Mendoza lanza un 'Plan de inclusión social” para tratar la basura

Desde hace muchas décadas, varias generaciones de mendocinos viven de la basura, recolectando de manera formal e informal los desechos, vendiendo lo que se puede, comiendo lo que se puede y reciclando lo que se puede.

Ahora, el Gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que conduce Humberto Mingorance, se gestiona el Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Mendoza, que incluye la remediación y cierre de los actuales basurales a cielo abierto, “donde los recuperadores de la región, realizan su actividad laboral informal”, informan.

“Los recuperadores de basura a cielo abierto, por lo general consiguen con su tarea en estos sitios, un ingreso diario fijo, que les asegura su subsistencia. Los recicladores informales a menudo provienen de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad y enfrentan numerosos retos, desde riesgos de salud y seguridad, hasta explotación”, evalúa la secretaría.

Al tratarse de una actividad de subsistencia, esta población es altamente vulnerable y con escasas posibilidades de insertarse en el mercado laboral formal, sumado a los insuficientes recursos necesarios, “por lo que, de no ser abordada la problemática previo al saneamiento del basural, arrojaría al conjunto de la población a una situación de riesgo mayor a la que hoy padecen”.

Piso, Plan de Inclusión Social

El Plan de Inclusión Social, si bien está orientado a los recuperadores informales de Basurales a Cielo Abierto (BCA), “también afectará indirectamente de manera positiva a las poblaciones circundantes a los actuales BCA y a las que habitan en los barrios donde viven los recuperadores. Esto es porque la formalización de sus tareas evitará que los recuperadores lleven materiales a su casa para su clasificación y venta, con las consecuencias para la salud pública que implica la formación de ‘microbasurales’ en las residencias”, refiere.

Sabido es que el trabajo de los recicladores de residuos implica un importante aporte a la economía circular, y su trabajo también puede ahorrarle dinero al sistema formal de gestión de residuos, mediante la prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios, la reducción de costos de transporte y la conservación de los recursos naturales, al reducir la necesidad de extraer o producir nuevos materiales.

Mientras que la recuperación informal ha sido desconocida por mucho tiempo, y hasta se la ha considerado una forma de delito, en los últimos años un número creciente de países, particularmente en América Latina, han comenzado a adoptar políticas para proteger y promover la participación del sector informal en la gestión formal de los residuos sólidos.

Población Afectada

La gran dispersión espacial del Área Metropolitana, y las gestiones municipales que han realizado una disposición incontrolada de los RSU en basurales a cielo abierto, acompañadas de las crisis económicas recurrentes, han llevado a una importante cantidad de población, en estado de vulnerabilidad social, a hacer de la separación de residuos en estos basurales, su fuente de sustento.

“Conociendo esta problemática, normalmente asociada a la gestión de RSU, se desarrolló un Plan de Inclusión Social, que complementa al proyecto del Centro Ambiental El Borbollón, para una población total de 511 personas. Estas personas están asociadas a tres basurales a remediar: el basural de Puente de Hierro (Guaymallén), el basural de Campo Cacheuta (Luján de Cuyo) y el sector de trabajo de separadores informales de residuos, ubicado dentro del predio del actual Vertedero Controlado de Las Heras”, ilustra la Secretaría de Ambiente.

Propuesta de Inclusión

El Plan de Inclusión Social se confeccionó con la perspectiva de inclusión social de recuperadores de basurales a cielo abierto, al Sistema de Gestión Social de Residuos Reciclables, bajo dirección estatal. Esto significa que el Estado organizará los recursos materiales y humanos para dar respuesta a la recuperación de materiales reciclables y su inserción en el mercado, tomando el PISO como parte integrante de la GIRSU de la Zona Metropolitana. Esta concepción hace de este Plan, una plataforma para la inclusión de los recuperadores, en el marco de un programa de formalización laboral y sustentabilidad económica.

Tomando como punto de partida los datos relevados en los censos, se trazaron cinco líneas de trabajo:

1) Acceso al material

2) Tratamiento del material para su comercialización

3) Capacitaciones

4) Acceso al mercado de reciclaje

5) Concientización

Cada una de estas acciones fue pensada “teniendo en cuenta la necesidad de la incorporación de los recuperadores ya que son un factor fundamental en la implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.

Teniendo en cuenta la cantidad de recuperadores que viven de los basurales a ser saneados, como así también, la escasa posibilidad de incorporar a todos en el Planta de Separación del Centro Ambiental El Borbollón, a construirse a través del Proyecto; y atendiendo a las distancias que existen entre uno y otro Municipio, se plantea el abordaje del problema de manera territorial. “Esto implica la consideración de las características de cada Municipio, junto a los sujetos que los conforman, y de esta forma intentar dar solución al total de los recuperadores afectados”.

Para la inclusión de estas personas, se han diseñado en estos tres municipios, sistemas de recolección y procesamiento de reciclables, los cuales contarán con: sistemas de recolección diferenciada puerta a puerta y a través de puntos verdes, y Centros Verdes (plantas de separación de segunda selección) para el procesamiento del material recolectado, a construirse en cada Municipio, todos ellos operados por recuperadores de residuos.

Además, los puestos de trabajo no calificado que se generen en el Centro Ambiental El Borbollón, serán dirigidos prioritariamente a los recuperadores de Las Heras, una vez que el servicio de operación sea concesionado.

La suma de todas estas opciones permitirá la generación de unos 1000 puestos de trabajo necesarios para, no solo garantizar la subsistencia de todas estas personas, sino además, mejorar su calidad de vida en todos los aspectos.