Obra pública: la desesperante situación de las pymes ante la "motosierra" de Milei
Por decirlo de un modo suave, el sector de la construcción no sale de su asombro. Es que, aunque no era novedad que el nuevo Gobierno nacional de Javier Milei paralizaría la obra pública, nunca imaginaron que incumpliría con los contratos en curso.
Tampoco que no pagara los certificados de obra ya aprobados de tramos realizados y cumplidos por parte de las empresas. En este marco, denuncian “estafa” por parte de la Nación y han tenido que achicar al máximo sus estructuras con gran impacto en las fuentes de trabajo.
Es que, si bien en Mendoza tanto la provincia como los municipios han intentado mantener algunas obras, lo cierto es que según expresan desde las entidades gremiales empresarias, el ritmo se ha ralentizado. Además, tanto en esta provincia como en otras, existen infinidad de proyectos con financiamiento exclusivamente nacional que han quedado en la nada. La construcción de escuelas es el ejemplo más emblemático, pero hay otros casos con una novedad que también ha dejado sin margen a las empresas.
Es que la Nación tampoco ha pagado certificados de obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es decir, por dinero que viene desde esa entidad con fines específicos, pero que no llegan a las empresas prestadoras de servicios. “Vemos un 2024 muy complejo, porque no tenemos respuesta clara de la Nación y porque muchos funcionarios no están nombrados”, expresó Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim).
Al parecer, la falta de personas a cargo en las distintas entidades sería uno de los puntos que dificultaría la carga de certificados, pero es algo que tampoco está del todo claro. En estos meses, las pymes –acostumbras a surfear la ola- han tenido que despedir a buena parte de su personal y aguantan sin casi movimientos con gran incertidumbre. Es que la opción de “mudarse” a la obra privada como para sostener la estructura no es sencilla con los altos costos en dólares que hoy tiene la construcción.
Esta situación se suma al desfinanciamiento por la falta de pago nacional y que ha desequilibrado a las empresas que tenían sus patas repartidas entre la obra pública y la privada.
La problemática del desempleo
En Mendoza, según cifras de la Cecim, ya se han perdido unas 4.000 fuentes de trabajo al tiempo que en la Nación las cifras son muy altas. Gerardo Fernández, secretario de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), sumó que en todo el país y sobre la base de cifras del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), se han perdido unos 170.00 puestos de trabajo por la caída en la obra pública.
“El problema es que, si bien la obra pública tiene mucho empleo en blanco, no es lo mismo ni con las privadas ni con las particulares ni con otros empleos asociados al sector”, comentó Fernández. Así, por cada trabajo formal se estima que se pierde al menos uno más informal y la caída en el empleo podría alcanzar a más de 300.000 personas. Es que no se trata solo del personal que está en obra sino también –entre otros- de cuentapropistas, fleteros, changadores y ayudantes de corralones y negocios asociados a la construcción.
Según el relevamiento para marzo de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) las ventas minoristas cayeron un 12,7% y casi un 20% en el sector de la construcción (ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción). “Hacía muchos años que no vivíamos algo así y el incumplimiento de pagos de certificados es muy controvertido y raro”, expresó Barbeito. En palabras de Fernández, el Estado nacional ha violado los contratos de manera serial y sistemática.
“El Gobierno tiene derecho a no hacer nunca más obra pública o a dejar abandonadas las construcciones existentes, lo que no puede hacer es incumplir contratos”, destacó el referente de la CPC. En este marco, Fernández destacó que coinciden con el discurso del presidente Milei acerca de la inseguridad jurídica del país y del problema ético que caracteriza a la Argentina. “Y hoy ambas situaciones son fomentadas por el mismo Estado que las critica y que ha incurrido en estafa con las empresas que han cumplido con sus prestaciones y a las que no se les ha pagado”, subrayó el empresario.