Mendoza ya puede acceder al polémico registro de salud mental

Mendoza forma parte de las nueve provincias donde ya puede accederse al registro de internados por salud mental. La iniciativa violaría la ley 25.326 de datos personales.
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A partir del martes, nueve provincias, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, comenzarán a implementar el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM), el cual permitirá "planificar acciones que orienten las políticas públicas y avanzar en los principios expuestos por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657", según se informó oficialmente.

San Juan, San Luis, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos se convierten en las primeras jurisdicciones en implementarlo, ya que han sido capacitados en esta herramienta, que formará parte, a su vez, del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) de la cartera sanitaria nacional.

Según se sabe, el RESAM servirá para conocer el número de personas internadas correspondientes al sector público, privado y de la seguridad social, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y otros datos que considere relevantes, tal como lo establece la Ley de Salud Mental y el Plan Nacional de Salud Mental, aprobado mediante la Resolución ministerial 2177/2013.

Sin embargo, esta iniciativa violaría la ley 25.326 de datos personales, sobre todo datos sensibles, es decir datos personales que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

En el artículo 7 de esa ley, queda expreso que “los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley”, y que “podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares”.

También añade que “queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles”.

En otro artículo, se aclara que si se deben publicar datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, “en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados”.

Beatriz Busaniche, activista por los derechos ciudadanos, la cultura libre y las libertades en Internet, había manifestado vía Twitter al momento de la publicación de la resolución en cuestión que “armar esa base de datos ya viola la ley, ni hablar de resguardos de seguridad. Es una locura”.