Sergio Salinas: "Otra vez a nadie le importa lo que pase con las víctimas"

Uno de los abogados que representa a los jóvenes abusados en el Instituto Próvolo expresó en MDZ Radio su desacuerdo con la venta del predio donde funcionaba la escuela religiosa para hipoacúsicos a la Municipalidad de Luján de Cuyo, que lo destinará a oficinas administrativas. "Pedimos que se resguarde para que no se modifiquen las pruebas", señaló. Además indicó que hay más de 200 personas que aún no han declarado.

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Redacción MDZ Online

Sergio Salinas representa a parte de las víctimas de abusos en el Próvolo(Facebook)

Sergio Salinas representa a parte de las víctimas de abusos en el Próvolo | Facebook

Uno de los abogados querellantes de las víctimas del Instituto Próvolo, Sergio Salinas, expresó su desacuerdo con la venta del edificio donde funcionaba la institución educativa religiosa a la Municipalidad de Luján de Cuyo y señaló que el predio debería ser embargado para garantizar la preservación de las pruebas, especialmente teniendo en cuenta que aún quedan muchas personas por declarar.

"Otra vez más a nadie le importa lo que va a pasar con las víctimas", aseveró Salinas en el programa Otra Manera, de MDZ Radio.

- ¿Está de acuerdo con lo que se dio a conocer ayer?

- No, y desde octubre del 2017 que no lo estamos. En esa fecha pedimos ante el fiscal y una jueza de garantías, un embargo penal que está previsto que el lugar donde se llevó a cabo el delito quede sujeto a decomiso, lo cual implica que pase al Estado en caso de que haya una condena. Lo solicitamos para que se resguarde a los efectos del derecho oportuno de las víctimas a la reparación integral, pero fundamentalmente para que no se modifique la prueba, es decir, no se garantice la inmunidad de los partícipes. Eso se nos contestó que no, que solamente se embargaba e inhibía los bienes de los imputados, y el resto quedó latente por parte de la Justicia penal.

- O sea que ustedes más allá de lo que pueda haber de pruebas todavía en el predio, quieren que se embargue el lugar para que sirva de resarcimiento eventual a las víctimas.

- Exacto, pero fundamentalmente lo otro. De hecho ambos están consagrados en el mismo artículo 23 del Código Penal. Hoy acabamos de presentar un escrito ante el tribunal colegiado, que es el que entiende la primer causa elevada a juicio, pidiendo que el embargo sea a los efectos de las víctimas y a que no innove. Esto último es porque si una víctima dice que la violaron en el baño y una monja la veía de costado, en el juzgado deben ver si realmente desde la función de la monja se puede apreciar esa circunstancia, una herramienta llámense inspección ocular, registro, reconstrucción, lo que fuera. En este caso concreto tenemos manifestaciones expresas que se va a pasar la topadora y lo van a dejar bonito como un parquizado, lo que es una decisión inconsulta. Otra vez más a nadie le importa lo que va a pasar con las víctimas.

- ¿De quién es el predio?

- Es de una asociación civil que se llama Obra San José. Actualmente hay tres demandas civiles presentadas por las víctimas contra el Arzobispado y esa asociación. No estamos hablando de una cuestión de dinero, sino de que hay una cuestión de prueba fundamental. La verdad es que siempre las víctimas van por detrás, nadie les consultan ni les preguntan.

- Ustedes lo que plantean es que eventualmente Luján compre el edificio más adelante al Estado provincial.

- Que lo compren o no es indistinto. Sería bueno preguntarle a las autoridades provinciales o municipales si saben cuántas personas quedan por declarar. Tenemos un universo de 200 personas mínimo que aún faltan por dar su testimonio, ¿porqué acá quieren tirar la investigación por la borda? Es algo que llama la atención. Y a su vez quien lo vende es el comisario apostólico interventor del Vaticano (Alberto Bochatey), que es el que quería hablar a espaldas con las víctimas y aún no cumple con la prueba que la fiscalía le pidió, sin importarme que yo denuncié penalmente a Dante Simón (enviado de la Iglesia Católica) por entorpecimiento. Es decir, esa misma gente e institución no contesta las pruebas y firma un acuerdo por la venta del inmueble.

- ¿Qué debería suceder con ese edificio una vez que sea cosa juzgada y se termine el juicio?

- Eso trasciende a las voluntades individuales. El inmueble tiene que ser decomisado, conforme al artículo 23 del Código Penal, y luego con ello resarcir a todos los que han gastado, es decir, al Estado, a la gente que trabaja desde hace dos años y a las víctimas si fuera el caso.

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