La prostitución no está penada, sino que está penado el ejercicio del proxenetismo o la trata de personas

El desbaratamiento de los prostíbulos VIP en pleno centro de la Ciudad de Mendoza no sólo pone en cuestión qué tipo de poderes son los que están detrás de este negocio, sino también qué sucede con las mujeres que fueron encontradas ejerciendo la prostitución en ellos.

Por eso, MDZ Online entrevistó Rubén Cuello, titular de la Dirección de Protección de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia.

Cuello se explayó en los programas de contención que desde el ministerio se desarrollan, a partir de los cuales, explicó, no sólo se apunta a la eliminación de la trata de personas en relación a la prostitución, sino también a la explotación laboral en cualquiera de sus formas.

Partamos de analizar el hecho de que haya mujeres que aseguran que trabajar de prostitutas.

Bueno, esa puede ser una realidad, porque la realidad siempre es diversa. Lo que yo creo que sí es importante es ver cuál es el nexo que se hace a la hora de analizar las políticas que asume el Estado nacional o un Estado provincial, una sociedad, para terminar con un flagelo como el de la trata. Es muy interesante el debate para poder distinguir, porque la prostitución es una actividad que no está penada en nuestro Código Penal para quien la ejerce, sino que es penado el ejercicio del proxenetismo o la trata de personas o, dicho de otro modo, la explotación del lucro que surge de la prostitución por un tercero, entonces ese es el punto que es importante clarificar a la hora de debatir sobre estas cuestiones.

Pero aún gran parte de la sociedad no ve mal que exista la prostitución.

En realidad, creería que lo importante es poder establecer que cuando una persona está en situación de vulnerabilidad, cuando está en situación de sometimiento, que sufre un abuso sobre su persona y sus derechos, esa persona no está eligiendo lo que hace. Creo que siempre que exista eso, estamos ante una situación que nadie podría defender ni en público ni en privado, y esta es la tarea del Estado, que se ocupa de legislar para una cantidad indeterminada de personas pero a propósito de regular las relaciones en la alteridad, y esto implica la posibilidad de revisar el valor justicia y revisar la convivencia pacífica entre las personas y la necesidad de garantizar que no existan abusos por quienes pueden avanzar sobre la vulnerabilidad de otras personas. Esto se da en todos los ámbitos, y se da con mucha claridad en el ámbito de las personas que son prostituidas por quienes abusan de una situación de necesidad. Esto es algo que está reconocido a nivel nacional e internacional, y creo que nuestra sociedad también lo expresa a través de sus representantes legítimos, que son quienes pueblan las instituciones. Concretamente en el caso del Congreso de la Nación, tenemos representantes de todas las fuerzas políticas que elaboraron, dictaron y promulgaron una ley que previene y sanciona la trata de personas, y esto es un mensaje de nuestra sociedad que nos está diciendo que para consolidar la cultura democrática y la convivencia pacífica, debemos garantizar el ejercicio de los derechos.

Todo esto no hace más que confirmar que no basta con cerrar los prostíbulos, sino que la acción de gobierno debe ser más amplia.

Por supuesto, en el sentido de que siempre hay que tratar de integrar las políticas. Claro que las políticas públicas deben pretender un abordaje integral e integrado, y es por eso que nosotros avanzamos en un plan provincial de lucha contra la trata, desarrollado desde el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, donde está al frente el licenciado Guillermo Elizalde, que nos pide un fuerte compromiso, al igual que el gobernador, que ha asumido como parte de su agenda política y de su agenda pública la erradicación de la trata de personas a partir del plan provincial de lucha y a partir de la creación de una verdadera política de Estado pionera en el país y que asume la responsabilidad de comprometer a todos le sectores de la sociedad que están más directamente involucrados con la actividad económica y productiva, para poder erradicar el flagelo de la trata, no sólo de explotación sexual, sino también de la trata laboral. Concluyendo, es importante asumir una política integrada que trate de abordar la mayor parte de las aristas, para dar una respuesta a un flagelo que hoy es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo.

¿Cuál es el trabajo concreto que hacen en este sentido?

Primero, el plan provincial de lucha contra la trata que se lanzó en 2012, que es pionero a nivel nacional, porque incorpora la fase de la restitución integral de derechos, y por otro lado, el abordaje de la trata con fines de explotación laboral, para lo cual se firmó en enero de este año, con el apoyo de Susana Trimarco, el acuerdo social para la erradicación de la trata de personas y se crearon las campañas Vendimia si Trata y Mendoza sin Trata, que son programas ambiciosos que buscan involucrar a todo el espectro de la actividad económica de Mendoza y a toda la institucionalidad, para comprometer a la comunidad y a los sectores representativos en la elaboración de estándares, en las denuncias, en el auxilio, en el compromiso para poder erradicar la trata en cada una de sus manifestaciones. Es un acuerdo que se firmó en marzo entre siete provincias, por eso es pionero, porque también es un acuerdo no solamente asumido por la Coviar, Foeva y la Provincia, sino también por siete provincias que son las productoras vitivinícolas del país.

0800-800-87282 es el número gratuito para realizar denuncias anónimas por trata de personas.

¿Cómo se trabaja con las chicas que han sido rescatadas, por ejemplo, en este último operativo de Gendarmería?

Establecemos, a partir de la creación de nuestro equipo de asistencia para el rescate y acompañamiento de víctimas, que forma parte del plan provincial, la primera fase, que es la de contención y asistencia en el rescate, que es un momento de crisis y conmoción en el que es necesario contener, informar y poder comunicar a las personas que son víctimas que van a ser objeto de rescate y no objeto de punición, y esta es la primera diferencia que hay que determinar para poder ponerlas a resguardo y llevarlas inmediatamente a un lugar que les permita estar a salvo de cualquier amenaza que pudiera existir en ese momento. Posteriormente, el plan también contiene la fase de restitución de derechos, que es una segunda etapa posterior al primer abordaje de los profesionales que elaboran los primeros informes, con lo que se establece una estrategia de abordaje que implica la posibilidad de restituir todos aquellos derechos que han sido vulnerados como consecuencia de la trata o la explotación, que van desde el derecho a la identidad hasta el cubrimiento de las necesidades primarias, pasando también por el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la justicia, fundamentalmente.

El ministro de Turismo, Javier Espina, dijo que no veía a Mendoza como plaza de turismo sexual, pero en Internet hay oferta, y si hay oferta es porque hay demanda.

Sí, por supuesto, existe esta situación en Mendoza, que desde hace un tiempo es una provincia que lamentablemente tiene instalado este flagelo. Pero la evaluación sobre el tenor y la densidad de este tipo de empresa delictiva es algo que podrá verse con la perspectiva del tiempo. Sí creemos que se ha actuado prematuramente, con muchísima celeridad y con un fuerte compromiso desde el inicio de la gestión de nuestro gobernador tratando de adelantarse a las nefastas consecuencias que genera el hecho de que el fenómeno del crimen organizado se instale en una provincia. Creo que esto es destacable y estamos articulando con áreas como Salud, Educación y Economía Social, que tienen a cargo las tareas de reinserción laboral de las personas que lo deseen.

O sea, habría un mercado hasta turístico basado en la prostitución.

No creo que yo pueda afirmar eso, esto es una tarea que sí podría, en todo caso, develar la Justicia, y es sano dejarlo en sus manos. Yo creo que la Justicia ha ido actuando con claridad y con una tarea muy eficaz de parte del fiscal Fernando Alcaraz, quien ha logrado dar pasos importantes en la investigación y persecución de este delito y que ha dado resultados claros, como los de hace poco [se refiere al cierre de los prostíbulos VIP de la semana pasada], donde tuvimos la posibilidad de intervenir respecto de este tema. A partir de estas noticias y los hechos concretos, podemos sacar nuestras conclusiones, pero sí podemos decir que hay una tarea muy comprometida y que el Estado está trabajando fuertemente para combatir este delito en Mendoza.