La verdad sobre Cerro Amarillo: cómo es el proyecto y qué expectativas reales hay

“Vamos a tener bajo perfil mientras dure el proceso legislativo y no habrá declaraciones a la prensa hasta después de que haya definiciones”, dijo Jorge Bengoechea, el geólogo a quien fue concesionado el proyecto cuprífero Cerro Amarillo.

En virtud del contexto, quizás hoy una de las palabras más buscadas si se considera que es algo así como “el dueño” de Cerro Amarillo en Malargüe, el yacimiento que 8 años después vuelve a poner sobre el tapete el tema minero en Mendoza y bajo la administración Suárez, cuando todo indicaba que bajo su gestión era un caso cerrado. Bengoechea está al frente de Huayra, subsidiaria de la canadiense Meryllion, hoy en manos de capitales argentinos y la firma que eventualmente pondría en marcha al proyecto. 

Con reservas estimadas en no menos de 50 millones de toneladas de cobre, un proyecto de estas características, de resultar factible, puede requerir una inversión para su construcción de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, más de 4.000 empleos directos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la explotación.

Lo cierto es que días atrás empezó el debate en la legislatura respecto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del yacimiento para su exploración y tal como el propio gobierno dejó asentado a través de un comunicado oficial, “el proyecto de cobre no interfiere con la ley 7722 ya que el yacimiento no utilizará sustancias químicas prohibidas por la legislación vigente ni afectará los cursos de agua”. 

Dada la controversia, al inicio del debate se informó que la legislatura mendocina “se tomará todo el tiempo necesario para que la propuesta salga con el mayor consenso posible”. 

Y el tiempo, el tiempo es la clave. Así las cosas, si la idea inicial era aprovechar la campaña estival de exploración que para todas las empresas mineras se extiende desde octubre del año en curso a más o menos mayo del año siguiente para aprovechar las condiciones climáticas, todo parece indicar que esto no será así. Al menos no en lo que resta del año y apuntando al 2023, hasta tanto haya definiciones legislativas.

“Todo proyecto que se presente debe ser evaluado conforme la ley, y si es viable técnicamente debería aprobarse y avanzar ya que precisamos explorar muchos proyectos para que algunos de ellos alcancen un potencial centro productivo después de al menos 10 años de exploración”, puntualizó Marita Ahumada, geóloga de vasta trayectoria y actual presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM).

Según Ahumada, el proyecto requiere de muchos programas de perforación y actualmente lo que se está haciendo y, conforme la ley, es solicitar el primero de los permisos. Este necesitará varios años de inversiones de riesgo en exploración para ver si la zona cuenta con algún potencial de desarrollo.

 “Las probabilidades que así sea son actualmente del 5% o menos; son diferentes etapas de trabajo en minería que necesariamente deben cumplirse. Se exploran muchos proyectos para encontrar la "aguja en el pajar". Si fuera que Cerro Amarillo pudiera tener interés de desarrollo, digamos de aquí a 10 años, llevaría otros 5 años al menos realizar estudios multidisciplinarios para evaluar técnica y económicamente cómo se encuentra el mineral, cómo se podría minar, y que método se usaría”, detalló la geóloga. 

El método de extracción es precisamente otro de los puntos clave. Por estos días y en muchos medios se habla de xantatos, es decir de los reactivos que se utilizarían para la separación del mineral. No de sulfuración, ni de cianuro, porque no está contemplado por la ley. 

Los xantatos son una posibilidad. Pero esta es una instancia en la que se debe definir si se explorará o no. El método de extracción llegará después. “Sería como querer saber desde antes de nacer, si nuestro hijo será atleta olímpico o no. Los resultados para saber si el proyecto puede convertirse en un centro productivo de cobre no podrían obtenerse en menos de alrededor de 12 o 15 años. Son al menos 8-10 años de exploración y otros 5 años de evaluación técnica, en líneas generales”, explicó Marita Ahumada.

Subirse al tren

Hablar de cobre en la actualidad es hablar de transición energética. La realidad es que aún con el viento a favor que presenta el desarrollo tecnológico en pro del cuidado ambiental en la que el metal rojo es clave, en la Argentina aún no hay en marcha proyectos de cobre. 

En San Juan, el proyecto Josemaria ya con su DIA aprobada y en etapas iniciales para su construcción (líneas eléctricas, caminos y campamentos), ha tenido dilataciones por problemas con el financiamiento que se justifican en la situación tributaria y financiera del país. La proyección inicial, y sin considerar estas variables, fue que pueda entrar en producción en tres años estimativamente. Se trata de una mega inversión por parte de Lundin Mining, en donde para tener una idea, sólo la obra eléctrica para la mina tiene un costo de 200 millones de dólares. 

En Mendoza actualmente se define la exploración de Cerro Amarillo. Una instancia que será decidida por legisladores. No por ingenieros de minas, ni técnicos mineros, ni geólogos; esta es la ley.

La gente del mundo minero sabe que por cada cien blancos que se perforan, sólo uno se convierte en mina. Traducido: Un proceso largo con inversión de riesgo.

En Malargüe lo saben, así como saben del potencial de Cerro Amarillo y la necesidad que tienen hoy de fuentes de trabajo en el medio de definiciones que se pueden dilatar por mucho tiempo. 

José Bravo forma parte de esos históricos que es consciente que no verá a Cerro Amarillo en producción. Con 73 años y miembro de la segunda camada de técnicos mineros de la escuela de Malargüe, la minería para la que fue formado aún es un sueño.

También fue profesor de mineralogía, petrografía, mecánica de rocas y laboratorio. En 2002 hizo la traza del camino que hoy existe en Cerro Amarillo y también el puente. Hacia recorridos para una empresa llamada OroMin que se dedicaba a exportar caliza y yeso para enviar a Chile.

“Conozco el lugar como la palma de mi mano y lo que puedo decir que lo que quedó de hacen 15 años atrás serán unos 60 pozos de perforación. Hoy si se quiere explorar y teniendo en cuenta las ventanas de tiempo por el clima, sólo eso puede llegar a llevar cinco años. La gente queda en el medio de las decisiones políticas, yo no digo que todos aquí piensen como yo, pero ya soy un hombre grande y para mí es una puja entre un gobernador que no se juega por la minería y un intendente que quiere tener minería, y la gente en el medio, la gente quiere trabajar y Mendoza tiene gente preparada para la minería”, expresó José.

El proyecto Cerro Amarillo fue sometido a evaluación de impacto ambiental durante 2014 y concluyó con la aprobación por parte de la autoridad de aplicación, a través de las resoluciones 31/2014 de la Dirección General de Minería y 412/2014 de la Dirección de Protección Ambiental. En ese año la legislatura mendocina puso freno, porque la Ley Nacional de Glaciares imponía un inventario que recién estuvo listo en 2018.

Ubicado a unos 75 kilómetros de la ciudad de Malargüe, según los datos disponibles el yacimiento consta de cinco zonas mineralizadas llamadas Cerro Apero; Vaca de Cobre; Cerro Choro; Cajón Grande y La Blanca.

En 2014, Meryllion había realizado un mapeo de detalle de unas 17 mil hectáreas, además de estudios geofísicos, geoquímicos y de polarización inducida.