A dos años del estallido social en Chile: la situación de Sebastián Piñera

A dos años del estallido social en Chile: la situación de Sebastián Piñera

Hacia fines del 2019 las protestas en Chile marcaban el principio de un proceso que aunque hoy supone la confección de una nueva Constitución. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad continúan impunes. ¿Cuál es la situación de Sebastián Piñera?

Victoria Chales

Victoria Chales

A dos años del estallido social chileno las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad continúan impunes. Un informe de Amnistía internacional muestra que hubo 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular que aún no encuentran justicia. Este aniversario de las protestas en Chile se da en medio de una tensa campaña electoral en la que Sebastián Piñera tiene una muy mala imagen después de aparecer en los Pandora Papers y el día en que la Asamblea Constituyente empieza la redacción de una nueva carta magna.

En No cantes Victoria hablamos con Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile para que brindara detalles del estado actual de las causas abiertas por la represión de octubre y noviembre de 2019 en aquel país. El segundo aniversario del estallido social coincide con el día en que "la convención constituyente luego de establecer algunos parámetros anteriores, finalmente ha iniciado la redacción de la nueva constitución", justamente también un 18 de octubre.

"Partimos con movilizaciones estudiantiles que como suele pasar en Sudamérica fueron los que lideraron las protestas y luego se sumó todo el país", recordó Morales. A un mes de que comenzara el estallido, Amnistía internacional (AI) calificó lo sucedido como una de las peores crisis de Derechos Humanos después de la dictadura. Realmente el pueblo chileno "pensó que nunca más iba a pasar por eso".

Amnistía Internacional demostró que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza. Por otra parte, en estos días el Instituto Nacional de DDHH (Chile) informó que presentó "1.700 querellas en distintos casos de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte principalmente de Carabineros, pero también de las Fuerzas Armadas". Sobre ese total "sólo hay una persona que fue condenada, porque hay personas que están en proceso, pero esto no avanzó", se lamentó el referente de AI. Por lo que desde la organización señalan que "ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento. Lo que es aún más grave, muchos de los funcionarios sospechados de haber cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos, atendiendo el control de las protestas".  

A marzo de 2021, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos chilenos contabilizaban más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular. En ese mismo comunicado, desde AI consideraron que "estas violaciones generalizadas podrían demostrar un patrón de conducta que revela una intención de dañar a los y las manifestantes para acallar la protesta, o bien la decisión de asumir dicho daño como un mal necesario". 

Se confeccionó una web para recordar a las víctimas de la represión a través de un trabajo multimedia con el testimonio de algunos sobrevivientes denominado "Calles con Memoria". Allí aparece esta historia que recordó Morales como un ejemplo de esa conducta abusiva de las fuerzas de seguridad y la impunidad en la que viven. "Un oficial de las fuerzas especiales de Carabineros que le disparó en la cara a Gustavo Gatica y por lo cual él perdió la visión de los dos ojos, tuvo después de mucho tiempo la prisión preventiva y con arraigo nacional es decir que no puede salir del país". Esto llegó cuando Carabineros habilitó la información que incluso estaba en video y porque otras personas también tomaron imágenes en el momento.

Otra de las consecuencias dolorosas de la represión sobre los manifestantes es que el Estado no ayudó en absolutamente nada a los sobrevivientes. En muchos casos "tuvieron que enfrentar tratamientos médicos costosos con nula o débil ayuda estatal". "La situación judicial avanzó, pero no lo suficiente. Por eso la reparación no ha llegado todavía".

El presidente de la república junto a otros ex ministros, actuales funcionarios y el director de Carabineros hoy en día, tienen al menos seis querellas en los tribunales nacionales por crímenes de lesa humanidad por los que son investigados. Si bien es cierto esto lleva dos años desde la primera, no se avanzó en ninguna de ellas.

"Mucha de la información que se necesita, debiera aportarla la policía y no lo hace. El Gobierno no ha dispuesto los recursos necesarios tampoco para que la justicia avance sobre el volumen de trabajo que esto supone". Por eso Morales señala que hoy "Chile está más cerca de la impunidad que de hacer justicia".

Sebastián Piñera en los Pandora Papers

El presidente chileno está acusado de participar en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato. Hace unos días "se aprobó una acusación constitucional contra Piñera sobre la cual tiene un plazo para contestarla. Efectivamente el presidente siempre ha estado al límite de los negocio -continuó Morales- y en este tema le ha afectado profundamente".

Por otro lado, desde AI señalan que "cuando se intentó hacer una acusación constitucional al poco tiempo del estallido social dónde era clara y se había dimensionado la violación generalizada de derechos humanos no fue aceptada por el Parlamento. Se presentó y fue rechazada". Sin embargo, cuando se relaciona con "un uso delicado de la información o evasión de impuestos o corrupción, esta acusación sí fue aceptada por el Parlamento. Es triste ver que el aparato político le da más valor cuando se trata de mal uso fiscal y no cuando hay una violación generalizada de DDHH".

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