"La reelección del gobernador no es prioritaria"
Especialista en Derecho Constitucional.
La doctora Gabriela Ábalos es una de las más sólidas referentes del ámbito constitucional mendocino. Su trayectoria docente como profesora de Derecho Constitucional, tanto en la Universidad Nacional de Cuyo como en la Universidad de Mendoza, se complementa con su labor como jueza del Tercer Juzgado Tributario de la provincia.
Asimismo, realiza tareas de estudio e investigación junto a otro destacado constitucionalista, el doctor Dardo Pérez Gilhou, quien no duda en mencionarla como una joven profesional que “se dice mi discípula, pero que me ha superado ampliamente”, según confesó hace unos días a MDZ. Juntos han trabajado diversos aspectos que tienen que ver con la Constitución Provincial, y en especial con sus posibilidades de reformas, siendo la más urgente aquella que hace referencia a la autonomía municipal.
Cree que la Constitución Provincial de 1916 “es brillante, de avanzada con una gran previsión de futuro. Incluye derechos sociales antes que las primeras del mundo que lo contemplaron, como Querétalo (México) y Weimar (Alemania) que son del ‘17 y del ‘19, respectivamente”. Estima que mucho de ese espíritu tiene que ver con la personalidad de Julián Barraquero, que pensó un instrumento “que nos ha permitido llegar hasta acá” sin mayores problemas. Piensa que si hasta este momento no se ha reformado eso no debe ser malentendido: “eso es porque precisamente esta Constitución es muy buena, e incluso hemos superado a otras provincias que sí las han reformado”.
- ¿Qué opina de la oportunidad de este nuevo intento de reforma constitucional?
- Atento que la Constitución exige, tanto para la reforma total o parcial sea refrendada por la ciudadanía en las elecciones de diputados, en mi opinión en cada elección –sea del gobierno que fuere- se pone en el tapete la posibilidad o no de aprovechar esa elección. En términos generales hemos tenido respuestas muy coyunturales, como fue la reforma del artículo 151 de indexación de los jueces. Este año, creo que la intención del gobierno es aprovechar la elección para motorizar una reforma.
- Atento que la Constitución exige, tanto para la reforma total o parcial sea refrendada por la ciudadanía en las elecciones de diputados, en mi opinión en cada elección –sea del gobierno que fuere- se pone en el tapete la posibilidad o no de aprovechar esa elección. En términos generales hemos tenido respuestas muy coyunturales, como fue la reforma del artículo 151 de indexación de los jueces. Este año, creo que la intención del gobierno es aprovechar la elección para motorizar una reforma.
- Muchos referentes partidarios han coincidido que justamente para avanzar en la reforma lo más aconsejable son años no electorales, para madurar, y profundizar un cambio perdurable…
- En realidad, si se quisiera de verdad hacer eso, se podría hacer perfectamente porque el año no electoral se podría usar efectivamente para debatir sobre la reforma, dejarla cerrada y votada en la Legislatura para que la ciudadanía decida al año siguiente. Creo que ese argumento también puede responder a cuestiones coyunturales… para mí, falta voluntad de debatir con calma, más que echarle la culpa a la Constitución. Si no se quiere debatir en serio, da lo mismo que sea un año electoral o no.
- Nuestra Constitución se encamina a cumplir casi 100 años. ¿Por qué cree que durante este tiempo no ha existido esta voluntad de debate profundo?
- Las respuestas pueden ser muy variadas. Si comparamos con otras provincias, del ’83 a la fecha, la mayoría ha reformado su Constitución, una, dos y tres veces. Han utilizado la reforma en respuesta a cuestiones coyunturales. Y en esas provincias observamos que, además, no hay el mecanismo de consulta al electorado que tiene Mendoza.
- ¿Usted cree que esta cláusula ha sido decisiva en nuestra provincia?
- Cuando se trata de acuerdos legislativos que habiliten la reforma, estos suelen lograrse, a veces con mayor o menor dificultad, pero se arriba. Si Mendoza no tuviera la necesidad de referéndum popular, hubiera reformado Bordón, Iglesias… y Mendoza no tendría el “atraso” entre comillas que visualizamos.
- ¿Este “atraso” para usted es positivo?
- En Mendoza se exige para la reforma no solo el consenso entre los representantes, sino también el consenso de los representados. Esto supone que a la población hay que convencerla, de la necesidad, de la conveniencia y de la oportunidad de la reforma.
- ¿Así se explicaría desde lo técnico la casi inmovilidad del texto constitucional?
- También hay argumentos sociológicos, geográficos, culturales, que tienen que ver con la idoscincracia mendocina, pero no le echaría la culpa al carácter conservador mendocino. Lo cierto es que desde el ‘83 para acá, la clase dirigente ha obtenido acuerdos entre sí pero no con el electorado.
- ¿Esto agrava la dificultad de reforma?
- Para Mendoza es más difícil que para las demás provincias, pero eso no tiene que ver con una mentalidad retrógrada de los mendocinos. Tenemos un mecanismo especialmente complejo que llama a la búsqueda de consenso.
- ¿Cuánto influye la interpretación del artículo 221 sobre la mayoría necesaria para habilitar la necesidad de la reforma?
- Evidentemente el fallo de la Corte del año ‘89 es determinante. Si en ese momento, la Corte hubiera flexibilizado y dicho que basta con la mayoría absoluta de los que votaron, se hubiera reformado con Bordón, con Iglesias y con Cobos. Hubiésemos tenido una flexibilidad de reforma que justamente ese fallo endurece. La Corte entiende que en un tema como éste, la reforma de la Constitución, no es razonable dejarlo en manos de una mayoría coyuntural y que debe ser una mayoría contundente. Pero el problema no termina ahí, porque la Corte también podía entender que la mayoría se cumplía con los que votaron y no con los empadronados…
- No todos los que están en el padrón, votan.
- Claro, además hay personas fallecidas, gente que está en otro lugar, que no tiene la obligación de votar y a ese no votante se le da un peso. En definitiva se le da una herramienta que pesa en contra de la decisión que opta la mayoría. Este fue el obstáculo interpretativo que terminó de cerrar el moño, pero siempre hago hincapié en la necesidad de conciencia de la clase dirigente para convencer al electorado.
- ¿Cree que el electorado no tiene o no ha tenido toda la información como para saber de qué se trata?
- El mendocino, en términos generales, no es un votante cautivo que siga a un dirigente sólo porque sea del partido tal, se plantea si no está dando un cheque en blanco… y ante la duda, prefiere dejar todo como está.
- ¿Cómo se puede subsanar esta necesidad de la política de usar la Constitución para fines coyunturales, algo que ha sido la gran prevención de los constitucionalistas?
- No solo de ellos, también de la gente. Más allá de los términos constitucionales, la gente ha sentido lo mismo. Se puede solucionar con capacitación, explicitando claramente los proyectos de reforma bajo la manera mendocina de entender las cosas. El miedo de los electores es que esas ideas terminen transformando a la provincia en Venezuela o en una provincia de esas de las que institucionalmente estamos muy lejos.
- ¿Algún consejo para que esto no suceda?
- Este gobierno, o el que fuese, debe tomar la decisión de encarar la empresa más importante del siglo XX y principios del XXI como es modificar la Carta Magna provincial, como “la” prioridad. Eso implica capacitar a los dirigentes, que los legisladores tengan el apoyo de especialistas, que se difunda el proyecto, dando una discusión en serio para que cuando llegue el momento de la elección el ciudadano haya podido acompañar el proceso. En la agenda debe estar primero esto porque es lo más importante desde el punto de vista institucional.
- Desde su opinión, y al margen de la autonomía municipal, ¿qué otros aspectos cree que de manera prioritaria debe contener la nueva Constitución?
- Como primera medida hay que aggionarla a la Constitución Nacional. Eso implica incluir derechos de tercera generación; replantearse el período de sesiones del Poder Legislativo; la organización del agua, conforme a la realidad actual; profundizar las instituciones de control (Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas), pero también controles ciudadanos con mecanismos ágiles… En mi opinión, la reelección del gobernador no es prioritaria, como sí lo es en Mendoza, el tema del agua, pero según los criterios que establezcan los especialistas. Claro, esto entendido como una visión de máxima, que por supuesto incluya la autonomía municipal, especialmente la descentralización.
- ¿Por qué no a la reelección?
- Porque eso le da un dinamismo fenomenal a la política mendocina, sin caudillos que se atornillen en el poder. Yo no tocaría la reelección.
- ¿Y respecto de la representación legislativa para los departamentos?
- Tal como está hoy, con dos cámaras con la misma representación, no tiene sentido. Las circunscripciones electorales reúnen departamentos más poblados con menos poblados, y estos últimos, obviamente salen perdiendo. Las realidades son distintas, y lo que es peor de todo es que los municipios no tienen representación. En el Senado debe haber representantes por municipios.
- ¿Cómo debería responder una nueva Constitución en el caso de la explotación de los recursos naturales, en particular la minería, y de ésta en relación con el uso del agua que es clave para Mendoza?
- La línea básica la da la Constitución Nacional que dice que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Lo que viene pasando desde hace décadas en Argentina es que las explotaciones y las concesiones vienen de mano de la Nación. Así, la Provincia y los municipios generalmente quedan al margen de las decisiones nacionales. Hay que establecer un trabajo en conjunto.
- ¿Esto no debería tener una salvaguarda constitucional especial, sabiendo lo estratégico de este recurso para la provincia y la importancia que tiene para el desarrollo de la actividad agroindustrial?
- Cualquier actividad productiva que dañe el recurso principal de Mendoza debe tener un límite. La subsistencia de los tres oasis mendocinos depende del agua: es un recurso clave que no puede desconocerse, pero lo más importante es trabajar de manera coordinada. Sin embargo, no hay que creer que el resguardo sólo viene de una cláusula constitucional: es mucho más complejo.
- ¿Es factible lograr que los mendocinos perciban que una reforma de la Constitución en definitiva va en la dirección de mejorar sus condiciones de vida y no como una mera reforma política que únicamente le sirve a la clase dirigente?
- Ese es el gran tema. Yo creo que sí se puede. Especialmente si todos asumimos nuestra responsabilidad y somos conscientes que hay que convencer, en el buen sentido, que retocar algunos puntos de la Constitución nos va a mejorar. Para ello, los dirigentes deben estar convencidos y abrir el juego.
- ¿Cómo imagina una Constitución para el siglo XXI, digna continuadora de la obra de Barraquero?
- Creo que el mayor desafío es ser tan sabios como lo fueron los constitucionalistas del ’16… así podría durar ochenta o noventa años más como ha durado nuestra Constitución. Creo que esto se puede lograr sin copiar, ni perder de vista la realidad mendocina y la previsión de futuro. Obviamente debe contener derechos humanos, principios democráticos y republicanos, con fuertes controles y mayor participación popular. Si el mendocino siente que esa Constitución lo representa, va a sentir también que lo va a gobernar tan bien como ésta otra.
- En realidad, si se quisiera de verdad hacer eso, se podría hacer perfectamente porque el año no electoral se podría usar efectivamente para debatir sobre la reforma, dejarla cerrada y votada en la Legislatura para que la ciudadanía decida al año siguiente. Creo que ese argumento también puede responder a cuestiones coyunturales… para mí, falta voluntad de debatir con calma, más que echarle la culpa a la Constitución. Si no se quiere debatir en serio, da lo mismo que sea un año electoral o no.
- Nuestra Constitución se encamina a cumplir casi 100 años. ¿Por qué cree que durante este tiempo no ha existido esta voluntad de debate profundo?
- Las respuestas pueden ser muy variadas. Si comparamos con otras provincias, del ’83 a la fecha, la mayoría ha reformado su Constitución, una, dos y tres veces. Han utilizado la reforma en respuesta a cuestiones coyunturales. Y en esas provincias observamos que, además, no hay el mecanismo de consulta al electorado que tiene Mendoza.
- ¿Usted cree que esta cláusula ha sido decisiva en nuestra provincia?
- Cuando se trata de acuerdos legislativos que habiliten la reforma, estos suelen lograrse, a veces con mayor o menor dificultad, pero se arriba. Si Mendoza no tuviera la necesidad de referéndum popular, hubiera reformado Bordón, Iglesias… y Mendoza no tendría el “atraso” entre comillas que visualizamos.
- ¿Este “atraso” para usted es positivo?
- En Mendoza se exige para la reforma no solo el consenso entre los representantes, sino también el consenso de los representados. Esto supone que a la población hay que convencerla, de la necesidad, de la conveniencia y de la oportunidad de la reforma.
- ¿Así se explicaría desde lo técnico la casi inmovilidad del texto constitucional?
- También hay argumentos sociológicos, geográficos, culturales, que tienen que ver con la idoscincracia mendocina, pero no le echaría la culpa al carácter conservador mendocino. Lo cierto es que desde el ‘83 para acá, la clase dirigente ha obtenido acuerdos entre sí pero no con el electorado.
- ¿Esto agrava la dificultad de reforma?
- Para Mendoza es más difícil que para las demás provincias, pero eso no tiene que ver con una mentalidad retrógrada de los mendocinos. Tenemos un mecanismo especialmente complejo que llama a la búsqueda de consenso.
- ¿Cuánto influye la interpretación del artículo 221 sobre la mayoría necesaria para habilitar la necesidad de la reforma?
- Evidentemente el fallo de la Corte del año ‘89 es determinante. Si en ese momento, la Corte hubiera flexibilizado y dicho que basta con la mayoría absoluta de los que votaron, se hubiera reformado con Bordón, con Iglesias y con Cobos. Hubiésemos tenido una flexibilidad de reforma que justamente ese fallo endurece. La Corte entiende que en un tema como éste, la reforma de la Constitución, no es razonable dejarlo en manos de una mayoría coyuntural y que debe ser una mayoría contundente. Pero el problema no termina ahí, porque la Corte también podía entender que la mayoría se cumplía con los que votaron y no con los empadronados…
- No todos los que están en el padrón, votan.
- Claro, además hay personas fallecidas, gente que está en otro lugar, que no tiene la obligación de votar y a ese no votante se le da un peso. En definitiva se le da una herramienta que pesa en contra de la decisión que opta la mayoría. Este fue el obstáculo interpretativo que terminó de cerrar el moño, pero siempre hago hincapié en la necesidad de conciencia de la clase dirigente para convencer al electorado.
- ¿Cree que el electorado no tiene o no ha tenido toda la información como para saber de qué se trata?
- El mendocino, en términos generales, no es un votante cautivo que siga a un dirigente sólo porque sea del partido tal, se plantea si no está dando un cheque en blanco… y ante la duda, prefiere dejar todo como está.
- ¿Cómo se puede subsanar esta necesidad de la política de usar la Constitución para fines coyunturales, algo que ha sido la gran prevención de los constitucionalistas?
- No solo de ellos, también de la gente. Más allá de los términos constitucionales, la gente ha sentido lo mismo. Se puede solucionar con capacitación, explicitando claramente los proyectos de reforma bajo la manera mendocina de entender las cosas. El miedo de los electores es que esas ideas terminen transformando a la provincia en Venezuela o en una provincia de esas de las que institucionalmente estamos muy lejos.
- ¿Algún consejo para que esto no suceda?
- Este gobierno, o el que fuese, debe tomar la decisión de encarar la empresa más importante del siglo XX y principios del XXI como es modificar la Carta Magna provincial, como “la” prioridad. Eso implica capacitar a los dirigentes, que los legisladores tengan el apoyo de especialistas, que se difunda el proyecto, dando una discusión en serio para que cuando llegue el momento de la elección el ciudadano haya podido acompañar el proceso. En la agenda debe estar primero esto porque es lo más importante desde el punto de vista institucional.
- Desde su opinión, y al margen de la autonomía municipal, ¿qué otros aspectos cree que de manera prioritaria debe contener la nueva Constitución?
- Como primera medida hay que aggionarla a la Constitución Nacional. Eso implica incluir derechos de tercera generación; replantearse el período de sesiones del Poder Legislativo; la organización del agua, conforme a la realidad actual; profundizar las instituciones de control (Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas), pero también controles ciudadanos con mecanismos ágiles… En mi opinión, la reelección del gobernador no es prioritaria, como sí lo es en Mendoza, el tema del agua, pero según los criterios que establezcan los especialistas. Claro, esto entendido como una visión de máxima, que por supuesto incluya la autonomía municipal, especialmente la descentralización.
- ¿Por qué no a la reelección?
- Porque eso le da un dinamismo fenomenal a la política mendocina, sin caudillos que se atornillen en el poder. Yo no tocaría la reelección.
- ¿Y respecto de la representación legislativa para los departamentos?
- Tal como está hoy, con dos cámaras con la misma representación, no tiene sentido. Las circunscripciones electorales reúnen departamentos más poblados con menos poblados, y estos últimos, obviamente salen perdiendo. Las realidades son distintas, y lo que es peor de todo es que los municipios no tienen representación. En el Senado debe haber representantes por municipios.
- ¿Cómo debería responder una nueva Constitución en el caso de la explotación de los recursos naturales, en particular la minería, y de ésta en relación con el uso del agua que es clave para Mendoza?
- La línea básica la da la Constitución Nacional que dice que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Lo que viene pasando desde hace décadas en Argentina es que las explotaciones y las concesiones vienen de mano de la Nación. Así, la Provincia y los municipios generalmente quedan al margen de las decisiones nacionales. Hay que establecer un trabajo en conjunto.
- ¿Esto no debería tener una salvaguarda constitucional especial, sabiendo lo estratégico de este recurso para la provincia y la importancia que tiene para el desarrollo de la actividad agroindustrial?
- Cualquier actividad productiva que dañe el recurso principal de Mendoza debe tener un límite. La subsistencia de los tres oasis mendocinos depende del agua: es un recurso clave que no puede desconocerse, pero lo más importante es trabajar de manera coordinada. Sin embargo, no hay que creer que el resguardo sólo viene de una cláusula constitucional: es mucho más complejo.
- ¿Es factible lograr que los mendocinos perciban que una reforma de la Constitución en definitiva va en la dirección de mejorar sus condiciones de vida y no como una mera reforma política que únicamente le sirve a la clase dirigente?
- Ese es el gran tema. Yo creo que sí se puede. Especialmente si todos asumimos nuestra responsabilidad y somos conscientes que hay que convencer, en el buen sentido, que retocar algunos puntos de la Constitución nos va a mejorar. Para ello, los dirigentes deben estar convencidos y abrir el juego.
- ¿Cómo imagina una Constitución para el siglo XXI, digna continuadora de la obra de Barraquero?
- Creo que el mayor desafío es ser tan sabios como lo fueron los constitucionalistas del ’16… así podría durar ochenta o noventa años más como ha durado nuestra Constitución. Creo que esto se puede lograr sin copiar, ni perder de vista la realidad mendocina y la previsión de futuro. Obviamente debe contener derechos humanos, principios democráticos y republicanos, con fuertes controles y mayor participación popular. Si el mendocino siente que esa Constitución lo representa, va a sentir también que lo va a gobernar tan bien como ésta otra.