¿Qué provincias cuentan con un protocolo no punible para abortar?

Según un relevamiento realizado por un grupo de organizaciones, apenas 9 de las 25 jurisdicciones han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios.
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MDZ Sociedad

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¿Qué provincias cuentan con un protocolo no punible para abortar?

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¿Qué provincias cuentan con un protocolo no punible para abortar?

Según un relevamiento realizado por un grupo de organizaciones integrado por FUSA AC, Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Fundación Huésped, hasta septiembre de 2017, s apenas 9 de las 25 jurisdicciones habían adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. 

Son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otras 7 dictaron protocolos que incluyen requisitos que dicultan el acceso a servicios de aborto seguro: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. 

Las 8 jurisdicciones restantes -Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán- no cuentan con normas local

La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, así lo especifica el artículo 86 del Código Penal de la Nación. 

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre la interpretación que se debe dar sobre dicho artículo, y estableció que el aborto legal debe realizarse sin necesidad de autorización judicial y que en casos de violación basta con la declaración jurada de la mujer. 

En el fallo denominado "F. A. L.", la Corte también le encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios "para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos". 

En 2015, finalmente, estableció diversas pautas que los protocolos deben contemplar e instó al Poder Judicial a no interferir en el acceso a la práctica.