencia a las 40 mil personas demoradas en distintos operativos según ha difundido el propio gobierno en sus spots propagandísticos de televisión.
En él se incluyen además, los casos Chandía, Oros, Morán y Reyes donde “podemos advertir la impunidad en el accionar de las fuerzas policiales, los cuales no cumplen ni han cumplido debidamente con las garantías y derechos mínimos de todas las personas, sin discriminación por razones de sexo, religión, posición social, etcétera”. Una situación que vinculan a la “falta de instrucción y educación” en Derechos Humanos de las fuerzas policiales.
Capítulo aparte merece la situación de la niñez y adolescencia en la provincia. Pese a la legislación nacional, se denuncia que “en la provincia de Mendoza se han producido repetidos casos de privaciones de libertad como solución a los problemas de pobreza o cuando jóvenes ininputables son acusados de haber cometido un delito”, aseguran.
Para los especialistas “se desconoce la Convención de los Derechos del Niño y con la sola denuncia se procede a detener y a enviar a los niños y adolescentes a la Comisaría del Menor y en muchos casos son esposados, privados de libertad, sometidos a pericias de todo tipo y luego liberados”.
Se considera también que, en términos generales, “los jóvenes son una ‘amenaza’ para la sociedad, a tal punto que en octubre de este año se produjo una represión policial con varias detenciones en la Peatonal Sarmiento cuando unos 300 jóvenes identificados como ‘floggers’, ‘emos’ y ‘cumbieros’ se encontraban en el lugar”. La conclusión es que “a pesar de la vigencia de la ley 26.061 –Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes- no se desarrollan políticas públicas que permitan satisfacer los derechos de los niños y adolescentes de nuestra provincia”.
Justicia federal, ética pública y minería en la mira
El voluminoso trabajo también se hace eco de una descripción de los juicios a represores como partícipes de acciones de terrorismo de Estado, que derivaron hace días en el pedido de juicio político a una sala de Cámara Federal mendocina (Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández) a quienes se denuncia “por cuanto desconocen de manera inexcusable el derecho aplicable a los crímenes contra humanidad que se juzgan en tribunales federales de nuestro país y otorgan libertad a quienes fueron procesados en estas causas a pesar de existir pruebas contundentes respecto de su participación criminal”. Una fuerte aseveración que parece haber quedado demostrada al aceptarse el pedido de autorización para vacacionar del represor Eduardo Smaha Borzuk.
La ética pública también es otro ítem del que se ocupa el informe. Allí se menciona de manera crítica la participación en un gobierno democrático del comisario Carlos Rico, diversas situaciones que involucran al intendente Víctor Fayad y a su antecesor Eduardo Cichitti, aunque nada se dice del uso del auto oficial para asuntos particulares de la directora general de Escuelas, Iris Lima, o del título trucho del subsecretario de Hidrocarburos Osvaldo Musso, o del efecto disciplinador con el que se maneja la publicidad oficial en el gobierno de Jaque.
Los derechos de las mujeres, a su vez, han sido comprendidos en ítems como “violencia hacia la mujer en el ámbito de la familia” (que sólo en el primer semestre se incrementó en un “26%”), “abuso sexual”, “aborto” (con todos los casos polémicos de los últimos años que involucran a menores y discapacitadas), y los “derechos sexuales y reproductivos” que también merecen consideración. Al igual que aquellos considerados como “desafíos de la sociedad mendocina frente a la problemática ambiental”.
En este último capítulo, se introduce la nueva problemática que plantea la minería, destacándose que Xumek posee “una grave preocupación por las nocivas consecuencias que estos emprendimientos (río Tinto, San Jorge) pueden generar en el medioambiente (entre los que se encuentran la contaminación irreversible de las aguas, los perjuicios en relación a los cultivos frutihortícolas, la propagación de enfermedades como cáncer, enfermedades respiratorias, dermatológicas, malformaciones congénitas, etcétera) y además plantea una reconsideración crítica del modelo de explotación de los recursos naturales en el que se diseña la actividad minera”.
En ese contexto se señala la necesidad de contar con una ley de uso de uso de suelo y ordenamiento territorial, rescatando el trabajo liderado por la Universidad Nacional de Cuyo, que pueda “evitar desequilibrios que afecten al medioambiente, poder preservarlo y asegurar el crecimiento equilibrado de las distintas regiones de la provincia”.
Como se puede observar, hay una reflexión más amplia del concepto de derechos humanos, que también alcanza otras problemáticas, desde los conflictos de género y las culturas juveniles hasta el impacto ambiental. Bien vale la reflexión y la autocrítica, en tanto y en cuanto se genere en Mendoza un nuevo estándar a ser superado en el futuro. Los Derechos Humanos no se pueden quedar en la necesaria denuncia, sino que además han de avanzar en la prevención de futuras violaciones. Tanto para llamar la atención, como para corregir los excesos de un Estado no siempre atento, o de funcionarios que hacen culto de la distracción.