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Otro mito liberal se derrumba: con ustedes... las AFJP

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Hacía tiempo que en nuestro país no se discutían cuestiones de fondo como las que se han comenzado a debatir desde el 2003 en adelante. Con ópticas diversas, con avances y retrocesos, varios mitos neoliberales inamovibles fueron cayendo, uno a uno, sepultando a sus inefables defensores. En éste país no se podía enfrentar a las Fuerzas Armadas, pero se derogaron la Obediencia Debida, el Punto Final y el Indulto a los represores.

Acá era imposible pararle la mano al FMI y al "riesgo país", sin embargo se obtuvo más del 70% de quita en la renegociación de la deuda externa además de la modificación estructural de sus pagos. Varios decían que la corrupta justicia de la servilleta menemista era intocable.

Hoy, a pesar de la continuidad de numerosos oscuros magistrados, tenemos una Corte Suprema al menos digna. También se escuchó que era imposible derrotar al aparato duhaldista de los intendentes del conurbano bonaerense, sin embargo en el año 2005 Cristina humilló a Chiche y a todos sus intententes por fuera de las listas del PJ.

Lamentablemente, luego todos se reciclaron K y hoy se les ha permitido mostrarse como paladines del Proyecto Nacional, pero de todas formas ese mito también cayó sobre ellos.

Podría mencionar muchos más, pero hoy estamos presenciando el derrumbe del mito de las AFJP y no puedo más que disfrutarlo.

Lo primero que debo decir es que quienes hoy defienden a las AFJP son los mismos que estaban en contra de las retenciones móviles a la soja. Y no es casualidad, son representantes explícitos del establishment en cada una de sus variantes, ayer con la burbuja de los precios de los alimentos, hoy con la timba financiera donde sumergieron los aportes de millones de argentinos y argentinas.

Pero, yendo al tema, me conmueven las declaraciones desesperadas de éstos gurúes liberales. Nos hablan de ataque a la propiedad privada! Cómo si cada uno de los aportantes a las AFJP pudiera sacar sus fondos de la administradora y llevárselos a la casa! Tal vez no conozcan que se tratan de fondos que aportan a la previsión social, que pueden sumar desde la opción privada o la pública.

Lo que no dicen éstos señores y señoras es que el despojo a su bendita propiedad privada de dio durante años mediante usurarias comisiones (llegaron al 45%) gracias a las cuales, parasitariamente, las AFJP (o sea bancos y fondos de inversión) se solventaron a costa de los trabajadores activos. Si a eso le sumamos el desastre que generaron en esos dividendos invirtiendo en la timba bursátil, bingo.

No me queda claro tampoco por qué el Estado tiene lepra si quiere administrar ésos fondos a través del ANSES pero es muy sano que intervenga para tapar el agujero del pedazo de las jubilaciones que las AFJP no pueden pagar porque no les alcanzan los fondos. Menos el por qué la estatización comunista de empresas en EEUU debido a la crisis es una medida razonable, pero aquí la intervención del Estado para resguardar los fondos de los jubilados actuales y futuros es para "hacer caja".

No me entra en la cabeza como se puede defender el interés privado cuando en sólo un año las AFJP perdieron $27.000 millones de los futuros jubilados. Tampoco por qué necesitan hoy comisiones del 9,1% (repito, llegaron al 45%) cuando el equivalente administrativo en ANSES implica sólo el 2,3%. ¿No era que los privados administraban mejor que el Estado?

Volver a la administración pública de los aportes de trabajadores y trabajadoras es un gran paso hacia adelante. Garantizar en la nueva ley que no puedan ser usados por ningún gobierno de aquí en adelante para pago de deuda o gastos corrientes, sería un verdadero aporte a la seguridad jurídica en la Argentina, esa con la que se llenan la boca los empresarios que no se cansan de violar las leyes para evadir.

Y, finalmente, lograr que esos fondos se inviertan en desarrollo, crecimiento, y producción locales y no en salvarle el pellejo a distintas bolsas de timba, será la oportunidad de volver a poner en discusión no solo la necesidad de un Estado presente y promotor sino de un Estado garante y organizador.


(*) El autor es Coordinador Local del Centro de Referencia Mendoza, del Ministerio de Desarrollo de la Nación.



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