Enargas+ENRE=ENRGE: más poder estatal y cero protección al consumidor

El Gobierno nacional anunció con entusiasmo la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) mediante el Decreto 452/2025. El nuevo organismo absorbe las funciones del ENARGAS y del ENRE, concentrando el control de los servicios de gas y electricidad en una sola estructura. La medida fue presentada como una “modernización del Estado” y como una “adecuación a estándares internacionales”.

Pero cuando se analiza en detalle, la fusión no trae mejoras concretas para los usuarios y repite los mismos vicios de siempre: concentración de poder, dependencia política y ausencia total de garantías reales para los consumidores.

Un ente autárquico, pero financiado por el Tesoro

El decreto proclama que el ENRGE tendrá “autarquía económica, administrativa y financiera”. Sin embargo, el financiamiento inicial del organismo queda supeditado a partidas presupuestarias reasignadas por la Jefatura de Gabinete. No hay fondo extrapresupuestario, ni cuenta específica, ni fuentes genuinas garantizadas por ley.

En otras palabras, el nuevo ente nace condicionado por el mismo poder político que debería controlar. La supuesta autonomía es solo retórica: sin independencia presupuestaria, no hay independencia real.

La OCDE: lo que el Gobierno dice, lo que realmente es y lo que Argentina no cumple

Uno de los argumentos centrales que el Gobierno utiliza para justificar la creación del ENRGE es su alineamiento con los “estándares internacionales de la OCDE”, con el supuesto objetivo de facilitar la inserción de la Argentina en el comercio global. El decreto incluso afirma que el nuevo organismo busca adecuarse a las exigencias de dicha organización como parte de una modernización regulatoria.

Pero citar a la OCDE no es lo mismo que cumplir sus principios. La OCDE —Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos— es un organismo internacional conformado por 38 países, en su mayoría desarrollados, que promueve la adopción de políticas públicas transparentes, eficientes y con participación ciudadana. Para ingresar, los países deben atravesar un proceso estricto de evaluación institucional y adecuación normativa.

Los que sí lograron ingresar —como Chile en 2010, Colombia en 2020 o Costa Rica en 2021— lo hicieron luego de implementar reformas profundas en sus marcos regulatorios, incluyendo cambios legales para garantizar independencia de los entes, control ciudadano real y transparencia financiera. Lejos de ser solo un sello de prestigio, pertenecer a la OCDE generó para esos países mayor confianza internacional, estabilidad institucional e incentivos de inversión sostenida.

Argentina, en cambio, sigue fuera. Desde 2017 tiene estatus de “país invitado”, pero a julio de 2025 no ha logrado completar el proceso de adhesión. La razón es simple: no cumple con los requisitos centrales que la organización exige.

Aun así, el Decreto 452/2025 utiliza el nombre de la OCDE para legitimar un nuevo ente que —en los hechos— no aplica ninguno de sus principios rectores.

En su documento Principios sobre la Gobernanza de Entes Reguladores (OCDE, 2014), el organismo establece parámetros claros para construir entes eficaces y democráticos:

– El Principio 3 señala que "la independencia del regulador respecto del poder político debe estar garantizada institucionalmente".

– El Principio 5 exige "recursos financieros estables, suficientes y no sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo".

– El Principio 6 reclama "mecanismos externos de rendición de cuentas y evaluaciones públicas de desempeño técnico".

– Y el Principio 8 demanda "procesos regulatorios abiertos, participativos y transparentes", con consultas ciudadanas que tengan peso real.

Nada de esto se cumple en el diseño del ENRGE. Los directores serán elegidos por el Ejecutivo sin control legislativo ni criterios públicos de idoneidad. No se garantiza financiamiento independiente, no se prevén auditorías externas y las audiencias públicas siguen siendo una puesta en escena sin valor jurídico.

La OCDE no exige discursos, exige estructuras. Y la Argentina, una vez más, prefiere nombrarla en los decretos, pero no aplicarla en las decisiones.

Mientras otros países reformaron sus instituciones para ingresar, crecer y estabilizarse, nosotros seguimos jugando a parecer modernos, sin cambiar nada de fondo. Por eso seguimos afuera. Y por eso, también, los usuarios siguen afuera de los organismos que supuestamente los protegen.

Lo que el decreto no dice (y debería decir)

El mayor problema no está solo en lo que dice el decreto, sino en lo que calla. No hay una sola disposición que prohíba los abusos tarifarios cometidos durante años por las distribuidoras. No se menciona la devolución de lo cobrado indebidamente. No se limita el uso del “costo de capital” como mecanismo de sobreprecio encubierto. No se obliga a desagregar los ítems técnicos que el usuario no comprende pero paga igual.

Tampoco se crea una defensoría del consumidor dentro del organismo. No se asigna representación ciudadana en ningún área. No se construye ningún canal de poder institucional para el usuario dentro del sistema.

El resultado es claro: el nuevo ente se fortalece como estructura, pero el consumidor sigue siendo un convidado de piedra en un sistema diseñado para decidir a puertas cerradas.

Una oportunidad desaprovechada

La fusión entre el ENARGAS y el ENRE podría haber sido una oportunidad histórica para replantear el rol del Estado en la defensa de los usuarios. Pero el ENRGE nace con la misma lógica de sus antecesores: concentración vertical, diseño cerrado y control estatal sin contrapesos.

Si se quiere construir un sistema regulador moderno y legítimo, no alcanza con cambiar nombres o unificar oficinas. Lo que hace falta es una reforma profunda con estas bases:

– Participación ciudadana con poder vinculante.

– Auditorías externas e independientes.

– Fondo de resarcimiento por abusos tarifarios.

– Representación real de usuarios en el órgano de control.

– Prohibición expresa de cargos ajenos al consumo.

– Acceso público a los costos técnicos y financieros reales.

Sin estos elementos, cualquier cambio institucional será solo cosmético. Y el usuario, una vez más, quedará desprotegido frente a un sistema tarifario que se legitima a sí mismo, sin control ni justicia.

Porque si el Estado se fortalece, pero los derechos del consumidor no, lo único que crece es el poder… no la equidad.