Heridos oculares por protestas anuncian querella contra Piñera

Un grupo de personas que sufrió heridas oculares por disparados de las fuerzas de seguridad durante las protestas que estallaron hace seis semanas en Chile exigieron hoy justicia frente a La Moneda y anunciaron que presentarán una querella contra el presidente Sebastián Piñera por violaciones a los derechos humanos.

La Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares, fundada recientemente en el marco del estallido social, se congregó frente a la sede de gobierno en Santiago para reclamar justicia por las más de 230 personas que desde el 18 de octubre sufrieron la pérdida total o parcial de la visión, tras recibir impactos de perdigones por los disparos de Carabineros.

"Queremos hacer justicia y que los causantes de traumas oculares no queden impunes, por ello apuntamos a su máximo responsable, Piñera", dijo Marta Valdés, vocera de la coordinadora y madre de Ricardo Navarro, quien sufrió heridas oculares, en declaraciones a la agencia EFE.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un total de 232 personas han sufrido heridas oculares y dos de ellas perdieron totalmente la visión desde que comenzaron las movilizaciones más importantes desde el retorno a la democracia en 1990.

El INDH informó ayer que presentó una querella por homicidio frustrado contra el cuerpo de Carabineros por el lanzamiento de una bomba de gas lacrimógeno a una mujer, que le provocó ceguera total.

Se trata de la segunda persona que pierde por completo la visión debido a disparos policiales durante la agitación social que vive Chile, luego de que el martes pasado Gustavo Gatica quedó finalmente ciego por los perdigones que recibió en el rostro durante una manifestación.

La nueva víctima afectada de ceguera, Fabiola Campillai, de 36 años, recibió el impacto de la bomba de gas lacrimógeno hace dos días cuando esperaba un colectivo en Santiago.

El Senado chileno aprobó hoy en general la "ley antiencapuchados", que aumenta las penas contra quienes cometan delitos durante actos públicos o contra quienes actúen en estas instancias ocultando su identidad.

La ley establece que aquellos que alteren gravemente la tranquilidad pública en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad, y que cubran su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, serán sancionados con reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años y 1 día).

En el caso de los delitos contra las personas, se reconoce como agravante el uso de capucha u otros elementos semejantes con el fin de ocultar la identidad.

El texto reafirma que "la garantía constitucional relativa a la libertad de reunión de las personas debe realizarse en forma pacífica" y en función de ello, dota "al ordenamiento jurídico de sanciones más severas y se entrega herramientas más eficientes a Carabineros" para enfrentar disturbios, delitos y desmanes contra el orden público.

La aprobación se produjo después del emplazamiento de Piñera a avanzar en la agenda legislativa impulsada por el gobierno para restablecer el orden público.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes chilenos en Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa del subte se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que carece de líderes identificados y que clama por un modelo económico más justo, en uno de los países más desiguales del mundo.

Al parecer, ni las medidas impulsadas en estos casi 40 días de emergencia ni la decisión de casi la totalidad de la clase política chilena de avanzar para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) lograron hasta ahora detener los reclamos.