Prestar inmuebles públicos ociosos, una forma 'creativa' de dar acceso a la vivienda

El préstamo gratuito de inmuebles estatales ociosos es la "solución creativa" por la que están optando algunos tribunales de la Ciudad de Buenos Aires que buscan garantizar de manera "real" y "permanente" el derecho constitucional a la vivienda a personas "en extrema vulnerabilidad".

Redacción MDZ

imagen ilustrativa

El Chorrillero

El préstamo gratuito de inmuebles estatales ociosos es la "solución creativa" por la que están optando algunos tribunales de la Ciudad de Buenos Aires que buscan garantizar de manera "real" y "permanente" el derecho constitucional a la vivienda a personas "en extrema vulnerabilidad", afirman fuentes judiciales en lo que perfilan como una nueva doctrina "superadora" del mero subsidio habitacional.

Se trata de la cesión de viviendas "en comodato social", una figura a la que recurrieron al menos seis fallos del fuero Contencioso Administrativo desde 2009 (cuatro de primera instancia y dos de segunda). La iniciativa fue ovacionada al ser presentada por la delegación argentina en la Cumbre de Jueces sobre Derechos Sociales que se llevó a cabo en julio pasado en el Vaticano, presidida por el papa Francisco.

"El derecho a la vivienda se satisface básicamente a través de subsidios, pero hemos entendido que resulta insuficiente en razón del monto y del plazo por el cual se otorga: ahí nace el comodato social", aseguró a la agencia Télam el presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro.

"Es una figura que hemos creado judicialmente, no prevista en la legislación, que tiene por finalidad ser una suerte de superación de las actuales políticas públicas en materia de vivienda para grupos vulnerables", aseguró a su vez a Ijudicial el juez Roberto Gallardo, autor de los primeros fallos.

Balbín explicó que ya no se trata de dinero, sino que "supone una vivienda real para satisfacer en términos de continuidad este derecho" pero "sin implicar propiedad". "El Estado dispone de muchos inmuebles ociosos que debieran destinarse con fines sociales", agregó.

Por su parte, el asesor tutelar Gustavo Moreno afirmó que "el derecho a la vivienda adecuada que los tratados internacionales plasman como obligación de los Estados, no implica necesariamente propiedad sino seguridad jurídica" en su ejercicio. "Las viviendas sociales siempre se pensaron a través de créditos hipotecarios, pero después la gente no podía pagar e iban a remate. Por eso, desde una perspectiva social parece muy aceptable el comodato, dado que la propiedad queda en manos del Estado, que la presta y no la va a sacar", dijo.

Dictada por el 1 de agosto pasado por la Sala I de la Cámara CAyT, la última sentencia de "comodato social" le ordenó al gobierno porteño que le preste un inmueble a un hombre de 56 años con esquizofrenia cuyo único ingreso es una pensión por discapacidad. Cuatro meses antes, la misma sala había resuelto confirmar otro fallo del juez Gallardo que mandaba a la Ciudad que otorgue una vivienda en comodato social a una mujer VIH positiva que tiene a su cargo dos hijos menores, uno de ellos con autismo.

"Estos fallos suponen una participación mayor del juez en la definición de la política pública, pero esto es razonable desde la perspectiva de la satisfacción de un piso mínimo de derechos. Ante niveles de exclusión tan altos, desde los distintos poderes tenemos que contribuir con soluciones creativas", dijo Balbín. Como fueron apeladas al Tribunal Superior de Justicia, estas sentencias de Cámara no se hicieron efectivas aún y "es altamente probable que sea la Corte la que defina si el comodato social es una figura jurídicamente idónea o no", dijo.

En abril de este año recibían este subsidios habitacionales del Programa Atención para Familias en Situación de Calle del ministerio de Desarrollo, un total 9.177 personas y, según el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, "pero casi el 60%" accedieron por orden judicial. "El trámite se judicializa por el monto –solo 4 mil pesos- y por el plazo de 12 meses, que si bien es prorrogable por 6 más, no es automático", dijo el abogado del Observatorio, Jonathan Baldiviezo.

El letrado consideró que el comodato social "es una forma más adecuada" porque ya "no se descarga en las familias la difícil tarea de conseguir un alquiler formal bajo condiciones de imposible cumplimiento", lo que deriva en que muchas "terminan alquilando en villas o se hacinan en inquilinatos no habilitados", dijo.

"Esperamos que estos fallos sirvan para impulsar un sistema de viviendas sociales, es decir, viviendas estatales dadas en comodato o en alquiler a bajos montos, modalidad que en las grandes ciudades europeas supone entre el 10 al 20 % del parque residencial", agregó.

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?