¿Quién tiene la culpa? Por qué aumentan las mordidas de perro en el país

Todos los días, en algún barrio de Argentina, una persona es mordida por un perro. Ya son más de 150 mordidas por día, y la cifra no para de crecer. Pero no te confundas: el perro no es el problema. El verdadero problema es el político que decidió no hacer nada, el Estado que abandonó sus funciones, y los comerciantes que lucran sin control.

Mientras los funcionarios se sacan selfies con cachorros y repiten frases de “tenencia responsable”, no hay hospitales públicos veterinarios en funcionamiento, no hay campañas permanentes de castración, ni educación masiva. Lo que sí hay es abandono, improvisación y una cadena de omisiones, donde el perro y el vecino son víctimas, no culpables.

Esto también es defensa del consumidor

Cuando una persona sufre una mordida, además del daño físico y emocional, se vulnera su derecho a un entorno seguro, amparado por la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Salud Pública y el Código Civil. El Estado es proveedor del espacio público, y ese “producto” que ofrece hoy está defectuoso: inseguro, sin control sanitario ni condiciones mínimas de prevención.

Esto no es sólo un problema veterinario. Es un escándalo de política pública. Y como consumidores del espacio público, tenemos derecho a reclamar al Estado por los daños causados por su inacción.

¿Y los que lucran con el riesgo?

También hay que hablar de quienes hacen negocio vendiendo animales de gran tamaño, potencia o temperamento dominante, sin advertir al comprador sobre los riesgos ni exigir condiciones mínimas de manejo. Criaderos, petshops y particulares venden razas como si fueran peluches, pero al comprador no se le informa que tiene la obligación legal y moral de educar, contener y controlar.

La venta de estos animales sin asesoramiento ni seguimiento es irresponsable y jurídicamente reprochable. No se puede vender un arma sin manual ni advertencia. Con los perros, pasa lo mismo.

Esto también es una relación de consumo, y el vendedor que oculta los riesgos, omite controles o no exige garantías, es parte del daño. Y como tal, debe responder.

El perro sobrevive. El político decide. El comerciante gana

Mientras los animales deambulan sin contención, y muchos vecinos sufren agresiones evitables, los gobiernos no previenen y los criadores irresponsables siguen facturando. El combo es explosivo: Estado ausente + venta sin regulación + abandono comunitario = epidemia de mordidas.

Y en ese escenario, nadie responde. Ni el municipio, ni la provincia, ni el comerciante. Pero vos sí pagás: en salud, en trauma, en miedo, y en abandono.

Propuesta mínima para una política seria

• Hospitales públicos veterinarios en todas las regiones.
• Campañas permanentes y obligatorias de castración gratuita.
• Registro obligatorio de animales con chip.
• Educación masiva en escuelas y barrios sobre tenencia responsable.
• Regulación estricta de la venta de razas de riesgo, con advertencia legal.
• Responsabilidad civil solidaria de criadores, comerciantes y adoptantes.
• Controles reales del Estado, con sanciones por omisión.

El perro no tiene la culpa. El político sí. Y también el que lucra sin advertir. La mordida más peligrosa no es la que sangra: es la que te arranca derechos, salud y dignidad.