El Gobierno acelera los despidos y aumenta la indignación por cómo se anuncian

El Gobierno volvió a confirmar que, a pesar de las declaraciones del presidente Javier Milei que confirmaba 70 mil despidos en los organismos públicos, ese número es el universo de contratos que están en revisión, y ahora habrá solo alrededor de 15.000, que no incluyen al PAMI ni a las empresas públicas.

Desde hace unos días, distintas áreas del sector público ya han comenzado a ver los despidos con sus propios ojos, con un "modus operandi" que va desde anunciarlo por altavoces, cartas de documento en donde se prescinde del "servicio" sin causa, mails madrugadores, anuncios por la GDE o el shock de fichar y ver que los datos biométricos no funcionen más porque el contrato no se renovó. 

Si bien desde el Gobierno no responden en detalle cuántos despidos tendrá cada área, es un hecho que poco a poco van saliendo a la luz distintos testimonios de personas que durante estos días se enteraron que ya no trabajaban más para el Estado. 

Entre ellos, MDZ pudo averiguar que en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hubo en total -desde que comenzó la gestión libertaria- 323 despidos, además del cierre de delegaciones y trámites urgentes de la agencia paralizados. En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) hubo, según fuentes gremiales, 235 personas despedidas de los 750 trabajadores que había.

Algo parecido ocurrió con Anses (una de las dependencias del Ministerio de Capital Humano que tiene 17.638 personas en total) en donde hubo 500 cesantes durante la gestión de Osvaldo Giordano y ahora tienen confirmados otros 850 más, es decir, 1.350 despidos "sin causa", según explican algunos empleados. Cabe destacar que el miércoles en toda la cartera hubo un despido masivo de alrededor de 1.100 trabajadores, que funcionaban en las distintas áreas que están bajo el ala de uno de los "superministerios" que creó Javier Milei y que le encargó a Sandra Pettovello que lo maneje. 

Otro ejemplo es lo que ocurre en el Ministerio de Economía, que tiene alrededor de 8 mil empleados en total y que está viendo bajas de 300 empleados en muchos de sus anexos -que antes eran ministerios- como la Secretaría de Agricultura o la de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. 

Esto se suma a los despidos que sufrió Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones, que ya tuvo 300 despidos y el Cenard, que ya redujo un 30% de la planta. Los gremialistas tampoco se olvidan del cierre del Inadi, que dejó a 400 empleados en la calle y también esperan despidos en ministerios claves como Seguridad y Justicia. Desde este último explicaron que hubo "cientos que automáticamente cuando pusimos datos biométricos dejaron de venir", pero no definen un número concreto. En la cartera manejada por Patricia Bullrich explican no tener esa información. 

El Conicet también es otro organismo que sufrió la motosierra -y uno de los más atacados por La Libertad Avanza desde la campaña presidencial- con el recorte de 90 puestos administrativos. 

Variedad de modos para despedir 

"Notificamos a Ud. que a partir de la fecha prescindimos de sus servicios y cesa su vinculación con esta Administración Nacional. Liquidación final y certificados de ley a su disposición en el plazo establecido por la normativa vigente. Queda Ud. debidamente notificado/a", reza una de las carta documento a la que tuvo acceso MDZ, perteneciente a un trabajador despedido de Anses. 

Depende el organismo afectado, se pueden distinguir distintas formas de despido, y casi ninguna incluye la presencia de los empleadores para notificar la decisión. Hay despidos sin causa, pero también el envío de "gerentes del Gobierno anterior" para que anuncien la noticia. 

Las formas parecen ser en todos los casos impersonales, y en algunos los trabajadores esperaron hasta la noche para recibir un mail con la noticia, o que el "GDE (sistema con el que trabajan los empleados del Estado) con la comunicación de que estabas despedido". Ese listado que aparecía por el sistema luego "circulaba entre compañeros a través de WhatsApp y así se iban enterando todos, las dos veces que ocurrió el listado comenzó a circular alrededor de las 7", según explicó una empleada de Andis. 

Uno de los peores, según relatan, fue el que vivieron desde esta semana algunas personas que iban a fichar, en donde tenían que poner la huella dactilar, y "ahí saltaba que no habían renovado su contrato" a pesar de que todavía no se cumplía la fecha de cese, el 31 de marzo. 

Los contratos 

Es importante destacar que en esta situación los empleados que pueden perder su trabajo son los que tienen contratos temporales, algunos desde hace 30 años, y que desde que llegó Milei a la Casa Rosada fueron renovados por tres meses -desde el 31 de diciembre hasta la misma fecha de este mes- para comenzar una revisión y no tener que esperar un año para poder dar de baja a los que el Ejecutivo considere que no son necesarios. Es decir, como explicó el Gobierno, hay 70 mil contratos temporales que están bajo la lupa de la gestión de Milei para determinar cuántos siguen y cuántos no. Estos días habrá, como explicó Manuel Adorni, un total de 15 mil despidos, y los demás contratos se renovarán por otros tres meses más, pero seguirán siendo auditados para determinar si los cesan o no. 

¿Ola de juicios contra el Estado? 

Una duda que surge ante tantos despidos estatales es si realmente le conviene al Gobierno despedir o no a tanta gente que podría iniciar juicios y ganarlos, en detrimento del Estado. A pesar de esa duda, desde el Ejecutivo no le dan entidad al tema, saben que habrá juicios pero no es un temor que los paralice.

"Cesando aquellos contratos que para la nueva administración no corresponden se evita que todos los meses el Estado deba pagar contratos que no se traducen en un provecho para él, no son redituables, aprovechables", explican letrados con conocimiento en el tema. 

Desde ATE, y ante la consulta, explicaron que están analizando jurídicamente pero "la situación es particular en cada caso". Es decir, algunos podrían iniciar juicios, pero otros no. Desde el gremio saben que el empleador puede no renovar los contratos temporales  y que el empleado no cuenta con indemnización, a pesar de tener 10, 15 y hasta 20 años trabajando en el mismo lugar. 

Hace unas semanas, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que "nadie que esté trabajando y que le sea útil al Estado se le va a dar de baja el contrato". "Nadie que trabaje se va a quedar sin su trabajo, pero estamos en contra del empleo militante", fueron las palabras del funcionario. 

Explicó que el Gobierno está en contra del empleo militante porque "le hace daño al empleado que trabaja y que se levanta cada día de su vida para darlo todo en cada área del Estado". "Estamos a favor de ellos, no en contra de los otros", advirtió. Y enfatizó en que se está haciendo un análisis de "manera quirúrgica" para que "nadie que tenga que seguir en su puesto quede apartado". 

Por otro lado, ATE ratificó este jueves que el 3 de abril llevará a cabo una jornada nacional de lucha con "paros, asambleas y movilizaciones en todo el territorio nacional durante 24 horas", además de convocar a un ingreso masivo y simultáneo a los organismos de la Administración Pública Nacional.