mendoza
Sobreseyeron a tres docentes por la toma del Normal
Finalmente la justicia determinó que no habían cometido delito por acompañar la toma pacífica del Instituto Tomás Godoy Cruz los días 24 y 25 de agosto de 2018. La denuncia había sido impulsada por la Dirección General de Escuelas.
La justicia determinó que los docentes Patrick Boulet, Gabriela Díaz y Miguel Sarmiento no cometieron delito por acompañar la toma pacífica de lo estudiantes del IES 9-002 Tomás Godoy Cruz durante las protestas del 24 y 25 de agosto de 2018 contra una normativa de la DGE (el Decreto 530 en Nivel Superior).
En la audiencia, la defensa de los imputados, a cargo de Pablo Salinas y Pablo Cazabán, argumentó que no hubo delito por parte de los profesores durante la jornada del 24 de agosto de 2018. Por su parte, la Fiscalía ratificó esa posición.
El abogado querellante -representante de la Dirección General de Escuelas- se opuso a estos argumentos y resaltó lo que para él significó el aspecto positivo de las imputaciones: “Desde entonces, no hubo más asambleas ni tomas en el Instituto”. A su vez, el letrado se reservó el derecho de apelación, sin justificar tal posición.
Para la doctora Miriam Moltó no hubo delito comprobado en el expediente, por lo tanto los imputados no lo cometieron y por ende les otorgó el sobreseimiento.
Al final, la magistrada agregó que es materia de análisis si la desobediencia a un pedido de la DGE constituye delito.
¡Sobreseyeron a los/as compañeros/as imputados/as del Normal!
— SUTE (@sutemendoza) October 30, 2019
El juez dictaminó que NO HUBO DELITO
Patrick Boulet, Gabriela Díaz y Miguel Sarmiento habían sido arbitrariamente imputados/as por acompañar la toma pacífica del IES 9-002 ?https://t.co/k7eVVDFIGb
El caso
La Tercera Fiscalía Correccional imputó penalmente en agosto de 2018 a Boulet, Díaz y Sarmiento a raíz de una denuncia presentada por la DGE.
Los docentes en cuestión sólo se habían notificado del memorándum que envió el titular de ese organismo, Jaime Correas, en el que se instaba a toda la comunidad educativa del Instituto Tomás Godoy Cruz a desocupar el edificio en un horario determinado, en el contexto de las protestas por la aplicación del Decreto 530 y resoluciones posteriores.
Desde entonces, a través de sus abogados los tres docentes habían solicitado la nulidad y sobreseimiento en la causa por "desobedecimiento" de la normativa emitida por la DGE, quien fue el que los demandó formalmente.
Por su parte, el SUTE rechazó desde el vamos la decisión judicial y le pidió al Gobierno provincial que cesara "toda persecución y represalia por el ejercicio del derecho de protesta".
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