La justicia le pidió a Gustavo Cordera que grabe un video retractándose

Las fiscales María Piqué, en representación de la Fiscalía Federal N°7, y Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), manifestaron ayer su conformidad para que le sea concedida, bajo una serie de condiciones, una suspensión de juicio a prueba al músico Gustavo Cordera. La audiencia de probation fue convocada por el juez Germán Andrés Castelli, del Tribunal Oral Criminal Federal Nº7 y participaron las querellas del INADI y de la Asociación Civil de víctimas de violencia y abuso sexual “Red Viva”. También estuvieron presentes la titular del Instituto Nacional de Mujeres Fabiana Tuñez y el abogado denunciante Vadim Mischanchuk. El juez tiene diez días hábiles para resolver.

Cordera está acusado de cometer el delito de “incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 del Código Penal. En agosto de 2016, Cordera se presentó a una entrevista con estudiantes de la escuela de periodismo TEA. “Hay mujeres que necesitan porque son histéricas y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente”, expresó. Además, sostuvo que los hombres adultos deberían poder mantener relaciones sexuales con chicas a partir de los 13 años ya que lo contrario sería “una aberración de la ley” o “una injusticia”.

En la audiencia, la defensa de Cordera ofreció dar recitales a beneficio de las querellas y otorgar charlas sobre su experiencia durante la tramitación de este proceso y sobre violencia de género en lugares públicos como la escuela de periodismo TEA y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. “Si he cometido algún daño, necesito repararlo”, remarcó el músico y agregó: “Ofrezco contar mi arrepentimiento y una manera es contar lo que viví en este tiempo”.

Ante esta propuesta, el Ministerio Público tomó la palabra y argumentó por qué correspondía en esta ocasión que se otorgara este instituto. Específicamente, la fiscal Piqué destacó no sólo que el fiscal que había intervenido en la instrucción ya había consentido la suspensión sino que además enumeró las instrucciones que emitieron los distintos procuradores generales, las cuales consagran la “tesis amplia” para interpretar la probation. Detalló, además, que la Convención de “Belem do Pará” no es un obstáculo para la probation en todos los casos y recordó el inciso b del artículo 7 de la Convención donde se hace hincapié en la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Resaltó, además, que la suspensión es una solución judicial y que Belem do Pará no indica que tiene que haber penas de prisión para todos los casos de violencia de género. A eso le sumó que se debe tener en cuenta la publicidad que tuvo esta audiencia, lo que cumplía ya con un fin comunicativo importante. “La condena penal no es el único remedio para neutralizar determinados discursos o expresiones, hay que buscar otras opciones”, marcó Piqué.

Por su parte, la fiscal Labozzetta destacó la importancia de contextualizar este caso en el universo general de casos de violencia de género. Refirió que el diagnóstico general es que la respuesta que tienen las mujeres cuando recurren al sistema de administración de justicia es absolutamente “deficitaria” y que la prioridad de la política criminal del Ministerio Público Fiscal en materia de criminalidad de género es reducir la impunidad en los casos de violencia y la revictimización.

“La condena penal no es el único remedio para neutralizar determinados discursos o expresiones, hay que buscar otras opciones”, marcó la fiscal Piqué.

A su vez, manifestó que se debe reflexionar sobre el modo en que el sistema trata los casos de violencia de género y pensar cuál va a ser la respuesta en cada uno de ellos. “Estamos viviendo un momento histórico donde el movimiento de mujeres ha logrado desnaturalizar la violencia sufrida e instalarla en la agenda pública”, consideró, y agregó que no pueden ser respuestas automáticas, generalizadas e intransigentes. “No toda manifestación de violencia de género merece una pena de prisión. Si tomamos conductas demagógicas, seguimos jugando con las víctimas”, expuso. Argumentó también que el sistema debe tener una proporcionalidad en función de la gravedad de los hechos y que debe otorgarse real valor a las palabras de las mujeres. “Hay que dar el mensaje de que el derecho penal no es la única respuesta”, concluyó.

Luego, la fiscal Piqué detalló las condiciones que debieran fijársele a Cordera. En primer lugar, manifestó la oposición de la Fiscalía a que el imputado diera recitales y charlas sobre la temática. La petición fue que tomara un curso sobre violencia contra las mujeres que lleva adelante el Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que se abstuviera de hacer declaraciones públicas que legitimen o relativicen la violencia contra las mujeres o que configuren violencia simbólica de acuerdo a lo contemplado en la ley 26485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres. También solicitó que formulara una retractación y un pedido público de disculpas acordado con las partes y que deberá ser subido a las redes sociales del cantante y a los sitios fiscales.gob.ar y cij.gov.ar. En relación a los recitales que ofreció Cordera, consideró que se debía escuchar a las querellas ya que ellas eran las que iban a ser resarcidas. Consideraron, además, que el plazo de probation tenía que ser de un año y medio.

"No toda manifestación de violencia de género merece una pena de prisión. Si tomamos conductas demagógicas, seguimos jugando con las víctimas”, expuso Labozzetta.

La postura de las querellas

La Asociación Civil de víctimas de violencia y abuso sexual-Red VIVA se opuso al planteo de suspensión de juicio a prueba y remarcó que, por la existencia del fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no correspondería la aplicación de la probation en este caso. Marcaron que es necesario que se vaya a juicio para que se haga una real valoración de lo que dijo Cordera y para desalentar conductas similares. Sara Barni, presidenta de la asociación, sostuvo que Cordera hizo una afirmación que pone a todas las mujeres como vulnerables y donde se da “por bueno” el uso de la violencia para dar placer.

El abogado del INADI consideró que se trató de un discurso que encerró violencia mediática y que se trata de un delito que perpetúa la discriminación y reproduce los patrones de la cultura patriarcal.

Por la trascendencia del caso, el Juez Castelli permitió brindar su palabra a la titular del INAM, que intervino en calidad de denunciante. Tuñez indicó que los dichos de Cordera, al ser pronunciados en un ámbito público, ante alumnos de periodismo y siendo un referente, le dan a la causa un peso distinto.

Resaltó que la violencia de género está basada en desigualdades estructurales de poder y recordó que en Argentina una mujer es asesinada cada 32 horas en un contexto de violencia de género. “Es importante que se resuelva, que haya un arrepentimiento real y que entienda Cordera que lo que hizo está mal”, expresó. Manifestó que se oponía a la suspensión pero que, en caso de que se le otorgara, propuso que el músico realice una disculpa pública al colectivo de mujeres vulneradas y que sea presentada en distintos medios de comunicación. También, expusieron que podría donar un millón de pesos que se destinarían a un centro que se ocupe de visibilizar la violencia de género y que asista a un curso sobre violencia simbólica dictado por el Inam. Otra de las propuestas que efectuó el organismo es la realización de cinco recitales donde se de unos 15 minutos a especialistas en temáticas de género para que se visualice la problemática y se sensibilice a la ciudadanía. Sobre lo sugerido por el Instituto, la Fiscalía manifestó que no se oponía.