Nodio: las dudas sobre el "observatorio de fake news"

Nodio: las dudas sobre el "observatorio de fake news"

Se anunció la creación de un observatorio para establecer qué es información falsa o maliciosa. En la órbita de la Defensoría del público, se busca desde el Gobierno combatir las fake news estableciendo qué es verdad y qué no. ¿Es el Estado quien debe tener estas atribuciones?

Victoria Chales

Victoria Chales

Hasta hace unos días probablemente nadie sabía muy bien qué era la Defensoría del Público. Incluso su titular, Miriam Lewin reconoció que confunden el organismo con Defensa del Consumidor. Sin embargo, se anunció desde allí la creación de un Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio) que ha despertado una fuerte polémica.

Según el comunicado con el que fue presentado, Nodio tiene por objetivo “fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces. Que todas las personas puedan expresarse en el debate público sin ser expulsadas y tengan acceso a información veraz”. La presentación estuvo a cargo de  Florencia Santout, diputada por el Frente de Todos, la periodista y escritora María Seoane, el psicoanalista Jorge Alemán, el profesor de derecho a la información Damián Loretti y la analista de medios Adriana Amado.

La desinformación, las noticias falsas, la falta de transparencia y la confusión son los síntomas de una sociedad que transita en su fase aguda la “infodemia”. A pesar de que los objetivos que establecen para Nodio parecen nobles, lo cierto es que la pregunta vuelve una y otra vez: ¿es el Estado quien debe establecer qué es cierto y qué no?

Desde MDZ Radio conversamos con quien fuera hasta el año pasado la presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Silvana Guidici.

Para Giudici se trató de una mala noticia. “Las sociedades democráticas nunca regulan penalizando desde el Estado o determinan desde organismos estatales que funcionen como una suerte de ministerios de la verdad, porque no es el estado quien debe definir si una noticia es verdadera o falsa o si tiene determinado registro de maliciosidad o si la viralización de esa noticia tiene alguna intencionalidad o delito”.

Aunque el Observatorio aún está en una fase de conformación, para la ex legisladora porteña es claro que tendrá potestad para sancionar a aquellos que considere estén cayendo en algún tipo de “agravio a las audiencias”. Si bien no hay una forma explícita que haya sido anunciada por Nodio, Giudici interpreta que a eso hace referencia cuando hablan de “desarticular” o “desarmar” una campaña maliciosa. De hecho, la Defensoría del público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para “tutelar los derechos de las audiencias para que reciban pluralidad de información, de expresión y de opiniones que circulen en los medios audiovisuales y en el debate público”. Por eso cree que “la creación de este observatorio sería todo lo contrario a los fines que la Defensoría debería perseguir “.

Si Nodio no tuviera funciones punitivas, aún así no se entiende con claridad cómo haría para desarticular “rumores maliciosos”. “Si realizan una pesquisa tras un rumor que dejó correr un periodista para que dé cuenta de dónde sacó su información, igual estarían violando la protección constitucional de privacidad de fuentes” cuestionó la ex funcionaria de Enacom.

Por otra parte, el Observatorio creado por Myriam Lewin habla de terminar con el discurso del odio y la discriminación. Silvana Giudici, ex funcionaria del PRO, destacó que ya existe un espacio destinado a tal fin.

“Terminemos con el gasto de duplicar funciones del estado. Ya existe un espacio con esos mismos objetivos”.

Ya existe un “observatorio contra la discriminación y la violencia simbólica contra las mujeres en los medios de comunicación que está conformado por el Inadi, el Enacom y el Ministerio de la mujer”. Por lo que crear otro es “un disparate”. Pero si además de eso, “duplicás las funciones, te excedés en tu competencia y le ponés la facultad de controlar las redes sociales y los contenidos de internet es algo claramente inconstitucional”.

Cuando una persona es afectada por una información falsa, debiera acudir “a la profusa legislación argentina en materia de calumnias e injurias”, explica Giudici. Además en distintas partes del mundo lo que se hace para combatir la desinformación son al menos dos medidas. Por un lado la alfabetización digital que supone una forma de educar desde la infancia en la verificación de datos que encontramos en internet por nosotros mismos. A esto, debiera sumarse también lo que se conoce como “fact checkers”. Se trata de verificadores de hechos que son multidisciplinarios, compuestos por periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. “Nunca son los gobiernos”.

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