Adiós a la verificación vehicular obligatoria y nuevo modelo ciudadano
El Congreso de Jalisco aprobó en comisión la Ley Gobel, que reemplaza la verificación vehicular obligatoria por una afinación ciudadana realizada en talleres.
La verificación vehicular obligatoria quedará nula en poco tiempo.
Jalisco movió una ficha decisiva en el tablero del control vehicular. Con tres votos a favor y uno en contra, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso avaló en dictamen la llamada Ley Gobel, una iniciativa que cambia de raíz el esquema vigente: deja atrás la verificación vehicular obligatoria en verificentros y la sustituye por una afinación ciudadana.
Todo esto bajo supervisión de la autoridad ambiental. La propuesta, impulsada por la diputada Yussara Canales González, del Partido Verde, avanza ahora al Pleno para su votación definitiva y, de aprobarse, convertiría a la entidad en la primera del país en migrar a un modelo ciudadano descentralizado y con mayor participación social.
¿Qué cambia con la Ley Gobel?
El corazón de la reforma está en quién, cómo y bajo qué reglas se revisan los vehículos. En lugar de un circuito concentrado en verificentros, la ley habilita a talleres mecánicos certificados para realizar la afinación con criterios técnicos y auditoría pública. La idea es sostener la protección al ambiente sin castigos desproporcionados, incentivar el mantenimiento preventivo y fortalecer economías locales a través de negocios que ya atienden a los automovilistas.
La autoridad ambiental conservará herramientas de supervisión, monitoreo y sanción para casos de incumplimiento, pero el énfasis se desplaza hacia la corresponsabilidad de conductores y prestadores, y a la trazabilidad de procesos mediante reportes verificables.
Argumentos, memoria y cuestionamientos al esquema previo
Canales celebró el dictamen como un acto de justicia para la ciudadanía y como un reconocimiento al activista Alejandro Gobel, quien impulsó el movimiento “Afinación sí, verificación no” y fue asesinado hace un año. La legisladora recordó que por dos legislaturas ha pedido claridad sobre el llamado Fondo Verde, nutrido con recursos de la verificación, sin obtener respuestas convincentes sobre su uso.
El nuevo diseño promete cortar con la percepción de que el programa derivó en una maquinaria recaudatoria, y coloca a los talleres como nodos cercanos a la gente, sujetos a certificación y control. A la defensa se sumaron voces como la de la diputada Tonantzin Cárdenas, que enmarcó la iniciativa en el derecho a un ambiente sano, y la del diputado Leonardo Almaguer, quien subrayó el peso que el contrato concesionado representaba para el erario, con cifras de hasta 900 millones de pesos al año.
La transición plantea estándares técnicos, capacitación y certificación para los talleres participantes, además de una plataforma de seguimiento que permita a la autoridad verificar reportes y detectar anomalías. Con esa base, la afinación se convierte en un mantenimiento real, no en un trámite de ventanilla. Los conductores tendrían rutas más cercanas, menos tiempos de espera y una relación directa con su mecánico de confianza. Del lado del Estado, el reto está en sostener una fiscalización efectiva, con auditorías aleatorias, sanciones proporcionales y publicación de datos para que la ciudadanía conozca resultados, niveles de emisiones y tasas de cumplimiento por municipio.
El dictamen pasa ahora al Pleno, donde se definirá su aprobación final. Si prospera, la Secretaría responsable deberá emitir reglas técnicas, calendarios de certificación, lineamientos de inspección y un cronograma para incorporar talleres por etapas. También será clave la comunicación pública: explicar requisitos, costos razonables y beneficios concretos —menor opacidad, impulso a la economía local y mantenimiento preventivo que sí reduce emisiones— permitirá evitar confusiones. Un capítulo aparte será el cierre ordenado de contratos y la rendición de cuentas sobre recursos recaudados en el esquema anterior, pendientes que la propia iniciativa puso en agenda.
Un viraje con señal política y ambiental
La Ley Gobel no elimina el objetivo ambiental: cambia la vía para alcanzarlo. El mensaje es nítido: menos monopolios, más responsabilidad distribuida y controles que se midan en aire más limpio y motores mejor afinados, no en filas y multas. Si el Pleno la convierte en ley, Jalisco marcará un precedente que otros estados mirarán de cerca. La memoria de Alejandro Gobel —referente de una causa ciudadana— atraviesa el proyecto y le da un sentido adicional: un programa de control que funcione, sea transparente y respete el bolsillo. El desafío será cumplir esa promesa con reglas claras, datos abiertos y una vigilancia que, ahora sí, rinda cuentas ante la sociedad.