Sociedad Los negocios de la Salud

Un fallo ordena al PAMI devolverle a Burgos la atención de jubilados

Le habían quitado las prestaciones cardiológicas para cederlas a un grupo afín al oficialismo. Pero a la vez se pusieron en riesgo los trasplantes. La jueza federal Olga Pura Arrabal ordenó volver atrás aceptando una medida cautelar de una ONG y de tres jubilados. El fallo es colectivo y abarca a todos.
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Ricardo Montacuto

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Un fallo ordena al PAMI devolverle a Burgos la atención de jubilados(Nacho Gaffuri/MDZ)

Un fallo ordena al PAMI devolverle a Burgos la atención de jubilados | Nacho Gaffuri/MDZ

Un fallo ordena al PAMI devolverle a Burgos la atención de jubilados(Nacho Gaffuri/MDZ)

Un fallo ordena al PAMI devolverle a Burgos la atención de jubilados | Nacho Gaffuri/MDZ

La jueza federal mendocina Olga Pura Arrabal aceptó una medida cautelar interpuesta por abogados de la ONG “Protectora” en nombre de tres jubilados, y ordenó al PAMI devolverle al conocido cardiocirujano Claudio Burgos las prestaciones médicas a los 105.000 afiliados a la obra social de los jubilados en Mendoza. Las atenciones cardiológicas a la tercera edad habían sido traspasadas a la clínica de la Sociedad Española de Socorros Mutuos -propiedad del grupo empresario Olmos, afín al oficialismo- en diciembre del año pasado, sin mayores notificaciones ni posibilidad de defensa de Burgos, cuya empresa prestó los servicios cardiológicos junto a otras instituciones médicas desde hace 27 años, cuando era gobernador Santiago Felipe Llaver, y Alfonsín presidente de la Nación. Pero se ve que las cosas han cambiado.

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El PAMI decidió el año pasado transferirle el negocio de la atención cardíaca de los jubilados al sanatorio de los Olmos, y además cambió las reglas de juego respecto de la cobertura de los trasplantes. La obra social decidió dejar de pagar los “descartables”, que en el caso de los trasplantes cardíacos y cardiopulmonares incluyen máquinas de "circulación extracorpórea" de más de 40.000 pesos de costo. Jubilados que se han sentido perjudicados por esta medida del PAMI iniciaron una acción judicial, que tuvo un primer paso favorable con una cautelar que ordenó volver el conflicto a fojas cero, y que de paso desahoga a Burgos y al Hospital Italiano, que habían quedado muy condicionados por la medida de la obra social. Pronto, el cirujano hubiese tenido que dejar de hacer los trasplantes. Otro efecto hubiese sido la desvinculación de médicos y personal técnico de su equipo, integrado hoy por unas setenta personas. Alguien podrá decir que estos son los riesgos del negocio y de trabajar con el Estado y tendrá razón. Pero en el medio hay 105.000 jubilados y un centro de tratamiento cardiológico del primer mundo, que salva vidas.

El conflicto comenzó en agosto del año pasado cuando el PAMI cambió el sistema capitado, esa suerte de “ahorro previo” para cubrir las prestaciones del año, por uno de facturaciones. Lo hizo en varias provincias inclusive Mendoza. Y aunque no hubo explicaciones oficiales ni respuestas a las preguntas de este medio, circuladas durante las últimas dos semanas del año pasado en distintas instancias del PAMI, algunos voceros dijeron que el nuevo sistema tendía a evitar las “subprestaciones” y a hacer más eficiente el gasto. Es decir, la decisión del PAMI es pagar por lo que efectivamente se presta, y no por una “bolsa” de afiliados se atiendan o no. En el caso de las prestaciones cardiológicas, hablamos de un volumen de negocios relativamente chico, pero que le permitía a Burgos mantener operativo su centro de trasplantes, la verdadera cuestión crítica de la prestación cardiológica.

Como sea, luego de un primer conflicto por el cambio de sistema y de algún encontronazo muy duro entre el propio Burgos y autoridades nacionales del PAMI, la obra social directamente le quitó a la empresa del médico mendocino (Harefield SA) y al Hospital Italiano (Finamed SA), la atención convencional de los jubilados: consultas, seguimiento de unos 500 pacientes trasplantados, curaciones, cirugías menores, y todo tipo de prestaciones de rutina de la atención cardiovascular, que hacían la “crema” del negocio, y que permitían solventar la estructura para las prestaciones de alta complejidad. La cápita que el PAMI pagaba a Burgos antes del conflicto era de alrededor de 800.000 pesos al mes, según datos extraoficiales pero que manejan en el gobierno, donde también intercedieron en el conflicto para resolver la cuestión. El temor era que los afiliados al PAMI perdiesen prestaciones de calidad.

Hasta el momento del conflicto, la atención cardiológica de los afiliados era compartida por el propio Burgos, por el médico Martín Farrando en la clínica de la Sociedad Española de Socorros Mutuos (Grupo Olmos), y hasta hace meses el Hospital Español, que se retiró del sistema. Pero desde la ruptura con Burgos, la atención de los jubilados del PAMI quedó en manos de un solo médico, Farrando. Conocedores del negocio, cuando la polémica trascendió el año pasado, dijeron a MDZ que el PAMI ya había perdido juicios por la atención monopólica de sus afiliados. 

En el centro de Burgos ya se han atendido unos 16.000 pacientes y realizado más de 600 trasplantes, varios de ellos multiorgánicos.


Hay quienes ven algún costado político en la decisión del PAMI. El centro de Burgos llevaba 27 años y muchos gobernadores y presidentes atendiendo a los jubilados. Y es imposible soslayar el hecho de que los propietarios de la Sociedad Española beneficiados por el "cepo" a Burgos pertenecen al mundo del oficialismo. Los hermanos Raúl y Alejandro Olmos pasaron en menos de 20 años de ser una familia de clase media trabajadora de Villa Hipódromo, a convertirse en propietarios de medios y clínicas de todo el país. Hoy controlan una decena de sanatorios incluyendo el de la Sociedad Española y la Clínica Pellegrina, ambas en Mendoza. Y son propietarios y socios en los diarios Ámbito Financiero, Crónica, BAE, y El Atlántico de Mar del Plata entre otros medios menores; todos dedicados a la defensa a ultranza del gobierno nacional y del "modelo". Además, los Olmos son propietarios de parte de la productora Underground de Sebastián Ortega. Desde una firma gerenciadora de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica, construyeron un poder silencioso y efectivo, y recientemente habían accedido al negocio de la cápita del PAMI respecto de las prestaciones cardiológicas.

Ahora, luego del amparo concedido por la jueza Olga Pura Arrabal, habrá que ver cómo sigue la discusión de fondo: Es decir, quién atiende a los jubilados y cómo paga el PAMI sus servicios y la cobertura de los trasplantes. Ni el centro de Burgos ni ningún otro está en condiciones de absorber el costo del 50 % del total de la operación sólo en un “descartable”, la máquina de circulación extracorpórea. Con eso, más el costo del equipo médico y el resto de la cirugía, se llegaría a la insólita situación de médicos subvencionando de su bolsillo los trasplantes del PAMI. El problema es que las gestiones políticas hasta ahora no habían dado mayores resultados. Se sabe que Burgos había logrado llegar al ex ministro Carlos Díaz Russo, al gobernador Francisco Pérez, e incluso al poderoso ministro de Planificación Julio De Vido. Pero el PAMI es algo así como un bosque político impenetrable. Hubo que esperar el amparo concedido por la jueza Olga Pura Arrabal para poner freno y empezar de nuevo.

EL AMPARO

La jueza subrogante del Juzgado Federal 2, lo que hizo fue aceptar un recurso de amparo presentado por tres afiliados al PAMI llamados Víctor Cejas, Angel Palmieri y Miguel Costa con el patrocinio de la asociación civil Protectora, conocida por sus reclamos en la atención a los ciudadanos sobre todo en casos de servicios públicos. Los jubilados reclamaban seguir atendidos en el Hospital Italiano por el equipo de Burgos. El amparo es colectivo, es decir, los 105.000 afiliados al PAMI resultarán beneficiados con la medida de la jueza, que dispuso ordenar a la obra social que mantenga como prestador a la empresa Harefield SA. El foco de la decisión de la jueza es preservar la atención de personas que requieren cirugías cardiovasculares para el tratamiento de distintas afecciones; a quienes están en lista de espera del INCUCAI para ser trasplantados; y a los que recibían tratamiento permanente por haber sido intervenidos. La jueza ha ordenado a la obra social que “se abstenga de modificar las condiciones (…) hasta tanto se acredite suficientemente la existencia en la provincia de Mendoza de un servicio médico de iguales o mejores características que el brindado por Harefield S.A (Dr. Claudio Burgos y su equipo) y Finamed S.A. (Hospital Italiano), sin que dicho cambio comprometa el derecho a la salud y a un tratamiento digno”, tal el pedido presentado por Protectora.

En declaraciones de prensa distribuidas por un vocero, el propio Burgos explicó que “la decisión arbitraria del PAMI de eliminar a todos los afiliados del sistema capitado para cirugía cardiovascular, pone en riesgo la subsistencia del Centro de Trasplantes más importante  del oeste de nuestro país” y explicó que tal medida ha sido tomada “arbitrariamente” por un funcionario desde Buenos Aires, a causa de los “reiterados reclamos que se efectuaron durante tres meses, por la falta de pago de los materiales descartables de circulación extracorpórea, que no fueron incluidos en una nueva modalidad de facturación impuesta por el PAMI...”

Este tipo de aparatología es crítico y fundamental en la operación, y durante todos estos años PAMI se ha hecho cargo del costo. Cuando el PAMI cambió el sistema de cápita por una factura electrónica, los prestadores no pudieron “cargar” diversos ítems, entre ellos estos descartables carísimos. En el quipo de Burgos pensaron que se trataba de un error y han seguido manteniendo las prestaciones y haciendo trasplantes. Y aparentemente, el PAMI contestó a los reclamos con la eliminación de Burgos como prestador del sistema capitado. No así de los trasplantes por la sencilla razón de que no hay quien los haga. Es decir. Burgos debe hacerlos igual y hacerse cargo de los gastos que PAMI no asume.

Burgos dijo también que la medida exclusoria del PAMI “afectó profundamente al Servicio Cardiovascular poniéndolo en riesgo”. En este servicio que el cirujano acondicionó durante 25 años ya han sido operados unos 16.000 pacientes. Más de 600 de ellos fueron trasplantados multiorgánicos. Varios de esos pacientes fueron personas sin cobertura y absolutamente carenciadas, merced a un acuerdo con el gobierno provincial. El médico destacó que su centro es “...de referencia a todo nivel en la especialidad” y que de acuerdo al INCUCAI es uno de los más importantes en trasplantes de la República Argentina. El que más operaciones hace detrás de la Fundación Favaloro.

Hay un punto en particular en el que a Burgos le asiste la razón. Su empresa de salud no recibe subsidios de fundaciones ni de particulares, como sí ocurre con la Fundación Favaloro o el Hospital Austral. El Italiano de Mendoza se autofinancia apoyado en la cirugía cardiovascular convencional, lo que implica que el retiro del sistema capitado del PAMI puso en riesgo la subsistencia del centro de trasplantes de órganos, “que resuelve las necesidades de trasplantes de toda la provincia de Mendoza y de las provincias aledañas” dice el médico.

Mantener un centro de trasplantes multiorgánico requiere de muchos profesionales altamente capacitados disponibles las 24 horas por día todo el año, porque los pacientes que esperan  probablemente tienen una sola chance de recibir un órgano. Eso es lo que se ha puesto en riesgo esta vez. Burgos explicó que se trata de “un equipo multidisciplinario para ablación de órganos que viaja a cualquier punto del país con cirujano, ayudante, instrumentista y anestesista, que están siempre listos para acudir a los lugares donde se produce la donación. Eso es por el lado de la ablación. Y por el lado del trasplante se requiere de un equipo de cirujanos trasplantólogos intratorácicos para corazón, pulmón y cardio-pulmonar en bloque; equipo de cirujanos trasplantólogos de hígado con su correspondiente grupo de ablación especialista en hígado y además para riñón, también con personal médico y técnico permanente” sumarió el cardiocirujano. “De esa simple descripción de necesidades se desprende que de no subsistir la cirugía cardiovascular como estaba funcionando, no se pueden sostener los trasplantes”. Ese es el nudo del conflicto. Y no es sólo una disputa de negocios. Acá la pregunta es quién paga los costos de tener un equipo médico de altísima complejidad y excelencia, capaz de salvar una, muchas vidas, de una sola vez. Esa es la decisión de fondo que deberá tomar la Justicia Federal en este caso.

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