Derribando mitos tributarios

Por: Martín Litwak @MartinLitwak

Es cada vez más común que la opinión pública, ante una noticia de tipo tributaria, se coloque del lado incorrecto o, dicho de otro modo, que apoye medidas y decisiones que terminan afectado su bolsillo y no aquel que, en imaginación, pensaron que iba a ser los afectados.

En la actualidad esto se ve con mucha claridad en torno a dos impuestos: el impuesto a las ganancias corporativas y el impuesto a la riqueza.

Es muy habitual que los pagadores de impuestos se quejen de lo que les toca pagar a ellos afirmando que los ricos y las empresas deberían pagar su justa parte.

Esto es algo que muchos medios, casi toda la clase política y absolutamente todos los países de alta tributación “fogonean”.

Impuesto mínimo a las ganancias corporativas

En resumidas cuentas, esta iniciativa del G-7, recientemente “aprobada” por la OECD y por 136 países (incluyendo los díscolos Irlanda, Estonia y Hungría), apunta a introducir un impuesto mínimo global del 15% para compañías multinacionales en cada país en el cual operan.

En ese contexto, uno de los propósitos principales de esta columna es explicar qué están proponiendo el G-7 y la OCDE, por qué es malo para los pagadores de impuestos del mundo y cuál estimo que será su efecto en la práctica.

Antes de ello, sin embargo, un par de reflexiones de tipo general:

• Los impuestos no son más que un componente de los precios de los bienes y servicios que adquirimos y consumimos a diario. Dado que sabemos desde hace 4.000 años que ni los precios mínimos, ni los precios máximos ni los precios sugeridos funcionan, forzoso es concluir que lo mismo pasa con relación a los impuestos.
• Establecer un impuesto mínimo mundial a las ganancias de las corporaciones es – además de algo que no va a funcionar – un ataque directo a la soberanía de cientos de Estados y jurisdicciones, y la aceptación implícita de que el sistema de alta tributación no funciona y que, por ende, hay que imponerlo por la fuerza. En otras palabras, crear una suerte de hándicap en favor de los infiernos tributarios implica una aceptación tácita de que la batalla entre paraísos fiscales e infiernos tributarios, cuando se jugaba sin una intervención tan escandalosa de terceros, estaba siendo ganada por los primeros.
• La competencia fiscal, en todo momento y lugar, favorece a los pagadores de impuestos. La cartelización, a los Estados voraces. No sorprende por tanto el grado de excitación de Yellen al anunciar que su país – luego de haber promovido por décadas la competencia fiscal tanto a nivel global como doméstico – apoyaba ahora la creación de un tributo mínimo global a las sociedades para poner fin a "30 años de carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos". La pregunta es, ¿a quién perjudicó esta baja y a quién benefició? Recordemos que también fueron 30 años de aumento de la inversión y del empleo, y reducción de la pobreza y la miseria, además de 30 años de inventos increíbles como Internet, entre otros.
• Los carteles son siempre malos, sea el de la OPEP, el de la OCDE, el de Sinaloa o el de Jalisco. No, no creo estar yendo muy lejos con esta comparación.
• Si les hizo un poco de ruido la frase anterior, deténganse un minuto a pensar en la lógica que se esconde detrás de esta propuesta: como los países que integran el G7 (y lo mismo aplica a los que integran el G-20 y a los que manejan la OCDE) son gestionados de manera ineficiente, están profundamente endeudados y, por ende, necesitan recaudar mucho dinero, los Estados que tienen un tamaño razonable y son administrados de manera eficiente deben ser forzados a recaudar más de lo que precisan.
• Impedir que los países puedan competir a nivel impositivo sin dudas será un obstáculo para la capacidad de los países pobres para atraer inversiones.
• Por último, y en esto radica el primer mito que queremos derribar: LAS EMPRESAS NO PAGAN IMPUESTOS, SINO QUE SON MEROS INTERMEDIARIOS ENTRE LOS CONSUMIDORES Y LOS FISCOS. Los Estados pueden perfectamente determinar quién debe ingresar el impuesto a sus agencias recaudadoras, pero no quien termina pagándolos; y es claro que todas las empresas afectadas por este nuevo gravamen o mínimo van a terminar trasladando ese mayor costo a sus precios. Así las cosas, quienes van a pagar este impuesto NO van a ser las empresas sino los consumidores.

La mayor parte de quienes promueven este impuesto mínimo global señalan que es una manera de homogeneizar el sistema tributario internacional, evitando que las corporaciones cambien sus operaciones de un país a otro en busca de mayores ventajas.

No sé qué pensarán ustedes, pero a mi me parece un argumento excesivamente débil ante todos los problemas que se señalaron más arriba en esta sección.

De hecho, parece más honesta la argumentación de los Estados Unidos, que básicamente pasa por aceptar abiertamente que, sin un mínimo global, dicho país no podría financiar su proyecto de infraestructura de 2 billones de dólares a través de un aumento de impuestos de 28%, como es la intención de su presidente y su equipo económico.

Por suerte, y aun cuando desde el principio estimé que la oposición de países periféricos como Irlanda o Hungría no iba a hacer naufragar este proyecto tan querido por los infiernos tributarios, el mismo no va a tener el impacto que las mentes macabras de la OCDE estiman que tendrá sobre los paraísos fiscales.

¿Por qué?

Porque quedan aún muchas cuestiones más que relevantes por ser definidas. Entre ellas, las siguientes:

• ¿Qué compañías van a terminar siendo realmente afectadas por este mínimo global?
• ¿Qué pasará con los demás incentivos para atraer a las empresas que suelen usar los gobiernos del mundo, más allá de la baja de impuestos? Nos referimos, claro está, a exenciones, subsidios, créditos o cualquier mecanismo que al final de cuentas favorezca a las empresas que terminan afectadas por este impuesto mínimo.
• Finalmente, ¿en serio piensan los burócratas del G7 que a los abogados tributaristas de las grandes empresas no se les va a ocurrir la forma de estructurar las actividades de estas de manera de minimizar el impacto de las normas que vayan a aprobar? Toda norma tiene loopholes y esta no va a ser de ninguna manera la excepción.

He leído muchas columnas estos últimos días vaticinando, tal cual lo vienen haciendo desde 1998, el fin de los paraísos fiscales.

La realidad es que, mientras haya en el mundo inseguridad jurídica y una voracidad fiscal sin precedentes; y por otro lado continúen los ataques contra la privacidad y los derechos de propiedad de las personas, habrá paraísos fiscales para rato. ¡Y la suerte que tenemos de que los mismos sigan existiendo!

Los paraísos fiscales no desaparecieron con la eliminación de las acciones el portador, con la prohibición de tener regímenes impositivos diferenciados para residentes y extranjeros, con la obligación de firmar acuerdos bilaterales que posibiliten el intercambio de información entre países, con Panama Papers, con FATCA, con CRS, con BEPS ni con las leyes de Substancia Económica; y menos van a desaparecer como consecuencia de esta desafortunada iniciativa.

El impuesto a la pobreza futura

“Tax the rich” decía el ridículo estampado del vestido que eligió utilizar la legisladora demócrata por el Estado de Nueva York, Ocasio-Cortez, en la gala del Met de este año, uno de los eventos más exclusivos y caros del mundo.

Su “ocurrencia” fue festejada por una gran parte de la población, que entiende que los costos de la pandemia deben ser financiados a través de un “impuesto a los ricos”.

Pues bien, el gravamen que se conoce internacionalmente como “impuesto a la riqueza” y que algunos países denominan “impuesto al patrimonio” o “impuesto a los bienes personales” prácticamente no existe no porque a nadie se le ocurrió establecerlo, sino porque casi todos los países del mundo que en algún momento lo utilizaron sobre la base de que:

• No sirve para recaudar.
• No crea incentivos adecuados.
• No promueve la distribución de la riqueza, sino que produce el resultado inverso.

Sentado ello, no sorprende que el número de países de alta tributación pertenecientes a la OCDE que cobraban este tipo de impuesto se haya reducido de 14 en 1996 a solo 4 en 2017, los cuales – por otro lado – tienen mínimos no imponibles elevados (como sucede en España o Francia) o lo cobran solamente sobre activos en el extranjero (como pasa en Italia).

En el caso de América Latina, tradicionalmente solo lo cobraban Argentina, Colombia y Uruguay y, sobre finales de 2020, comenzó a cobrarlo también Bolivia y Argentina aprobó un segundo impuesto al patrimonio – por ahora transitorio – que se suma al famoso Impuesto a los Bienes Personales. Nos referimos, claro está, al inconstitucional "Aporte Solidario”.

Hay muchas razones que explican que, a nivel global, este impuesto haya sido de los pocos que corrió serio peligro de extinción:

• Se trata de un impuesto que, al castigarlo, reduce el ahorro global de la población, disminuyendo inversiones, y por ende el crecimiento de la economía, la productividad y salarios. Esto no es algo que decimos nosotros, sino que surge, entre otras fuentes, de un estudio que realizó Asa Hansson en 2010, comparando información sobre impuestos y crecimiento de veinte países integrantes de la OCDE entre 1980 y 1999 y de simulaciones impositivas realizadas por la “Tax Foundation” y el “IFO Institute”. De hecho, cuando Francia abandonó este impuesto en 2017, el ministro de economía francés explicó que el mismo le había costado, en pérdida de inversiones, el doble de lo que habían logrado recaudar. En definitiva, si bien es cierto que estamos ante un impuesto que, en el corto plazo, “ataca a los ricos”, en el mediano y largo plazo repercute negativamente más en las clases baja y media que en la clase alta, ya que son estas clases las que dependen más del crecimiento de la economía. Y en esto radica el segundo mito que queremos erradicar: EL IMPUESTO A LA RIQUEZA NO LO PAGAN LOS RICOS, SINO LOS POBRES, QUE NO TIENEN LA POSIBILIDAD DE TRASLADARLO A NADIE MÁS Y QUE SE PERJUDICAN DIRECTAMENTE POR LA REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO.
• Se trata de un impuesto difícil de administrar para los sujetos obligados (básicamente porque exige valuar activos que no siempre son de fácil valuación), que por lo general afecta de manera distinta diferentes bienes y que tiene históricamente una baja tasa de cumplimiento. Estas fueron, por ejemplo, las razones esgrimidas por Austria (1994), Finlandia (2006), Suecia (2007) y Holanda (2001) al abandonarlo. El tema del tratamiento desigual de activos fue la razón por la cual las cortes de Alemania declararon este gravamen como inconstitucional en 1997. Respecto de la baja tasa de cumplimiento, en la inmensa mayoría de países – incluyendo Argentina – es perfectamente legítimo ceder activos a estructuras fiduciarias irrevocables (i.e. trusts, fundaciones, etc.) y dejar de pagar, a partir de entonces, este impuesto.
• Otro argumento en contra de este gravamen tiene que ver con que es el impuesto más afectado por la llamada competencia fiscal entre países. En muchos países, bastaba con cambiar la residencia fiscal para dejar de ser sujeto obligado. Ejemplos de esto, abundan.
• Finalmente, en época de tasas bajas a nivel global, el impuesto a la riqueza se vuelve realmente confiscatorio. Para una inversión que rinde 1%, un impuesto a los bienes personales de 1,5% equivale a un impuesto a las ganancias mayor al 100% y de hecho reduce en el tiempo el valor del activo.

No estamos diciendo que todos los impuestos sean un robo, ni buscamos con esta columna promover la rebelión fiscal (con la que siempre estuvimos en desacuerdo por múltiples razones que exceden este artículo) solo planteamos que, en muchos países de alta tributación, la solución pasa en realidad por bajar impuestos y no por subirlos más y que, si el único camino posible en algún caso consiste en aumentar impuestos, no deberíamos promover la suba de estos dos, que claramente perjudican a los más pobres.

Por otro lado, está bueno que la gente entienda las consecuencias de las medidas que apoyan y se haga responsable de su parte.

Martín Litwak es abogado tanto en Argentina, como en las Islas Vírgenes Británicas y en Inglaterra y Gales; y se ha especializado en estructuración y preservación de patrimonios para individuos y familias de alto patrimonio, establecimiento de fondos de inversión, tributación internacional y wealthtech. Martín es fundador y CEO de @UntitledLegal y de @Smart_Trusts y director de @1841Foundation. Polémico por su férrea defensa de las jurisdicciones offshore, se define como un abanderado de la competencia fiscal, un defensor de la privacidad y un promotor de la planificación patrimonial. A lo largo de su dilatada carrera profesional, Martín ganó numerosos premios y fue incluido en múltiples rankings de abogados en sus áreas de especialidad. Por otro parte, Martín es docente, conferencista y autor de los libros “Cómo protegen sus activos los más ricos (y por qué deberíamos imitarlos)” y “Paraísos fiscales e infiernos tributarios”.