¿Hasta cuándo vamos a pagar este curro llamado verificación policial?

Cuando el Estado deja de regular y empieza a habilitar negocios privados a dedo, el resultado es siempre el mismo: abuso, opacidad y ciudadanos cautivos. Eso es lo que pasa con la verificación vehicular y el grabado de autopartes en Mendoza. Un sistema concebido para prevenir delitos vinculados a la venta ilegal de autopartes, pero que hoy funciona como un esquema de recaudación sin control, disfrazado de servicio público.

El caso de una simple Zanella 150 —una moto valuada en unos 2 millones de pesos— desnuda con claridad el mecanismo. Para poder circular, su titular tuvo que pagar:

• $20.283 por verificación y formulario (turno inicial).
• $18.051 por la verificación en sí.
• $2.232 por la solicitud tipo 12D.
• $16.800 por la "identificación".
• $34.714 en concepto de "gestión administrativa".

Un total de más de 70 mil pesos para poder registrar una moto, sin que exista en ningún momento una descripción detallada del servicio prestado ni la posibilidad de acceder a los precios antes de iniciar el trámite. Ninguna grúa, ninguna revisión técnica, ningún análisis mecánico complejo: solo lectura de numeración y grabado. Un trámite que debería costar unos pocos miles de pesos, convertido en una trampa legalizada.

El precio oculto y la ausencia de tarifa

Esta estafa encubierta se sostiene sobre una maniobra simple pero efectiva: no hay tarifas públicas, solo precios privados. El sitio web oficial de la planta no publica cuánto cuesta el servicio. Recién al generar el turno y avanzar con el pago, uno se entera del monto. No hay audiencia pública, no hay estudio de costos, no hay estructura tarifaria ni control externo. Todo lo que debería garantizar transparencia, fue borrado del mapa.

Y esa diferencia entre tarifa y precio no es menor. Según el derecho público argentino, cuando se trata de servicios esenciales o conexos a funciones estatales obligatorias —como el registro automotor—, debe aplicarse una tarifa regulada por el Estado. Esta tarifa exige audiencia pública, exposición del esquema de costos, y una ganancia razonable para el concesionario, en general del 10%. Acá no hay nada de eso. Acá hay una imposición unilateral de precios en un entorno sin competencia, sin regulación y sin opción de rechazarlo.

Una concesión directa a los amigos del poder

Para completar el cuadro, en diciembre de 2023 el exgobernador Rodolfo Suárez adjudicó la gestión de este servicio al Círculo Policial de Mendoza, mediante un decreto que desplazó al anterior concesionario (Cerpol, Centro de Retirados de la Policía). La designación se hizo sin licitación pública, sin informe de impacto económico, sin apertura de pliegos, y sin participación de ningún organismo técnico independiente.

El resultado: una planta verificadora improvisada en calle Pedro Vargas (Guaymallén), sin playa de estacionamiento, con vehículos amontonados sobre la vía pública, sin condiciones mínimas para la atención ciudadana ni para la seguridad vial. No se permite el ingreso de vehículos de gran porte, no se respetan turnos con normalidad, y no existe un mecanismo de reclamo institucional. Pero el precio, eso sí, llega puntual.

Y como se trata de una actividad obligatoria (porque sin este trámite no se puede completar el alta o transferencia de un vehículo), los ciudadanos quedan atrapados. No pueden elegir otro prestador, no pueden objetar los costos, y no pueden exigir un estudio técnico que fundamente los valores cobrados. Todo está armado para que el usuario pague, calle y se vaya.

Una estafa legalizada

La verificación vehicular en Mendoza se convirtió en lo que en derecho administrativo se conoce como una "función delegada sin regulación": el Estado traslada la obligación a un privado, pero no pone límites, ni reglas, ni sanciones. Le da poder, pero no le exige transparencia. Le entrega una recaudación millonaria, sin que los costos estén justificados ni auditados.

Esto se agrava porque el servicio no se limita a Mendoza Capital. Las plantas están habilitadas en varios departamentos, pero los mismos mecanismos se repiten: precios ocultos, infraestructura deficiente, y una concesión que, lejos de funcionar como herramienta de seguridad o prevención, actúa como una caja paralela con escasa supervisión estatal.

¿Cuál sería el camino correcto?

Para empezar, aplicar lo que dice la ley:

• Abrir una licitación pública para la gestión de las plantas verificadoras, con reglas claras y participación de oferentes diversos.
• Exigir que el servicio tenga una tarifa regulada, con publicación de costos y participación ciudadana en audiencia pública.
• Garantizar que las plantas cuenten con infraestructura mínima, accesibilidad, turnos con sistema de control, y canales de reclamo efectivos.
• Separar los conceptos: verificación por un lado, grabado por otro. No puede cobrarse todo junto sin discriminar qué se paga ni por qué.

El ciudadano debe ser defendido, no exprimido. Y el Estado tiene que controlar, no habilitar negocios para grupos corporativos o asociaciones ligadas al poder. Cuando una moto de 2 millones debe pagar 70 mil pesos para un trámite burocrático, lo que está en crisis no es solo el servicio, sino la ética pública.