El chavismo les quitó los fueros a siete diputados acusados de "traidores"

La medida recayó sobre los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco, Simón Calzadilla y Andrés Delgado, todos antichavistas.

redacción mdz

Para el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo ocurrido esta semana en el país fue un "golpe de Estado".

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que está integrada únicamente por chavistas, autorizó hoy quitar la inmunidad parlamentaria a siete diputados a pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que los calificó como "traidores a la patria" y los acusó de varios delitos.

La medida recae sobre los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco, Simón Calzadilla y Andrés Delgado, todos antichavistas.

Los legisladores están acusados de participar del alzamiento cívico militar que el 30 de abril buscó sin éxito desalojar del gobierno al presidente Nicolás Maduro, informó la agencia noticiosa estatal AVN.

A partir de una solicitud del fiscal general designado por la ANC, Tarek Saab, el TSJ -también controlado por el chavismo- imputó a los diputados de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio".

"Por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal", prosigue el escrito del TSJ, que fue difundido por Twitter.

La Constitución venezolana establece que los diputados "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo".

Agrega que de los presuntos delitos que cometan los legisladores "conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional (parlamento), su detención y continuar su enjuiciamiento".

"En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ", concluye el artículo.

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