Especialistas afirman que los decretos de necesidad y urgencia de Suarez y Fernández son ilegales

En MDZ Radio, dialogó Alejandro Pérez Hualde, ex ministro de la Corte y docente de la UNCuyo, quien fue consultado por los decretos presentados a nivel provincial y nacional. 

Frente a la situación actual de pandemia, entró en juego la autonomía de las provincias, los municipios y la Nación, debido a esto la duda que surge ¿quién es el que manda, qué incidencia tiene?.

Para responder esa pregunta, Pérez Hualde interpretó: "Digamos que dentro de este desorden que estamos viviendo desde el punto de vista normativo, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a algunos conceptos fundamentales. En principio y por la Constitución la salud pública es una facultad provincial y cada provincia la tiene que manejar. Esto tiene muchas ventajas, poder tomar decisiones en función de la información y en función de datos locales. Puede crecer la cantidad de contagiados, pero también ha crecido la cantidad de testeados. Comparamos números de cuando no testeábamos nada y ahora resulta que se hacen testeos muy importantes".

Hoy técnicamente, los decretos de necesidad y urgencia deben ser sometidos a una doble revisión. La primera es de legalidad y la segunda de razonabilidad

¿Es válido dictar un DNU con el Congreso funcionando?

Frente a esa pregunta, Pérez Hualde expresó: "La Constitución dice que no. El primer requisito que tiene un DNU es que sea imposible usar los mecanismos de sanción de las leyes. La Constitución dice ‘cuando es urgente y es imposible juntar al Congreso’. Yo creo que esto sí se dio cuando se dictó al decreto 260 en marzo del año pasado. Era verdad, estaba en receso el Congreso, la pandemia nos estaba metiendo por los aeropuertos a la gente contagiada, era el momento de tomar la resolución urgente y no había forma de reunir al Congreso. Pero ahora ha pasado un año, el Congreso está funcionando, se reúne, los vemos. Es más se han reunido el sábado y le dieron media sanción a la ley de impuesto a las ganancias y se está reuniendo el Senado esta tarde o mañana para la ley de impuesto a las ganancias". 

Además, el constitucionalista agregó: "Los legisladores son los que deberían tomar las decisiones que son fuertes limitaciones a la libertad. Por eso le dan carácter de decreto de necesidad y urgencia, porque el carácter de las decisiones deben ser tomadas por ley, ley del Congreso. Sino no son legítimas. El DNU, lo voy a repetir porque es muy importante, el primer requisito que tiene es que no sea posible usar el Poder Legislativo". 

Para los expertos en materia legal, una vez presentado el DNU, cualquier ciudadano se puede presentar ante la Justicia pidiendo la ilegalidad del mismo. 

Frente a esa aseveración, Pérez Hualde afirmó: "Deben haber nubes de presentaciones de gente perjudicada por estos DNU que están metiendo las demandas judiciales, que todavía no llegan, porque deben ser muchas. En el corralito, que fue la última vez que hubo una aventura de estas se metieron 300 amparos en toda la Argentina. Solamente contra una decisión, que fue la del corralito. ¿Pero cuánto tardaron en resolverlo? Los jueces de primera instancia resolvían de inmediato, pero la Corte tardó 10 años en decir lo que pensaba de eso". 

La situación de ilegalidad se repetiría para Mendoza, ya que la Constitución provincial tiene expresamente prohibido legislar por decreto. Frente a esto el entrevistado detalló: "Suarez ni siquiera tiene una cláusula constitucional como sí San Juan, Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Salta que les permite dictar DNU. La Constitución de Mendoza no lo tiene, las pocas veces que esto ha ocurrido, rápidamente han ido a la Legislatura y en el caso que me acuerdo es el de Lafalla cuando se hizo la transferencia de las cajas jubilatorias a la Nación, consiguió que la Legislatura de Mendoza copiara el decreto y lo hiciera ley. Entonces lo saneó de alguna manera. Pero, mientras tanto decretos de necesidad y urgencia el gobernador de Mendoza no tiene facultades para dictarlos".

Escuchá la entrevista completa acá.