"No tenemos manera de ocultar los errores de un juez"
El presidente de la Suprema Corte, ante un año muy político incluso para los jueces.
A Alejandro Pérez Hualde (57) le tocó un período intenso para presidir la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Demasiados tironeos presupuestarios, la implementación de las reformas penales, casos políticos resonantes… corrupción en la propia justicia, jueces sin experiencia, o con poca edad, camaristas que de tan jovencitas tienen licencia por maternidad… la oralidad civil y el juicio por jurado como metas, y la transformación de procesos para lograr eficiencia, en medio de un camino arduo y con apoyos que en el mejor de los casos son críticos.
Pronto a cumplir dos años de gestión, Pérez Hualde es candidato a la reelección como titular del máximo tribunal mendocino. Los jueces “supremos” están expectantes además por las elecciones generales. Se sabe, la designación del presidente de la Corte está muy relacionada a la política –para bien y para mal- y hay comicios de por medio.
Varios temas relacionados a la administración de justicia –concebida como un bien común para la defensa de los derechos de las personas- pasaron durante la charla con Pérez Hualde, el viernes por la mañana muy temprano en su despacho. La experiencia y capacidad de jueces y fiscales, los tiempos de resolución de casos, las garantías, el “entra y sale”, la justicia de familia, el “camarón” de apelaciones, la relación con la política, y unos cuántos asuntos más asomaron en la entrevista.
Mendoza es la provincia de mayor conflictividad judicial del país. Hay más abogados matriculados que policías. Así es que si usted es víctima, acusado, o está pensando en querellar a alguien o plantear algún pleito, necesita de un patrocinante letrado y de la Justicia y sus resortes. Esta charla, entonces, le va a ser de utilidad.
-¿Hay reelección para usted al frente de la Corte?
-No es un tema 'de reelección o no…' Es una decisión que toma la Corte en pleno. Normalmente se considera la coyuntura política… Se va a tener en cuenta quién gane las elecciones, los planes en desarrollo... De allí surge un consenso que a veces es unánime, a veces más ajustado… y se toma una decisión.
-¿Por qué miden la temperatura política para decidir quién preside la Corte? Usted no tiene pasado peronista, y sin embargo fue elegido presidente cuando Jaque promediaba su período…
-Justamente… No nos conviene un presidente de la Corte notablemente adversario, o notablemente amigo del Poder Ejecutivo. Se evalúa una designación que procure un equilibrio para transitar los dos años de gestión.
-¿Pero usted es candidato?
-Dos años es un período muy corto para desarrollar un plan. Le diría que si mis compañeros de Corte deciden que yo continúe, lo haría con gusto. Y si deciden que es otro, también. La tarea de ministro de la Corte es apasionante de igual forma.
-¿Cómo le llega la justicia al ciudadano común, que se siente afectado por algo y además tiene razón? ¿Cuánto tarde esa justicia en llegar?
-Voy a ser autocrítico. Traigo ese entrenamiento desde mi época docente, y en la actividad privada. Soy autocrítico con el Poder Judicial. Pero hay señales muy fuerte, positivas. La gente confía en nosotros y trae sus problemas, aunque hay un alto índice de conflictividad, algo que tenemos que analizar y que no depende en su totalidad del Poder Judicial. Digamos que nos ven como una instancia en la que pueden venir a resolver sus conflictos. Después el demandante se va a quejar de nuestra lentitud, y el demandado, de la rapidez. Llegarán más tarde las críticas que nos pidan mejorar la capacidad de respuesta. El dato alentador es que los mendocinos vienen a resolver sus cuestiones. Con los móviles judiciales y las líneas de comunicación, auscultamos todo el tiempo la opinión de los ciudadanos, aun de los que están lejos de la justicia, aunque vivan muy cerca del centro. Aquí no es cuestión de hacer lo mismo más rápido, eso no alcanza para cumplir con la demanda. Hemos conseguido la norma ISO 9000 con los Tribunales de Gestión Asociada, trabajamos con normas de calidad y eficiencia, y de todas formas no alcanzamos a dar respuesta. Tenemos que cambiar los procedimientos en lo esencial. Recibimos muchas ponderaciones de nuestros planes de transformación y por eso hemos conseguido el apoyo del Banco Mundial. Hay que hacer una reingeniería de procesos que cambie todo lo que estamos haciendo.
-¿Cómo consiguen que la burocracia, los abogados, la corporación judicial los acompañe?
-En general, tenemos un apoyo crítico. Pero es la Corte la que tiene que llevar adelante los procesos de cambio. Tenemos que ser los líderes. Los otros líderes naturales de este proceso son los jueces. Necesitamos salir de la mentalidad del juez de hace 150 años, cuando los magistrados –ante una población intelectualmente pobre- se refugiaban en despachos majestuosos y tronos para que la gente los viese importantes. Hoy la mentalidad es otra. Necesitamos que la población nos conozca para que nos aprecie. El resto, las asociaciones de abogados, de magistrados, gremios… acompañan de manera crítica.
-Usted nombró la “conflictividad” judicial. Todo mundo está desbordado de papeles, conflictos, expedientes, oficinas… El planeta judicial habla de esta conflictividad. Sin contar la judicialización de la política, que se lleva su parte. ¿A qué se debe este fenómeno?
-Mendoza tiene el índice de conflictividad más alto de todo el país por cada cien mil habitantes. Somos los primeros “cómodos”, y siguen más abajo Córdoba y Santa Fe. Hay factores que son muy mendocinos en este problema. El mendocino no se las aguanta. Si ve una situación de injusticia, la plantea. No es un hombre dócil como puede ocurrir en el norte del país, por ejemplo. Allí hay una diferencia de clases, de cultura, de sometimiento y de poder económico. A cambio, el mendocino tiene una fuerte conciencia igualitaria. No se achica. Si se siente víctima de una injusticia, pleitea. Y si considera que tiene algo de razón, la defiende con fuerza. Este rasgo no es definitorio en el nivel de conflictividad, pero contribuye mucho. Probablemente haya otros factores, como los sociales o familiares… El sobreendeudamiento personal, el consumismo, las tarjetas, mutuales, códigos de descuento…
-Ustedes iniciaron un proceso de depuración en la justicia laboral, que empezó por el Este… Descubrieron corrupción… ¿cómo van con eso?
-Estamos determinando responsabilidades. Ahora viene el ejercicio del derecho de defensa, cumplir con las garantías… es una meseta en la que es difícil acelerar, tanto en los procesos judiciales como en los internos de la justicia. Lo que hay que evitar es que haya linchamientos. Fíjese lo que ocurre con el Caso Schoklender… Llevamos diez días de linchamiento, y no lo hemos escuchado a él ni a su defensa. Queremos linchar a alguien cuando encontramos situaciones de injusticia. Nosotros nos preocupamos de que estas cosas ocurridas con la justicia laboral no se repitan en el futuro. La investigación hacia atrás viene con todas las garantías, y lentitudes que no estoy intentando justificar, y medidas de prevención hacia adelante.
-Cada vez que hay elecciones, y hechos de inseguridad, la política mira para el lado de la justicia y dice –como muchos- “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”. ¿Cómo marcha la administración de justicia penal? ¿Llega? ¿Hacen justicia realmente?
-Es la que tiene el proceso de transformación más profundo, con el nuevo Código Procesal Penal. Ustedes vieron cómo se actúa muy rápido en algunos temas, como en la estafa en Hacienda, o en algunos casos en los que se roza al poder político. Nuestros fiscales trabajan con independencia, normalmente, en el terreno real. Pero estos procesos no son muy rápidos. En el Este recién llevamos cuatro meses con el nuevo CPP. Nuestro ministerio Público tuvo que asumir la investigación, lo que antes hacía la policía con la dirección del juez. Hoy nos hemos metido en las comisarías a recibir las denuncias. Antes, las tomaba la policía, avisaba al juez… el juez resolvía según lo que le decían. Ahora, el auxiliar del fiscal está en la comisaría, toma la denuncia, el fiscal va directamente al terreno… Además, tenemos un promedio de edad muy joven entre los fiscales… aunque a veces la falta de experiencia, de “calle”, es criticada sobre todo por los viejos policías. Son los jóvenes los que deben llevar adelante este proceso de transformación. A los mayores, nos cuesta. Es difícil que alguien con mucha trayectoria acepte ir a las comisarías, cubrir turnos, quedarse de 12 a 6 de la mañana, trabajar en la trinchera con el barro hasta las rodillas.
-¿Qué aspectos de la reforma procesal penal deberían cambiar para mejorar el sistema?
-Aún es una etapa de implementación… pero debería opinar el Ministerio Público. No debería ser yo quien diga qué se debe cambiar del nuevo CPP para mejorarlo, sino el Procurador, el jefe de los fiscales. Está más cerca de los acontecimientos operativos. Para nosotros es un desafío, porque la aceleración de los fiscales produce algún tipo de atoramiento. Tenemos que reformar, urgente, nuestra forma de trabajo de fiscales y de cámaras. Los fiscales tienen que hacer un cuerpo de fiscales de cámara, y no mantener ese concepto 'estanco' de un fiscal por cada cámara. A veces hay juicios de cámara unipersonales, cuando las partes lo aceptan, y el fiscal sigue siendo uno solo.
-¿No sería mejor que el fiscal de cámara esté comprometido con una investigación desde el principio?
-Eso es algo altamente recomendable. Que el fiscal que va a llevar adelante el juicio frente a la Cámara, pudiese comprometerse desde el principio, comandar la investigación o dar las recomendaciones más importantes, que se hiciera responsable... Si no es así, ocurre que el fiscal de cámara encuentra defectos en la investigación del primer fiscal. Pero el sistema “estanco”, nos obligaría a definir la cámara desde el principio, algo que queremos evitar, para que no se elijan desde los abogados hasta toda la etapa probatoria en función de esa cámara. Estamos avanzando en proyectos de reforma, con las dificultades propias de nuestra organización.
-Tiene una ventaja. Hay en esa cámara tres jueces de probada y extensa calidad y trayectoria. Y tiene una contra, que es reconcentrar en esa cámara toda la capacidad de decisión. Esto encierra un riesgo: si en algún momento en esa cámara no coincidieron tres jueces de tal nivel de calidad, podría haber un grave problema institucional. Creo que debe haber movilidad en la integración de esa cámara. Su integración vino a resolver un problema: que no apareciese un mismo juez en distintas etapas de un proceso. Hubo nulidades importantes por ese problema, y una recomendación de la Corte Suprema de la Nación. Creo que hemos cumplido bien y no hay críticas, salvo este análisis político-judicial que usted hace de la concentración de causas en esta cámara. Es un tribunal que trabaja bien y está bien integrado. En la transformación hay que prever un grado de movilidad en su integración, con más jueces que vengan de otras cámaras. Esto brindaría mayor agilidad.
-¿Qué solidaridad encuentra en el poder político para hacer transformaciones? Ahora estamos en época electoral. Dudo que muchos candidatos se hayan sentado con usted a preguntarle qué necesita la Justicia para funcionar mejor…
-Mendoza tiene la ventaja de que uno se encuentra a los políticos en la casa de amigos comunes, en el café, en algún casamiento... Pero la verdad es que el único que se sentó conmigo a conversar sobre las necesidades de transformación del Poder Judicial ha sido Eduardo Sancho. Le pude comentar y explicar nuestro proyecto. Creo que en general la política no nos conoce del todo. A veces piensan que proyectos que nosotros consideramos cosméticos son una transformación. Pero lo que buscamos es el cambio de mentalidad. Tenemos más por dar.
-Por ser parte de la Junta electoral… ¿Cómo ven la implementación de las internas simultáneas, obligatorias y abiertas?
-Con mucha expectativa. El desafío es interesante. Sí tengo la impresión de que los partidos políticos no se han puesto en la sintonía que la ley invita. Todos han resuelto sus internas antes. Pareciera que se van a resolver en agosto cuestiones de segundo orden.
-Bueno… Mendoza no tiene una ley de primarias. Sí hay un proyecto que presentó el radicalismo. Raúl Vicchi es el autor…
-Mendoza tuvo un intento de regular las primarias, creo que fue la Ley 7002, si no recuerdo mal el número. En materia electoral, tenemos mucho que crecer. Hay que hacer una tarea de docencia fuerte. Nosotros lo hacemos con el doctor Puebla. Hace diez días estuvimos en Tunuyán, dando incluso explicaciones sobre el esquema nacional, que no es nuestra competencia. Me parece que falta aquí que los partidos políticos, que son los actores de esto, se comprometan en informar.
-En estos días cumplió años una ley que regula la minería, la 7722, de la que se hablará mucho en campaña electoral. ¿Cuántos planteos de inconstitucionalidad tienen y en qué grado de avance están?
-Hay ocho, tal vez nueve planteos. La mayoría son de organizaciones ambientales. Ninguno de los casos está con sentencia aún. La etapa probatoria es muy lenta. Hay oficios que van y vienen de Canadá, o a Europa, por ejemplo.
-¿Le cambiaría algo a la Constitución Provincial?
-Terminaría de perfilar las autonomías municipales. No podemos decir que no la haya, porque la Constitución del ’16, más la Ley Orgánica más la jurisprudencia configuran un escenario de autonomía, pero aún falta. Creo que la Constitución debería reflejarla mejor. Hay proyectos de artículos en ese sentido. En cuanto a otros temas, descartaría todo lo nacional en derechos fundamentales, porque no hay déficit allí. En cuanto a lo judicial, habría que reformar las antigüedades necesarias para acceder al cargo de juez. Un año, es poco… los plazos para arribar a la magistratura son muy cortitos…
-¿Necesitan jueces con más ‘calle’?
-Con más experiencia. También habría que modificar la integración del Jury y dar cabida a algún otro sector, además del judicial y el político. En algunas provincias hay representantes populares que no son abogados.
-El jury mendocino es complejo, 14 legisladores y siete jueces… gana siempre la política.
-Rara vez la política viene unificada a un Jury de enjuiciamiento. El sistema mendocino no es malo. Alguien podría decir que está desequilibrado… pero permite la participación de personas que no son abogados. Eso da perspectivas interesantes.
-¿Juicios por jurado y oralidad civil están en las metas?
-Observamos mucho lo que pasa en Córdoba con los juicios por jurado. Y la oralidad en la justicia civil es una de nuestras metas.
-¿Cómo analiza la capacidad de jueces y fiscales mendocinos? Han aparecido casos de comportamientos malos, incluso objeto de investigación legal… sospechas de plantar pruebas… ¿No cree que los jueces deberían ser sometidos a análisis psicotécnicos con cierta periodicidad?
-No quiero entrar en polémica con declaraciones recientes de Adaro. Los jueces son evaluados antes de ingresar. No sólo ellos. Todo el personal de la Justicia es evaluado. Nadie ingresa sin un estudio físico, psíquico y técnico. Salvo en la Suprema Corte, donde las elecciones son del tipo político. La evaluación técnica del juez se hace de manera permanente. Las sentencias están todas disponibles, online. Todo se puede revisar, y cada juez es responsable de las sentencias. Lo mismo en la justicia civil, aun en expedientes reservados, se pueden compulsar los tiempos que tarda el juez, y los movimientos que ha tenido un caso. Hoy, comprobar la capacidad técnica de un juez es facilísimo. Y las comisiones legislativas habilitadas pueden revisar todo, y aun contratar expertos para ello. Un ejemplo por el contrario: las sentencias de Aída Kemelmajer de Carlucci son caso público de erudición y son investigadas por universidades de diversos países del mundo. Están ahí, en Internet. Todo el mundo las puede ver. Una mala sentencia no se puede esconder. No tenemos manera de ocultar los errores de un juez. Son públicos, están escritos en expedientes. Sería imposible esconder la capacidad de un juez. No me preocupa. Sí me preocupa que estén capacitados, que estudien… La carrera de magistratura y gestión judicial nos está dando los primeros resultados. Nos usan a nosotros de “conejillos de indias”. Ya salen las primeras monografías para aprobar el Magister. En este momento hay terminadas siete u ocho y en elaboración unas 20 más, y todas consisten en revisar cómo funcionamos. Hasta el Jury es objeto de estudio. Eso nos da una masa crítica de pensamiento muy grande. Para el futuro, lo que me preocupa es formar recursos.
Habría que revisar qué experiencia dejó en otros países -creo que mala-el tener jueces periódicos. Es decir, magistrados que en seis años o siete pueden ser excluidos de la magistratura. El primer problema es quién toma el examen. Debería ser alguien totalmente desvinculado de todos los procesos que lleva ese juez, y de todos los estudios jurídicos involucrados, y si algún caso rozó al gobierno, también deben ser excluidos… ¿Qué hacemos? ¿Traemos chilenos? Porque no sé si hay sanjuaninos o porteños involucrados con intereses de aquí. Lo que creo es que hay que confiar en el sistema que tenemos, que permite revisar cualquier sentencia, cualquier acción de cualquier juez. En cuanto a las revisiones físicas y psíquicas, hay una ley que aumentó el rigor en la selección, incluso en los relatores, funcionarios, secretarios… Deberíamos encontrar un sistema equilibrado que permita revisar, por ejemplo, la actuación de un juez con ausencias prolongadas por problemas de salud, por ejemplo, y si fuera el caso. Las deficiencias psíquicas, son motivo de denuncias amplias, y públicas. Lo único que hace falta para llegar a un Jury con una denuncia de este tipo es tener un patrocinio letrado. Hay casi 8.000 abogados matriculados en Mendoza, de los cuales unos cinco mil están en actividad.
-¿Más que policías?
-Y… puede ser… Me parece bien la preocupación por estos aspectos de los jueces y la justicia. Pero son detalles, no hacen a la reforma de fondo que necesita el Poder Judicial. Son debates de segundo orden que aparecen cada vez que hay elecciones.
-¿Cómo el “entran por una puerta y salen por la otra”?
-¡Ya me pasó en 2009! Me preguntaban qué opinaba de tres proyectos de ley que había mandado el Ejecutivo... Les dije que no queríamos opinar, que éramos Junta Electoral, que lo discutiésemos después del 28 de junio. Se los dije a varios colegas suyos. Ninguno volvió a preguntar después de las elecciones. Debatamos esos temas después.
-¿Cuánto tarda hoy una mujer que va a la Justicia para pelear por la pensión alimentaria, en obtener una sentencia favorable? ¿Cuánto espera para cobrar?
-Esto tiene diversos tiempos. Si la señora primero tuvo que ir a un defensor oficial porque no tiene medios para solventar un abogado, es allí donde tenemos muchos refuerzos. Tenemos co-defensores, y además abogados “ad hoc” que se inscriben en un registro, y cobran sólo cuando obtienen una sentencia favorable. Estos “ad hoc” nos cuestan unos dos millones de pesos al año pero sacan casi cinco mil sentencias. A veces les hacemos liquidaciones de sumas altas de dinero, pero la verdad es que trabajan muchísimo. Si la que viene es una señora que tiene trabajo y se acaba de separar del marido, la velocidad de resolución de su caso será menor, seguramente, al de una mujer sin trabajo cuyos cuatro hijos necesitan de la pensión alimentaria para subsistir. Nuestro sistema de jueces y defensores le da protección a los que más lo necesitan, de manera urgente. Esto no quiere decir que cobren rápido. Eso depende de si el marido es ubicable, si trabaja en negro, si está registrado. A veces no hay dónde cobrarles. Por eso preocupa la economía informal, por eso se hizo un registro de deudores alimentarios… a veces se resuelven rápido las sentencias y después estas señoras igualmente no pueden cobrar, o les cuesta mucho. A veces, pasa… Es un tema muy complejo, aunque después hay responsabilidades penales.
-Da la sensación de que aquellos que buscan la manera de no pagar, o de pagar poco, lo consiguen…
-Cuando vemos a un señor que no paga y que anda en un auto bueno a nombre de sus primos o vive en una casa bárbara a nombre de sus padres, o muestra un nivel de vida que el juez puede medir, finalmente la sentencia sale como corresponde con una cuota acorde con las responsabilidades penales correspondientes. Igual, no deja de ser sumamente dificultoso. La gente también queda atada al abogado que consiguió, si tiene vocación de persecución y de servicio… Es un sistema que hay que fortalecer. En la justicia de familia hay problemas en las clases sociales muy altas, y en las bajas. Para un abogado sin vocación es poco tentador perseguir a un papá para que pague 500 pesos por mes. Lo que va a cobrar de eso es muy poco, se le va en tres estacionamientos. Por eso nuestra política de “abogados ad hoc” funciona bien, con un registro abierto de abogados voluntarios que cobran cuando consiguen la orden de los alimentos, la exclusión del hogar… En algún momento nos dijeron que era presupuesto… en 2009, insisto, costaron 2 millones de pesos… ¡Pero sacaron cinco mil sentencias! Y ninguno de ellos se hace rico con la Justicia de Familia. Son abogados de vocación. Todas las personas que trabajan en la justicia familiar tienen una gran vocación de servicio social, han hecho la opción por la abogacía. Ninguno de ellos va a cambiar de casa o de auto por trabajar en la Justicia de Familia. Es una opción de vida. Por eso los apoyamos tanto.
-No es un tema 'de reelección o no…' Es una decisión que toma la Corte en pleno. Normalmente se considera la coyuntura política… Se va a tener en cuenta quién gane las elecciones, los planes en desarrollo... De allí surge un consenso que a veces es unánime, a veces más ajustado… y se toma una decisión.
-¿Por qué miden la temperatura política para decidir quién preside la Corte? Usted no tiene pasado peronista, y sin embargo fue elegido presidente cuando Jaque promediaba su período…
-Justamente… No nos conviene un presidente de la Corte notablemente adversario, o notablemente amigo del Poder Ejecutivo. Se evalúa una designación que procure un equilibrio para transitar los dos años de gestión.
-¿Pero usted es candidato?
-Dos años es un período muy corto para desarrollar un plan. Le diría que si mis compañeros de Corte deciden que yo continúe, lo haría con gusto. Y si deciden que es otro, también. La tarea de ministro de la Corte es apasionante de igual forma.
-¿Cómo le llega la justicia al ciudadano común, que se siente afectado por algo y además tiene razón? ¿Cuánto tarde esa justicia en llegar?
-Voy a ser autocrítico. Traigo ese entrenamiento desde mi época docente, y en la actividad privada. Soy autocrítico con el Poder Judicial. Pero hay señales muy fuerte, positivas. La gente confía en nosotros y trae sus problemas, aunque hay un alto índice de conflictividad, algo que tenemos que analizar y que no depende en su totalidad del Poder Judicial. Digamos que nos ven como una instancia en la que pueden venir a resolver sus conflictos. Después el demandante se va a quejar de nuestra lentitud, y el demandado, de la rapidez. Llegarán más tarde las críticas que nos pidan mejorar la capacidad de respuesta. El dato alentador es que los mendocinos vienen a resolver sus cuestiones. Con los móviles judiciales y las líneas de comunicación, auscultamos todo el tiempo la opinión de los ciudadanos, aun de los que están lejos de la justicia, aunque vivan muy cerca del centro. Aquí no es cuestión de hacer lo mismo más rápido, eso no alcanza para cumplir con la demanda. Hemos conseguido la norma ISO 9000 con los Tribunales de Gestión Asociada, trabajamos con normas de calidad y eficiencia, y de todas formas no alcanzamos a dar respuesta. Tenemos que cambiar los procedimientos en lo esencial. Recibimos muchas ponderaciones de nuestros planes de transformación y por eso hemos conseguido el apoyo del Banco Mundial. Hay que hacer una reingeniería de procesos que cambie todo lo que estamos haciendo.
-¿Cómo consiguen que la burocracia, los abogados, la corporación judicial los acompañe?
-En general, tenemos un apoyo crítico. Pero es la Corte la que tiene que llevar adelante los procesos de cambio. Tenemos que ser los líderes. Los otros líderes naturales de este proceso son los jueces. Necesitamos salir de la mentalidad del juez de hace 150 años, cuando los magistrados –ante una población intelectualmente pobre- se refugiaban en despachos majestuosos y tronos para que la gente los viese importantes. Hoy la mentalidad es otra. Necesitamos que la población nos conozca para que nos aprecie. El resto, las asociaciones de abogados, de magistrados, gremios… acompañan de manera crítica.
"Para un abogado sin vocación es poco tentador perseguir a un papá para que pague 500 pesos por mes".
-Hablemos de plata y de funcionamiento del Poder Judicial… ¿cómo están para este año?
-Mal.
-¿Pero acostumbrados…?
-(risas) No. Pero la oportunidad de hacer los planteos será a fin de año, con el nuevo presupuesto. Estamos evitando estos debates ahora porque es año electoral, y los jueces de la Corte somos Junta Electoral. La oportunidad, aunque realizamos todos los trámites necesarios para conseguir lo que necesitamos para funcionar, ya pasó. Insistiremos después de las elecciones.
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-Mendoza tiene el índice de conflictividad más alto de todo el país por cada cien mil habitantes. Somos los primeros “cómodos”, y siguen más abajo Córdoba y Santa Fe. Hay factores que son muy mendocinos en este problema. El mendocino no se las aguanta. Si ve una situación de injusticia, la plantea. No es un hombre dócil como puede ocurrir en el norte del país, por ejemplo. Allí hay una diferencia de clases, de cultura, de sometimiento y de poder económico. A cambio, el mendocino tiene una fuerte conciencia igualitaria. No se achica. Si se siente víctima de una injusticia, pleitea. Y si considera que tiene algo de razón, la defiende con fuerza. Este rasgo no es definitorio en el nivel de conflictividad, pero contribuye mucho. Probablemente haya otros factores, como los sociales o familiares… El sobreendeudamiento personal, el consumismo, las tarjetas, mutuales, códigos de descuento…
-Ustedes iniciaron un proceso de depuración en la justicia laboral, que empezó por el Este… Descubrieron corrupción… ¿cómo van con eso?
-Estamos determinando responsabilidades. Ahora viene el ejercicio del derecho de defensa, cumplir con las garantías… es una meseta en la que es difícil acelerar, tanto en los procesos judiciales como en los internos de la justicia. Lo que hay que evitar es que haya linchamientos. Fíjese lo que ocurre con el Caso Schoklender… Llevamos diez días de linchamiento, y no lo hemos escuchado a él ni a su defensa. Queremos linchar a alguien cuando encontramos situaciones de injusticia. Nosotros nos preocupamos de que estas cosas ocurridas con la justicia laboral no se repitan en el futuro. La investigación hacia atrás viene con todas las garantías, y lentitudes que no estoy intentando justificar, y medidas de prevención hacia adelante.
-Cada vez que hay elecciones, y hechos de inseguridad, la política mira para el lado de la justicia y dice –como muchos- “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”. ¿Cómo marcha la administración de justicia penal? ¿Llega? ¿Hacen justicia realmente?
-Es la que tiene el proceso de transformación más profundo, con el nuevo Código Procesal Penal. Ustedes vieron cómo se actúa muy rápido en algunos temas, como en la estafa en Hacienda, o en algunos casos en los que se roza al poder político. Nuestros fiscales trabajan con independencia, normalmente, en el terreno real. Pero estos procesos no son muy rápidos. En el Este recién llevamos cuatro meses con el nuevo CPP. Nuestro ministerio Público tuvo que asumir la investigación, lo que antes hacía la policía con la dirección del juez. Hoy nos hemos metido en las comisarías a recibir las denuncias. Antes, las tomaba la policía, avisaba al juez… el juez resolvía según lo que le decían. Ahora, el auxiliar del fiscal está en la comisaría, toma la denuncia, el fiscal va directamente al terreno… Además, tenemos un promedio de edad muy joven entre los fiscales… aunque a veces la falta de experiencia, de “calle”, es criticada sobre todo por los viejos policías. Son los jóvenes los que deben llevar adelante este proceso de transformación. A los mayores, nos cuesta. Es difícil que alguien con mucha trayectoria acepte ir a las comisarías, cubrir turnos, quedarse de 12 a 6 de la mañana, trabajar en la trinchera con el barro hasta las rodillas.
-¿Qué aspectos de la reforma procesal penal deberían cambiar para mejorar el sistema?
-Aún es una etapa de implementación… pero debería opinar el Ministerio Público. No debería ser yo quien diga qué se debe cambiar del nuevo CPP para mejorarlo, sino el Procurador, el jefe de los fiscales. Está más cerca de los acontecimientos operativos. Para nosotros es un desafío, porque la aceleración de los fiscales produce algún tipo de atoramiento. Tenemos que reformar, urgente, nuestra forma de trabajo de fiscales y de cámaras. Los fiscales tienen que hacer un cuerpo de fiscales de cámara, y no mantener ese concepto 'estanco' de un fiscal por cada cámara. A veces hay juicios de cámara unipersonales, cuando las partes lo aceptan, y el fiscal sigue siendo uno solo.
-¿No sería mejor que el fiscal de cámara esté comprometido con una investigación desde el principio?
-Eso es algo altamente recomendable. Que el fiscal que va a llevar adelante el juicio frente a la Cámara, pudiese comprometerse desde el principio, comandar la investigación o dar las recomendaciones más importantes, que se hiciera responsable... Si no es así, ocurre que el fiscal de cámara encuentra defectos en la investigación del primer fiscal. Pero el sistema “estanco”, nos obligaría a definir la cámara desde el principio, algo que queremos evitar, para que no se elijan desde los abogados hasta toda la etapa probatoria en función de esa cámara. Estamos avanzando en proyectos de reforma, con las dificultades propias de nuestra organización.
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-He escuchado a muchos actores de la Justicia manifestar que la Cámara de Apelaciones del Crimen (1) se ha transformado en una especie de “cuello de botella”, de filtro de la Corte. Le han bautizado “Camarón”, inclusive… ¿Qué opina de esto?
-Tiene una ventaja. Hay en esa cámara tres jueces de probada y extensa calidad y trayectoria. Y tiene una contra, que es reconcentrar en esa cámara toda la capacidad de decisión. Esto encierra un riesgo: si en algún momento en esa cámara no coincidieron tres jueces de tal nivel de calidad, podría haber un grave problema institucional. Creo que debe haber movilidad en la integración de esa cámara. Su integración vino a resolver un problema: que no apareciese un mismo juez en distintas etapas de un proceso. Hubo nulidades importantes por ese problema, y una recomendación de la Corte Suprema de la Nación. Creo que hemos cumplido bien y no hay críticas, salvo este análisis político-judicial que usted hace de la concentración de causas en esta cámara. Es un tribunal que trabaja bien y está bien integrado. En la transformación hay que prever un grado de movilidad en su integración, con más jueces que vengan de otras cámaras. Esto brindaría mayor agilidad.
-¿Qué solidaridad encuentra en el poder político para hacer transformaciones? Ahora estamos en época electoral. Dudo que muchos candidatos se hayan sentado con usted a preguntarle qué necesita la Justicia para funcionar mejor…
-Mendoza tiene la ventaja de que uno se encuentra a los políticos en la casa de amigos comunes, en el café, en algún casamiento... Pero la verdad es que el único que se sentó conmigo a conversar sobre las necesidades de transformación del Poder Judicial ha sido Eduardo Sancho. Le pude comentar y explicar nuestro proyecto. Creo que en general la política no nos conoce del todo. A veces piensan que proyectos que nosotros consideramos cosméticos son una transformación. Pero lo que buscamos es el cambio de mentalidad. Tenemos más por dar.
-Por ser parte de la Junta electoral… ¿Cómo ven la implementación de las internas simultáneas, obligatorias y abiertas?
-Con mucha expectativa. El desafío es interesante. Sí tengo la impresión de que los partidos políticos no se han puesto en la sintonía que la ley invita. Todos han resuelto sus internas antes. Pareciera que se van a resolver en agosto cuestiones de segundo orden.
-Bueno… Mendoza no tiene una ley de primarias. Sí hay un proyecto que presentó el radicalismo. Raúl Vicchi es el autor…
-Mendoza tuvo un intento de regular las primarias, creo que fue la Ley 7002, si no recuerdo mal el número. En materia electoral, tenemos mucho que crecer. Hay que hacer una tarea de docencia fuerte. Nosotros lo hacemos con el doctor Puebla. Hace diez días estuvimos en Tunuyán, dando incluso explicaciones sobre el esquema nacional, que no es nuestra competencia. Me parece que falta aquí que los partidos políticos, que son los actores de esto, se comprometan en informar.
-En estos días cumplió años una ley que regula la minería, la 7722, de la que se hablará mucho en campaña electoral. ¿Cuántos planteos de inconstitucionalidad tienen y en qué grado de avance están?
-Hay ocho, tal vez nueve planteos. La mayoría son de organizaciones ambientales. Ninguno de los casos está con sentencia aún. La etapa probatoria es muy lenta. Hay oficios que van y vienen de Canadá, o a Europa, por ejemplo.
-¿Le cambiaría algo a la Constitución Provincial?
-Terminaría de perfilar las autonomías municipales. No podemos decir que no la haya, porque la Constitución del ’16, más la Ley Orgánica más la jurisprudencia configuran un escenario de autonomía, pero aún falta. Creo que la Constitución debería reflejarla mejor. Hay proyectos de artículos en ese sentido. En cuanto a otros temas, descartaría todo lo nacional en derechos fundamentales, porque no hay déficit allí. En cuanto a lo judicial, habría que reformar las antigüedades necesarias para acceder al cargo de juez. Un año, es poco… los plazos para arribar a la magistratura son muy cortitos…
-¿Necesitan jueces con más ‘calle’?
-Con más experiencia. También habría que modificar la integración del Jury y dar cabida a algún otro sector, además del judicial y el político. En algunas provincias hay representantes populares que no son abogados.
-El jury mendocino es complejo, 14 legisladores y siete jueces… gana siempre la política.
-Rara vez la política viene unificada a un Jury de enjuiciamiento. El sistema mendocino no es malo. Alguien podría decir que está desequilibrado… pero permite la participación de personas que no son abogados. Eso da perspectivas interesantes.
-¿Juicios por jurado y oralidad civil están en las metas?
-Observamos mucho lo que pasa en Córdoba con los juicios por jurado. Y la oralidad en la justicia civil es una de nuestras metas.
-¿Cómo analiza la capacidad de jueces y fiscales mendocinos? Han aparecido casos de comportamientos malos, incluso objeto de investigación legal… sospechas de plantar pruebas… ¿No cree que los jueces deberían ser sometidos a análisis psicotécnicos con cierta periodicidad?
-No quiero entrar en polémica con declaraciones recientes de Adaro. Los jueces son evaluados antes de ingresar. No sólo ellos. Todo el personal de la Justicia es evaluado. Nadie ingresa sin un estudio físico, psíquico y técnico. Salvo en la Suprema Corte, donde las elecciones son del tipo político. La evaluación técnica del juez se hace de manera permanente. Las sentencias están todas disponibles, online. Todo se puede revisar, y cada juez es responsable de las sentencias. Lo mismo en la justicia civil, aun en expedientes reservados, se pueden compulsar los tiempos que tarda el juez, y los movimientos que ha tenido un caso. Hoy, comprobar la capacidad técnica de un juez es facilísimo. Y las comisiones legislativas habilitadas pueden revisar todo, y aun contratar expertos para ello. Un ejemplo por el contrario: las sentencias de Aída Kemelmajer de Carlucci son caso público de erudición y son investigadas por universidades de diversos países del mundo. Están ahí, en Internet. Todo el mundo las puede ver. Una mala sentencia no se puede esconder. No tenemos manera de ocultar los errores de un juez. Son públicos, están escritos en expedientes. Sería imposible esconder la capacidad de un juez. No me preocupa. Sí me preocupa que estén capacitados, que estudien… La carrera de magistratura y gestión judicial nos está dando los primeros resultados. Nos usan a nosotros de “conejillos de indias”. Ya salen las primeras monografías para aprobar el Magister. En este momento hay terminadas siete u ocho y en elaboración unas 20 más, y todas consisten en revisar cómo funcionamos. Hasta el Jury es objeto de estudio. Eso nos da una masa crítica de pensamiento muy grande. Para el futuro, lo que me preocupa es formar recursos.
Habría que revisar qué experiencia dejó en otros países -creo que mala-el tener jueces periódicos. Es decir, magistrados que en seis años o siete pueden ser excluidos de la magistratura. El primer problema es quién toma el examen. Debería ser alguien totalmente desvinculado de todos los procesos que lleva ese juez, y de todos los estudios jurídicos involucrados, y si algún caso rozó al gobierno, también deben ser excluidos… ¿Qué hacemos? ¿Traemos chilenos? Porque no sé si hay sanjuaninos o porteños involucrados con intereses de aquí. Lo que creo es que hay que confiar en el sistema que tenemos, que permite revisar cualquier sentencia, cualquier acción de cualquier juez. En cuanto a las revisiones físicas y psíquicas, hay una ley que aumentó el rigor en la selección, incluso en los relatores, funcionarios, secretarios… Deberíamos encontrar un sistema equilibrado que permita revisar, por ejemplo, la actuación de un juez con ausencias prolongadas por problemas de salud, por ejemplo, y si fuera el caso. Las deficiencias psíquicas, son motivo de denuncias amplias, y públicas. Lo único que hace falta para llegar a un Jury con una denuncia de este tipo es tener un patrocinio letrado. Hay casi 8.000 abogados matriculados en Mendoza, de los cuales unos cinco mil están en actividad.
-¿Más que policías?
-Y… puede ser… Me parece bien la preocupación por estos aspectos de los jueces y la justicia. Pero son detalles, no hacen a la reforma de fondo que necesita el Poder Judicial. Son debates de segundo orden que aparecen cada vez que hay elecciones.
-¿Cómo el “entran por una puerta y salen por la otra”?
-¡Ya me pasó en 2009! Me preguntaban qué opinaba de tres proyectos de ley que había mandado el Ejecutivo... Les dije que no queríamos opinar, que éramos Junta Electoral, que lo discutiésemos después del 28 de junio. Se los dije a varios colegas suyos. Ninguno volvió a preguntar después de las elecciones. Debatamos esos temas después.
-¿Cuánto tarda hoy una mujer que va a la Justicia para pelear por la pensión alimentaria, en obtener una sentencia favorable? ¿Cuánto espera para cobrar?
-Esto tiene diversos tiempos. Si la señora primero tuvo que ir a un defensor oficial porque no tiene medios para solventar un abogado, es allí donde tenemos muchos refuerzos. Tenemos co-defensores, y además abogados “ad hoc” que se inscriben en un registro, y cobran sólo cuando obtienen una sentencia favorable. Estos “ad hoc” nos cuestan unos dos millones de pesos al año pero sacan casi cinco mil sentencias. A veces les hacemos liquidaciones de sumas altas de dinero, pero la verdad es que trabajan muchísimo. Si la que viene es una señora que tiene trabajo y se acaba de separar del marido, la velocidad de resolución de su caso será menor, seguramente, al de una mujer sin trabajo cuyos cuatro hijos necesitan de la pensión alimentaria para subsistir. Nuestro sistema de jueces y defensores le da protección a los que más lo necesitan, de manera urgente. Esto no quiere decir que cobren rápido. Eso depende de si el marido es ubicable, si trabaja en negro, si está registrado. A veces no hay dónde cobrarles. Por eso preocupa la economía informal, por eso se hizo un registro de deudores alimentarios… a veces se resuelven rápido las sentencias y después estas señoras igualmente no pueden cobrar, o les cuesta mucho. A veces, pasa… Es un tema muy complejo, aunque después hay responsabilidades penales.
-Da la sensación de que aquellos que buscan la manera de no pagar, o de pagar poco, lo consiguen…
-Cuando vemos a un señor que no paga y que anda en un auto bueno a nombre de sus primos o vive en una casa bárbara a nombre de sus padres, o muestra un nivel de vida que el juez puede medir, finalmente la sentencia sale como corresponde con una cuota acorde con las responsabilidades penales correspondientes. Igual, no deja de ser sumamente dificultoso. La gente también queda atada al abogado que consiguió, si tiene vocación de persecución y de servicio… Es un sistema que hay que fortalecer. En la justicia de familia hay problemas en las clases sociales muy altas, y en las bajas. Para un abogado sin vocación es poco tentador perseguir a un papá para que pague 500 pesos por mes. Lo que va a cobrar de eso es muy poco, se le va en tres estacionamientos. Por eso nuestra política de “abogados ad hoc” funciona bien, con un registro abierto de abogados voluntarios que cobran cuando consiguen la orden de los alimentos, la exclusión del hogar… En algún momento nos dijeron que era presupuesto… en 2009, insisto, costaron 2 millones de pesos… ¡Pero sacaron cinco mil sentencias! Y ninguno de ellos se hace rico con la Justicia de Familia. Son abogados de vocación. Todas las personas que trabajan en la justicia familiar tienen una gran vocación de servicio social, han hecho la opción por la abogacía. Ninguno de ellos va a cambiar de casa o de auto por trabajar en la Justicia de Familia. Es una opción de vida. Por eso los apoyamos tanto.
(*) Ricardo Montacuto. Periodista. Ex director de MDZ Online. @montacuto en Twitter. www.facebook.com/ricardo.montacuto; [email protected]
Referencias: (1) Cámara de Apelaciones del Crimen. Integrada por los jueces Alejandro Miguel, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas.