Un tema que evitamos: la tasa de suicidios en Mendoza y las razones

El sociólogo Diego Tagarelli analiza un tema complejo y tabú para la sociedad. ¿Cuánta gente intenta suicidarse y cuánta lo hace, en Mendoza? ¿Qué vinculación hay entre esta práctica y las crisis económicas y el estado de anomia social. Una columna para reflexionar. Por qué es que nos suicidamos y por qué la sociedad nos condena

diego tagarelli

El suicidio es un tema que se evita.

Diversas investigaciones se han ocupado de indagar los factores causales en la intención suicida. La inestabilidad emocional, aislamiento, sentimientos de soledad o fracaso, problemáticas de consumo, etc., figuran entre los motivos fundamentales. Sin embargo, las presiones y coacciones sociales rigen subjetividades y conductas psicológicas de manera decisiva. El detrimento de los lazos sociales o, asimismo, las sujeciones hacia pautas culturales condenatorias que repercuten sobre los individuos, permiten comprender el suicidio desde un enfoque integral.

El suicidio es considerado un problema de Salud Pública creciente a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), por cada suicidio se registran 20 intentos. La O.M.S afirma que las tasas de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 50 años, y ese incremento ha sido más marcado entre los jóvenes. El suicidio a nivel mundial se encuentra entre las tres primeras causas de muerte en las personas de 15 a 44 años. En la Argentina, en los últimos veinte años, la tasa de mortalidad por suicidio (T.M.S) creció considerablemente en los grupos etarios más jóvenes (15 a 34 años), y el país se ubica en 3er lugar entre los países de la región, con 14.2 suicidios por cada 100.000 habitantes.

En la Provincia de Mendoza, durante los últimos 4 años se produjeron más de 3 mil intentos de suicidio. Los suicidios consumados se elevaron a 159 en el año 2015; 168 en el año 2016; 197 en el año 2017 y 185 en el 2018; siendo ese año la T.M.S de 11.50 por cada 100.000 habitantes.

Si bien no se pueden establecer correlaciones “lineales” con las condiciones económicas y sociales, el suicidio aumenta con el malestar social y las crisis económicas: la Anomia Social. Aunque un aspecto poco perceptible -necesario de advertir- tiene que ver con el grado de condicionamiento, coacción o estigmatización social en lugares que presentan densidades poblacionales menores. En este sentido, es notable la cantidad de intentos de suicidio y consumados en localidades pequeñas, tal como lo demuestran el Valle de Uco, algunas zonas del Sur y del Este Provincial. En el año 2018 la tasa de mortalidad por suicidio en el Valle de Uco fue de 7 por cada 100.000 habitantes, mientras que en los Departamentos del sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe) fue de 14.87 suicidios por cada 100.000 habitantes. Una indagación más precisa, por año y Departamento, revela que la mayor T.M.S en el año 2015 ocurrió en los departamentos de Santa Rosa (26.97), Lavalle (24.38) y La Paz (21.77). En el año 2016, en los Departamentos de San Carlos (33.92), Malargüe (20.11) y Capital (19.50). Y en el año 2017, en los departamentos de San Carlos (30.53), Santa Rosa (26.97) y Capital (24.22).

Habíamos dicho que los cambios emocionales -sobre todo aquellos vinculados a cuadros o trastornos psicológicos depresivos- poseen una incidencia fundamental en las decisiones suicidas. Pero no se puede ignorar que determinadas configuraciones culturales y morales de una comunidad conducen a formas de castigo y reprobación social (evidentemente más acentuadas que en los núcleos urbanos). Los contextos rigurosos de control social, las estigmatizaciones simbólicas ligadas a jerarquías desiguales, como así también los métodos regulatorios empleados sobre aquellas conductas presuntamente “inadaptadas”, pueden exhibir fuerzas irreparablemente negativas en estos espacios socio-territoriales. No por ello estamos diciendo que la comunidad es un actor condenatorio por naturaleza, sino más bien afirmamos que una sociedad que construye paradigmas simbólicos irreconciliables en el seno de sus relaciones, debe reconocer su compromiso hacia la salud mental de los individuos.

Recordemos la joven pareja de Docentes en San Carlos, que fueron encontrados ahorcados días después de que algunos medios de comunicación y sectores de la sociedad los condenaran con una virulencia indómita cuando se descubrieron sus títulos profesionales falsificados. Aquel escarmiento, auguró una especie de Capítulo del “Suicidio Altruista” de Émile Durkheim. La administración del castigo en poder de una moralidad correctiva, obsesionada con la agonía pecaminosa de los acusados, sentimientos de odio y bríos de tribunales periodísticos. No es eventual el caso del Departamento de San Carlos. Como dijimos, en los años 2016 y 2017 encabezó la Tasa de Suicidios en la Provincia, duplicando la media nacional. Muchos jóvenes que tomaron determinaciones suicidas fueron jóvenes con potencialidades y capacidades dignas de reconocer. Pero al mismo tiempo, en algunos casos, fueron también fustigados por estas pautas morales y sociales a las que hemos referido.

Por tanto, el Estado debe contar con instrumentos para la detección del intento de suicidio y ejercer evaluaciones efectivas de síntomas psíquicos y físicos. Y la comunidad debe cultivar un proceso de sensibilización social que no se logra mediante atenciones circunstanciales o situaciones de apoyo de tipo caritativo, sino más bien que le corresponde producir intervenciones orientadas a suplir las estigmatizaciones y todas aquellas formas de juzgamiento social.

En consecuencia, el Estado Provincial y Municipal debe contribuir de manera implacable con dispositivos socio-sanitarios ecuánimes. No basta con la apertura de Centros de Rehabilitación o Contención.

El Estado debe potenciar aquellas cualidades que son inherentes a las subjetividades de las personas en riesgo. Proporcionar los medios para el desarrollo individual no es una tarea menor, pero por lo mismo, tampoco es una tarea imposible. Poner en marcha un sistema público de gestión comunitaria que brinde los recursos, espacios o medios para alentar las capacidades laborales y culturales de manera digna, en conjunto con seguimientos psicológicos y clínicos, quizás pueda significar una alternativa viable a este problemática. Una comunidad que en lugar de reprobar conductas, reconozca las individualidades en sus múltiples dimensiones, canalizando sus contribuciones al todo social, que siempre están allí, latentes, silenciosas, potenciales.

La Argentina cuenta con una herramienta fundamental en materia de Salud y Derechos Humanos: la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Esta Ley fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) como la más avanzada de la región y ejemplo a seguir en todo el mundo. Dicha norma asegura el derecho a la protección de la salud mental. A través de sus 46 artículos se garantizan los derechos de las personas con determinadas problemáticas psicosociales a vivir en comunidad, a la inclusión social, a una atención sanitaria adecuada, a sostener los vínculos familiares y afectivos, a la no-discriminación, a la intimidad y autonomía personal.

En todo caso, las decisiones sobre la vida o la muerte son arbitrarias, como la mayoría de las decisiones que una persona o una sociedad asumen. Y esto porque nadie vive o decide morir bajo plena conciencia de sus actos. 

Por Diego Tagarelli, sociólogo. 

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