¿Querés saber por qué tu boleta de luz se multiplicó por ocho?
En la audiencia pública convocada por el EPRE el 4 de julio de 2025 se expusieron los fundamentos técnicos del Valor Agregado de Distribución (VAD). Cuáles son los componentes ocultos.
Esta nota surge a partir de mi participación en la audiencia pública convocada por el EPRE el 4 de julio de 2025, donde se expusieron los fundamentos técnicos del Valor Agregado de Distribución (VAD). A partir de ese expediente (ver informe oficial), analizo y cuestiono los componentes ocultos y proyectados que explican por qué los aumentos de tarifa superan en múltiples veces a los salarios y a la inflación real.
En un análisis de los cuadros tarifarios de Nov 23 a Jun 25 surgen los datos de los aumentos en porcentaje por categoría de usuarios en base a su consumo R1, R2 y R3 y base a su nivel socioeconómico N1, N2 y N3 para obtener las diferencias y que son enormes como se pueden observar.
A los efectos de una mejor compresión sacamos los promedios por categoría de usuarios, destacando que se ha castigado más a las familias R1 que son las que tienen más vulnerabilidad dado que son casas con menor consumo de Nov 23 a Jun 25.
Mientras las familias mendocinas ajustan cada peso, el Gobierno provincial convalidar aumentos tarifarios que destrozan cualquier lógica económica:: se estructura sobre mecanismos opacos y componentes ocultos en el VAD que potencian cada aumento, haciéndolo exponencial. entre un 500% y un 830%, superando con creces la inflación acumulada del período (236%).
Entre noviembre de 2023 y julio de 2025, la tarifa eléctrica en Mendoza escaló más de un 830%, mientras que el IPC acumulado fue del 236,18%. En el mismo período, un docente titular sin zona pasó de cobrar $220.000 a $645.000: apenas un 193% de mejora.
Este desfasaje revela un sistema de ajuste automático que indexa los costos energéticos por encima de los ingresos reales de la población y sin rendición pública previa. ¿Qué modelo económico puede sostener que la electricidad aumente cuatro veces más que los salarios?
La eliminación de la audiencia pública: origen del tarifazo
El Decreto 2348/2023, firmado por el ex Gobernador Suárez, eliminó el requisito constitucional de audiencia pública previa. Violó el artículo 42 de la Constitución Nacional y el fallo "CEPIS" de la Corte Suprema, que exige participación real y efectiva antes de cualquier ajuste tarifario. Así, se institucionalizó el tarifazo sin control. Desde entonces, el EPRE avaló al menos ocho aumentos sin audiencia pública real, con un nuevo sistema de aumentos automáticos que detallamos.
Un sistema automático que infla las tarifas y una reducción engañosa
En lugar de discutir cara a cara con los usuarios, se impuso un sistema automático llamado Factor de Adecuación del Valor Agregado de Distribución (FAV). Esta fórmula ajusta tarifas en base a índices proyectados como el IPC, IPIM, ICC, IPIB, IS y REM. Pero esas proyecciones suelen estar infladas. En la audiencia pública del 4 de julio, se advirtió que el EPRE proyecta un 9,4% de inflación entre mayo y julio, cuando el IPC real acumulado sería de apenas 6,1%. Esa diferencia será cargada en la tarifa futura sin garantía de devolución con intereses si se sobrefactura. El usuario siempre pierde.
En este contexto, el Gobernador Alfredo Cornejo el 1 de mayo en su discurso en la Legislatura intentó mostrar una “baja del 4%”. Pero esa supuesta reducción fue apenas una devolución técnica por cobros excesivos anteriores. No hubo decisión política ni beneficio real. Mientras tanto, las empresas usaron el dinero como capital financiero.
Cómo se construye una tarifa artificialmente alta
La tarifa eléctrica mendocina no se establece en función de los costos reales de brindar el servicio, sino a partir de una estructura tarifaria construida en torno al Valor Agregado de Distribución (VAD), un mecanismo que habilita a las empresas distribuidoras a cargar costos estimados, proyecciones y beneficios garantizados, sin auditoría pública ni verificación técnica independiente. Estos componentes distorsivos consolidan una tarifa desproporcionada que golpea el bolsillo del usuario:
- Cargas salariales empresariales excesivas: Se reconoce como “costo operativo” la totalidad de la nómina salarial de las distribuidoras, que incluye ítems ajenos a la función técnica del servicio, como bonificaciones por antigüedad, turismo sindical, seguros complementarios y beneficios sindicales. Además, se proyecta su evolución hasta julio de 2025 sin rendición concreta ni control sobre su razonabilidad.
- Costo de Capital con base inflada: Este componente, que representa la ganancia regulada de la distribuidora, se calcula sobre el Valor Nuevo de Reposición (VNR), como si toda la red eléctrica actual tuviera que ser reconstruida desde cero. Ese monto teórico se actualiza por índices inflacionarios y se le aplica una tasa de rentabilidad del 10%, lo que significa que se garantiza una ganancia incluso sobre instalaciones ya amortizadas y en funcionamiento.
- Costos de abastecimiento con sobrecarga administrativa: Se reconocen dentro del VAD supuestos de incobrabilidad, gastos de representación, tercerizaciones sin fiscalización, servicios generales y cargas administrativas que no tienen relación directa con la prestación técnica del servicio. Esto convierte en tarifa costos que en muchos casos son producto de ineficiencia interna o decisiones empresariales ajenas al interés público.
- Deuda con CAMMESA incorporada a la tarifa: Edemsa cobró regularmente a los usuarios el valor de la energía mayorista pero no transfirió esos pagos a CAMMESA. Esa deuda, que a marzo de 2023 superaba los $11.000 millones, fue incorporada como “costo reconocido” dentro del VAD a través de acuerdos firmados con el Gobierno provincial. En lugar de sancionarse, se legitimó el incumplimiento y se obliga a los usuarios a pagar dos veces por la misma energía, mientras la empresa utilizó esos fondos para realizar operaciones financieras privadas.
Las decisiones políticas que consolidan un modelo regresivo
En 2023, la provincia firmó un acuerdo con Edemsa que consolidó un conjunto de beneficios extraordinarios para la empresa, sin concurso público ni control ciudadano, y con graves consecuencias económicas para el patrimonio provincial y para los usuarios:
- Reducción del canon de concesión del 10% al 6%: Esto implicó una pérdida fiscal anual estimada de más de $14.600 millones, recursos que antes estaban destinados a obras de infraestructura como pozos eléctricos, redes en zonas rurales, estaciones transformadoras o subsidios a sectores vulnerables. Esta merma se proyecta a lo largo de 25 años, lo que representa una transferencia estimada superior a los $366.000 millones a valores actuales desde el Estado a la empresa concesionaria.
- Prórroga de la concesión hasta el año 2048: La extensión se realizó sin licitación pública, sin consulta legislativa y sin participación ciudadana. Esto sella por décadas un esquema de distribución con rentabilidad garantizada y sin contrapartida real en términos de mejora del servicio, planificación energética ni expansión del acceso.
- Reconocimiento anticipado de un plan de obras por $17.000 millones: Aunque se trata de inversiones a realizar en un período de 10 años, ese monto ya está incorporado en la estructura tarifaria vigente, indexado por inflación. El usuario comenzó a pagar por obras que no están ejecutadas ni auditadas, lo que distorsiona el principio básico del servicio público: pagar por lo recibido.
Este acuerdo no solo fue unilateralmente favorable a Edemsa, sino que institucionalizó un esquema de privilegios que desfinancia al Estado, encarece la tarifa y desplaza el control ciudadano. La ciudadanía mendocina fue excluida del debate y se consolidó un régimen regulatorio hecho a medida de una empresa, en desmedro del interés público.
Una hoja de ruta para volver a tener tarifas justas
- Suspender de inmediato nuevos aumentos y aplicar revisión integral de los cuadros tarifarios.
- Restituir la audiencia pública como instancia obligatoria y vinculante, con participación ciudadana efectiva.
- Eliminar ítems distorsivos e ilegítimos de la tarifa (deuda con CAMMESA, costos inflados, reconocimientos arbitrarios).
- Implementar una auditoría independiente sobre el sistema eléctrico con control de universidades y entidades sociales.
- Revisar y anular los decretos que ampliaron concesiones y redujeron canon sin licitación ni justificación técnica.
La luz no puede ser privilegio de pocos ni instrumento de enriquecimiento garantizado. Debe ser un derecho accesible y regulado con justicia, equidad y verdad.