Turismo

Regulaciones desalientan "propiedades AirBnB" en Mendoza

Provincia y municipios buscan que los inmuebles para alquiler temporario estén habilitados y paguen los tributos correspondientes como cualquier empresa, lo cual encarece costos y hace que algunos propietarios los saquen del mercado.

domingo, 5 de mayo de 2019 · 11:50 hs

Los sistemas de alojamiento al estilo AirBnB tuvieron un crecimiento meteórico en Mendoza durante los últimos años pero las actuales presiones regulatorias y fiscales en la provincia hacen que algunos propietarios desistan del negocio. “Si operan en el sector turístico deben respetar la legislación tributaria vigente y contar con las habilitaciones de higiene y seguridad correspondientes”, comentan desde el Gobierno provincial, en sintonía con los reiterados pedidos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra).

La popular plataforma de reservas por internet, que hoy cuenta con unas 1.000 propiedades en oferta en Mendoza, permite a propietarios alquilar su casa o departamento completos u alquilarlos por habitación, lo que brinda una alternativa de alta flexibilidad para el bolsillo o la condición familiar del viajero. En la web de AirBnB el potencial inquilino puede acceder a un muestrario de propiedades para las fechas elegidas, ver fotos, ubicación, detalle de los servicios que ofrece y reservar con precio cerrado.

El hecho de no contar con personal en relación de dependencia ni ofrecer en la mayoría de los casos un servicio 100% personalizado permite a este tipo de alojamientos una sensible reducción de costos frente a competidores del sector hotelero, por ejemplo. Sin embargo la falta de registros de huéspedes o de controles de higiene y seguridad sobre las instalaciones pueden significar también un riesgo para quien ese aloja en el lugar.

AirBnB ofrece departamentos, casas y habitaciones.

En un paneo rápido para graficar la situación, un fin de semana para una pareja con dos niños se consigue en torno a los $4.000 en AirBnB mientras que en un hotel 3 estrellas de calle Las Heras la estadía de viernes a domingo ronda los $7.500 con impuestos incluidos.

Sin embargo el reclamo hotelero no va por el hecho de la competencia en sí, sino por la situación irregular de muchos inmuebles ofertados en la web. Esto se debe a que si bien a plataforma cobra una comisión al propietario y le exige una inscripción fiscal para emitir la factura correspondiente, no regula la posición del dueño frente a Bienes Personales, habilitaciones municipales ni inscripción de la propiedad en el registro de alojamientos turísticos.

Por ello desde hace ya algún tiempo el Gobierno provincial y los municipios avanzan en la presión para detectar propiedades de alojamiento temporal para que estén inscriptas “con todas las de la ley”. Esto implica para los propietarios incorporarse al registro de alojamientos para turismo creado en 2007, el pedido de habilitación municipal correspondiente, lo que a su vez implica inspecciones y regulaciones similares a las de un comercio común y corriente. Aún más: hasta el edificio donde se encuentre el departamento a ofertar debe tener la aprobación del consorcio para que se permita el desarrollo de este tipo de actividad.

Ante esta situación algunos propietarios han comenzado a retirar sus propiedades de la oferta, según lo comentan a MDZ, ya que entre la burocracia y la presión fiscal la actividad se hace menos rentable y más engorrosa. Lo que en su momento representó un negocio bastante más lucrativo y ágil que un alquiler tradicional se convierte ahora en un potencial blanco de inspecciones y clausuras, por lo que algunos han puesto su oferta en suspenso hasta ver cómo evoluciona la nueva legislación.

Por ahora la Provincia y los municipios aplican la normativa relativa a cualquier comercio del sector turístico. Sin embargo el Ente Mendoza Turismo (Emetur). “¿Es un trabajo más para el anfitrión? Sí, pero es a la vez un desarrollo empresarial y como tal debe respetar la normativa vigente”, comenta el director de Calidad y Servicios Turísticos del Emetur, Marcelo Reynoso. En este sentido, el funcionario asegura que más allá de lo impositivo, lo que se busca es garantizar la seguridad y los derechos del consumidor que se aloja en este tipo de emprendimientos.

Los anfitriones AirBnB deberán cumplir con habilitaciones e impuestos.

Como ejemplo remarca que para alojarse en un AirBnB el huésped no precisa de ningún tipo de identificación, a diferencia de lo que sucede con los establecimientos controlados. Esto puede dar lugar a “cuevas” para delincuentes o delitos.

Segundo, la seguridad de las personas: “Todos sabemos lo que pasó con el lamentable caso de Cromañón... ¿Qué sucede si hay una falla eléctrica o de gas en una propiedad y uno de los huéspedes sufre una desgracia? Por eso es imprescindible la habilitación municipal”, agrega Reynoso.

En el caso del permiso del consorcio, el funcionario aclara que resulta “hasta de sentido común” ya que un desfile de personas ajenas rotará en la ocupación del inmueble, lo que puede generar preocupación en algunos vecinos.

Al mismo tiempo Reynoso detalla que el nuevo Código de Faltas aprobado meses atrás en Mendoza permite a cualquier persona denunciar la prestación de alojamiento temporal sin registrar, lo que pone a los propietarios en la vidriera en caso de operar fuera de la ley.

Por último, el funcionario explica que contratar un servicio de alojamiento no registrado hace que el huésped pierda cualquier derecho de reclamo ante Defensa del Consumidor en caso de tener algún problema durante su estadía. “Es lo mismo que comprar robado”, grafica Reynoso.

Contratar un alojamiento clandestino es como comprar robado.

De todos modos el referente del Emetur aclara que el espíritu del Gobierno en materia turística no es perseguir ni asustar, sino, por el contrario, buscar la forma de adaptarse a los permanentes avances tecnológicos, que obligan a “buscarle la vuelta” a cada actualización en beneficio de la actividad y del visitante.