Todo por los votos: las elecciones fuerzan medidas con la carne y la deuda

Finalmente el Gobierno nacional tomó su decisión sobre el futuro de la política de carne vacuna. Las exportaciones se abrirán con un cupo de 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020 por cada frigorífico. Por otro lado, y hasta el 31 de diciembre, no se podrá exportar media res, cuartos con huesos y otro siete cortes denominados más populares dentro del mercado doméstico como asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío.

El objetivo público que mencionó el ministro de Agricultura, Luis Basterra, es que a partir del incremento de la oferta se logre, como mínimo, sostener los precios al nivel actual. O, algo más realista, lograr que los incrementos de la carne vacuna acompañen el incremento general de precios que indique el IPC del Indec; y no que lo duplique (o incluso más allá también), hasta fin de año. De más está decir que es una medida que mira políticamente de manera fija las elecciones legislativas de noviembre, donde el Gobierno se juega su mayoría parlamentaria, y en las que la evolución de los precios en los próximos cinco meses será fundamental para medir el humor popular.

Será entonces una de las variables más importantes para medir en los próximos tiempos: cómo evolucionan hacia adelante los precios de eso cortes que ya no se podrán exportar y cuál será el valor general del sector. Lo cierto es que habrá otro tipo de consecuencias sobre el mercado de la carne. Si se tiene en cuenta que las exportaciones del sector se ubican entre los U$S200 y 300 millones; habrá que calcular pérdidas mensuales entre 100 y 150 millones de dólares.

De manera anualizada, implicará una caída de las ventas exteriores de entre 1.200 y casi U$S2.000 millones. Demasiado para un país que debe garantizarse (sí o sí) un acumulado anual de superávit comercial de no menos de U$S15.000 millones; si no quiere volver a entrar en una situación de crisis financiera antes del 2024.

Por otro lado, los anuncios sobre la liberación del 50% del mercado de la carne no implicó un acuerdo del sector o fruto de una negociación, sino una decisión directa del Gobierno. Así lo dejó en claro la Mesa de Enlace, cuyos integrantes se mostraron abiertamente disconformes, criticaron las consecuencias de la medida y no descartaron medidas de fuerza.  

Ganar tiempo

Argentina presentó ayer oficialmente el autobautizado "Puente de Tiempo" con el Club de Paris, un esquema que le permite ganar un tiempo fundamental al gobierno de Alberto Fernández, medido más en términos políticos que económicos o financieros. Argentina podrá postergar hasta el 30 de marzo del 2022 el pago de los casi 2.000 millones de dólares que se le deben al organismo integrado por los países más importantes y desarrollados del mundo.

Las negociaciones bilaterales de gobierno a gobierno entre Alberto Fernández y líderes europeos, sumado a las gestiones anteriores del ministro de Economía, Martín Guzmán, con sus colegas de países acreedores clave como Alemania, Francia, Holanda y Japón (este último en las instancias finales de la negociación), tuvieron mucho que ver con las circunstancias económicas y financieras mundiales derivadas de la Pandemia; y derivaron en la decisión de los estados miembros del Club de descartar cualquier tipo de acusación de haber llevado al default a un país en vías de desarrollo en medio de una tragedia sanitaria endémica de consecuencias aún imposibles de mensurar en su totalidad.

Esos mismos estados europeos no quisieron quedar en la historia como los culpables de haber llevado al default a un deudor, en medio de la crisis mundial. Menos por U$S2.000 millones. Y mucho menos si ese país no pedía dinero, quitas o moratorias; sino simplemente poder pagar luego de haber superado la Pandemia. Obviamente en todas las reparticiones diplomáticas de esos países en Argentina, se envió el dato sobre la interna dentro de la coalición gobernante en el país sobre qué hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y la imposibilidad de llegar a una negociación exitosa con ese organismo financiero antes de las elecciones legislativas de noviembre. Con todo esto el acuerdo con el FMI pasará ahora al 2022.

Dado que el Club de París no pretende que para la fecha de marzo estén cerradas las negociaciones, sino avanzadas de “buena fe” (así lo explicó ayer Martín Guzmán), el Ministerio de Economía ahora podrá abrir un frente de diálogo con el FMI sin presiones financieras externas a la vista. Al menos en el corto plazo.

En términos políticos, el “puente de tiempo” le permitirá al oficialismo llegar a las elecciones legislativas de noviembre sin la presión de estar en situación de default. Y, lo más importante, sin estar en medio de polémicas internas sobre si aceptar o no las exigencias del FMI para cerrar un Facilidades Extendidas clásico; el que, tal como adelantó este diario, no podrá extenderse más allá de los 10 años de vigencia. 

El acuerdo cerrado por Guzmán con el Club de París le permitirá al oficialismo pasar las conclusiones de la relación futura con el FMI para diciembre o el primer trimestre del año próximo; tiempo suficiente para negociar los términos de una Carta de Intención, sin que esta complique las expectativas legislativas del oficialismo; y así discutir los términos en situaciones políticas menos alteradas y, con el aval de Washington, lograr un poco más tiempo para estirar todo lo que se pueda el momento de comenzar a pagar.

Qué pasará con la inversión

El último informe elaborado por la consultora PxQ que maneja el ex viceministro de Economía Emanuel Álvarez Agis, se concentra en la evolución de la inversión directa como única manera de poder superar la crisis de estancamiento de la economía real. Indica incluso que este será la variable fundamental para evaluar en el largo plazo el éxito o fracaso de una política económica. El informe indica que "aún con la buena dinámica que mostró la inversión en los últimos meses, en términos históricos la tasa de inversión continúa en mínimos. En 2020 la formación bruta de capital fijo a precios constantes fue de 16,6% del PIB, -4,2pp que en 2017 y -5,1pp del máximo alcanzado en 2011.

En los últimos 20 años hubo 3 etapas de crecimiento de la inversión. Entre 2002 y 2008 la inversión pasó de 11% del PIB a 21,7% y tras la crisis de ese año cayó hasta 16,5% en el segundo trimestre del 2009. Esta primera etapa vino de la mano de una expansión del consumo y las exportaciones. Entre 2009 y 2011 se vivió otra etapa de crecimiento de la inversión: en cuarto trimestre de 2011 se alcanzó una tasa de inversión de 21,3% pero la incapacidad de superar la restricción externa llevó a un estancamiento tanto en la inversión como en el consumo y que también se reflejó en una caída de las cantidades exportadas.

La tasa de inversión cayó desde 21,3% en cuarto trimestre de 2011 hasta 18,5% en el tercer trimestre de 2016 y tuvo una corta etapa de crecimiento entre fines de 2016 y principios de 2018. La salida del esquema de control de cambios y el acceso a los mercados de deuda internacionales permitieron acumular déficits y promover tanto consumo como inversión, sin embargo esto duró poco hasta que en 2018 se cortó el flujo de financiamiento a Argentina y se ingresó en una nueva crisis. La dinámica de la inversión en el mediano, por lo tanto, dependerá de que se pueda superar el estancamiento estructural en el cual se encuentra la economía argentina con recurrentes crisis cambiarias e inestabilidad macroeconómica".