El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que representa a unas 15 mil familias que viven en pueblos rurales, presentó a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) un detallado informe ante las Naciones Unidas acerca de la difícil situación de los derechos humanos en seis provincias argentinas. El relevamiento podría traer dos consecuencias: la llegada de una inspección de la ONU y, luego, una posible recomendación del organismo al gobierno argentino. Un potencial que depende, como suele ocurrir en estos casos, de un sinfín de variables políticas. Más allá de si concreta sus objetivos últimos, el trabajo tiene un peso específico.

“La tarea que se sintetizó en el informe tiene que ver con un largo camino de denunciar lo que está pasando en el campo argentino. Se demuestra la violación de los derechos humanos. Y está basado en un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esperamos que las Naciones Unidas verifiquen las denuncias y recomienden políticas para defender los derechos”, le dijo al diario Crítica de la Argentina Ramiro Fresneda, abogado del MNCI.

El documento de casi 200 páginas describe los numerosos casos de desalojos violentos de campesinos –empujados por autoridades políticas, judiciales y policiales– que están amparados por la ley que determina la posesión veinteañal (al haber actuado como propietario durante ese lapso, en forma pacífica, continua e interrumpida). El alto impacto tóxico de las fumigaciones aéreas en las comunidades rurales. El terrible efecto en el presente de las minas abandonadas en décadas pasadas, como en las localidades de Abra Pampa y Pan de Azúcar. Los casos de contaminación y amenazas a la población que protesta por los daños causados en las minas que están funcionando, como Minera Alumbrera y Agua Rica, en Catamarca. La situación grave que atraviesan los pueblos originarios. Y el extraordinario cambio en la estructura de producción –la concentración en grandes empresas– que implica el modelo agroexportador.

Días atrás, el informe fue presentado en público en la sede porteña de APDH. Entre las conclusiones se considera que la situación de los derechos humanos en Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca es “extremadamente crítica”. La movida, poco usual, de peso político internacional le da visibilidad a situaciones poco conocidas, dramáticas y olvidadas por la dirigencia política. Los testimonios recogidos y los casos denunciados son contundentes. En esta página se describen dos de ellos. Uno, con la violencia de protagonista en Santiago del Estero. Otro, en Córdoba, que obligó a decenas de familias a abandonar sus lugares, y que se origina en una situación, sencillamente, insólita.

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