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En Mendoza no se realiza una encuesta de victimización desde hace seis años. El dato no es menor si se tiene en cuenta el debate que se abrió en las última horas entre referentes civiles especialistas en seguridad y Alfredo Cornejo, responsable del Ministerio que, junto con Desarrollo Social, aparecen como el punto más débil y polémico de la gestión de Julio Cobos.
El homicidio de un repartidor en Guaymallén ocurrido el miércoles por la nochesy el brutal asalto y abuso a una mujer en el barrio Parque Norte, de Las Heras, puso nuevamente en estado de ebullición a las organizaciones vecinales que salieron a la calle para reclamar seguridad y cuestiones a los funcionarios de turno.
De acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales, la encuesta de victimización es la piedra fundamental para comenzar a redactar políticas criminales. “Es necesario decir ‘criminal’ en vez de ‘política de seguridad`, por estamos antes un problema complejo que afecta diferentes factores sociales”, sostuvo Mariano Ciafardini, director nacional de Política Criminal.
Este tipo de estudio brinda la posibilidad de cuantificar la denominada “sensación de inseguridad”, hacer comparaciones con cifras de ciudades similares a Mendoza, sacar conclusiones sobre los tipos de delitos que se registran en nuestra provincia y estudiar las diferentes alternativas que se pueden aplicar para trabajar en corto, mediano y largo plazo.
Cornejo, por su parte, enfrentó la situación con una serie de preguntas y respuestas que le sirvieron para graficar la situación actual, justificar su actuación a cargo de Seguridad y mostrar mayor cintura política que sus antecesores (ver nota relacionada): “¿Se va a solucionar integralmente?  No.  ¿Se va a mitigar el problema?  Con mayor inversión en tecnología y mayor capacitación del personal policial”.
El ministro reiteró el postulado que pronunció en abril, cuando anunció la detención de los sospechosos de haber asesinado a Laura Abonassar: “Esto no se soluciona sólo con más policías, sino con políticas de inclusión”.
Sin embargo, actualmente en Mendoza no existe ningún plan que contemple acciones coordinadas entre diferentes áreas gubernamentales. Entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Desarrllo Social, que son los actores principales en esta historia, no existen ningún punto de contacto, salvo, en ocasiones especiales como los robos en los colegios.