Por qué la regulación de las tarifas de telecomunicaciones perjudicaría al grupo Clarín

En el marco del DNU que declara a las telecomunicaciones servicios esenciales y congela sus tarifas hasta diciembre, hablamos con Octavio Bosio, dueño de Aero Internet.

Para Bosio, estos decretos atienden a problemáticas referidas con Buenos Aires, "y todo lo que tiene que ver con diferencias estructurales en prestación de servicios es muy distinta al caso del resto de Argentina". "Entonces las empresas del interior se ven perjudicadas con estas medidas generales, porque las estructuras de costo y de despliegue son completamente diferentes", aseguró.

Para el empresario, el decreto es ambiguo y sólo ha fijado en concreto un congelamiento de tarifas hasta diciembre. "El resto, es una carta de intención. Por lo que sí creo que hay un trasfondo con Clarín y quedamos como el ´jamón del sándwich´, porque las prestadoras pymes no tienen nada que ver con esta interna".

El dueño de Aero explicó el caso de su compañía, que le compra el servicio de banda ancha a varios proveedores mayoristas, como por ejemplo a Movistar. Estos mantienen tarifas dolarizadas, históricamente."Si nos declaran servicio esencial, deberían hablar de pesificar eso", se quejó.

Por otro lado, el DNU dice que las empresas fijarán un precio para cubrir sus costos y tener un margen de operación razonable y que el Estado regulará ese criterio. "Pero la verdad es que el Estado no tiene ni la menor idea de cómo se componen las estructuras de costo de ninguna de las empresas del sector. Entonces, sacar el decreto antes de estudiar cómo funciona, me parece temerario", aseguró Bosio. "Por eso me parece que esto tiene una intencionalidad política", completó.

Respeto de lo anterior, el empresario asegura que el DNU "cuando dice que de ahora en adelante todo lo que tiene que ver con aumento de tarifas va a requerir autorización del Estado, deja abierta la puerta para que aquellas empresas a las que tengan intencionalidad de controlar, puedan negarles a aumentar". "Ahí es donde vemos que hay una intencionalidad con las compañías de medios con las que el kirchnerismo pelea desde hace muchos años", completó.

Para Bosio, el Estado cuenta con herramientas más efectivas para intentar alcanzar lo que dice buscar con este decreto. Ejemplificó esto, asegurando que "existe el fondo fiduciario del servicio universal, al cual todos aportamos el 1% de nuestra facturación bruta y es el elemento con el que cuenta el Estado, teóricamente, para poder lograr la distribución del servicio en zonas que por características de inversión no resultan rentables".

Ese fondo tiene un nivel de recaudación importante, según el empresario, y si se compara con los 3 mil millones que establece el decreto que se van a invertir en infraestructura, "con una pequeña modificación del aporte se podrían conseguir recursos más que suficientes para lograr ese objetivo".

"Pero eso te obliga a controlar al sector, que está lleno de empresas que trabajan en condiciones de total informalidad, con declaración de cantidad de clientes y abonados que es nula o el 10% de sus clientes reales. Eso genera evasión impositiva, entre otras cosas", finalizó.

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