Maniobra de último momento de los involucrados en la causa del Incaa: qué dijo la Justicia
El TOF2 se pronunció a un pedido de extinción de los productores Rovito y Sokolowicz en el juicio por fraude al Incaa. Ambos están acusados de recibir fondos.
Este martes comienza el juicio por el manejo de fondos del Incaa. Foto: Télam
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 resolvió no hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal presentado por los productores Pablo Luis Rovito y Fernando Sokolowicz, acusados de participar en una maniobra de defraudación al Estado mediante convenios irregulares firmados con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) entre 2002 y 2013.
La decisión fue tomada en el marco de la causa que también involucra a las exautoridades del organismo, entre ellas Liliana Mazure, Jorge Álvarez y el fallecido Jorge Coscia.
Según el fallo, ambos imputados solicitaron acogerse al beneficio de la reparación integral del daño (artículo 59, inciso 6 del Código Penal), comprometiéndose a reintegrar al Estado los fondos percibidos —$1.600.000 más intereses— por la productora Maíz Producciones SRL, destinados al proyecto "Historia de América Latina", del cual solo se entregaron 18 de los 63 capítulos acordados.
Argumentos del rechazo
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu, sostuvo que la oposición del Ministerio Público Fiscal a esa solución alternativa del conflicto penal resultaba "razonable, fundada y vinculante". En su dictamen, el fiscal José María Ipohorski Lenkiewicz consideró que aceptar el pago para extinguir la acción penal socavaría la búsqueda de la verdad, en un caso donde se investiga una presunta corrupción que afecta al erario público.
El fiscal también argumentó que la maniobra no solo supuso un perjuicio económico al Estado, estimado en más de $16,6 millones, sino que el delito ya se habría consumado. Además, destacó que los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción obligan a garantizar juicios transparentes en este tipo de hechos, en lugar de habilitar su resolución por vías administrativas o económicas.
Próximos pasos
Con esta decisión, el proceso continuará con el juicio oral y público, que comienza este martes. La causa busca esclarecer el manejo de fondos públicos destinados a producciones audiovisuales a través del Incaa durante más de una década. Entre las irregularidades detectadas, se encuentran pagos anticipados sin respaldo documental suficiente, rendiciones parciales incompletas y proyectos que nunca fueron terminados ni exhibidos.