"Domésticas" y barrios privados: el debate y la opinión de una experta

"Nosotros" y "los otros": discriminación y privatización en los condominios cerrados. Así tituló su artículo de opinión Sonia Roitman, socióloga urbana especialista en urbanizaciones cerradas en MDZ, allá por 2012. Con el debate una vez más abierto a raíz del trato al personal doméstico de Nordelta, ponemos a disposición su análisis que ya daba cuenta de casos similares detrás de la cordillera.

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Sonia Roitman

Sonia Roitman

Durante los últimos dos meses, uno de los temas más discutidos en la prensa local chilena (principalmente santiaguina) ha sido el rol del personal de servicio que trabaja en ‘condominios cerrados’ (los ‘barrios cerrados’ o ‘countries’ en el lenguaje argentino). En particular, el rol de las ‘nanas’ (empleadas domésticas, encargadas de las tareas del hogar y del cuidado de los niños y niñas que viven en estos barrios residenciales). El debate mediático se ha transformado en un debate social (que incluyó una marcha en su repudio) y además, se ha visto replicado en el debate mediático de otros países latinoamericanos (como Argentina y Perú).

¿Cuáles han sido los hechos? Una residente (acá la llamaremos sólo I) de un condominio cerrado de Chicureo (norte de Santiago) manifestó su conformidad con la medida adoptada por la asociación de residentes del lugar donde habita desde hace dos años. De acuerdo a esta reglamentación las nanas y los obreros tienen prohibido caminar por las calles del condominio y sólo pueden llegar a su lugar de trabajo en un mini-bus del condominio que realiza un recorrido interno. I defendió esta medida expresando: “Acá la única obligación que tiene mi nana es que al ingresar a las ocho y media dela mañana y al retirarse a las seis y media de la tarde lo tiene que hacer en un furgón. ¿Te imaginai (sic) acá en el condominio todas las nanas caminando pa’ fuera? ¿Todos los obreros caminando por la calle y tus hijos ahí en bicicleta?”.

Sus declaraciones públicas la convirtieron rápidamente en un tema de discusión y un blanco de críticas en los medios de comunicación y en las redes sociales por aquellos que consideraron sus declaraciones discriminadoras. Asimismo, se organizó a través de Facebook una marcha en su contra bajo el lema: ‘The Walking’s nanas’ llevada a cabo en las calles de Santiago el pasado 21 de enero.

Con anterioridad a este hecho, durante el mes de diciembre de 2011 las ‘Nanas de Chicureo’ también estuvieron presentes en el debate mediático porque se hizo público que un residente (acá lo llamaremos B) del mismo condominio lujoso donde vive I había manifestado su desconformidad con el reglamento interno de su condominio que prohíbe al personal doméstico o de la construcción la circulación peatonal. La reglamentación del condominio establece que: "ningún maestro o persona que labore en una obra podrá acceder a pie. El ingreso deberá hacerse en un vehículo propio, de la constructora o del residente". Debido a esto B presentó a principios del 2011 un ‘recurso de protección’ que en primera instancia (en abril de 2011) resultó favorable al condominio. Según la corte, la medida de controlar la circulación peatonal era justificada porque ‘el 90% de los delitos a la propiedad privada, esto es robo de especies al interior de inmuebles, tienen su origen en datos o antecedentes o información proporcionados a los delincuentes por personal que ha laborado o labora en el inmueble o derechamente cuentan con la complicidad del personal". B dice que esto asume que todos los trabajadores son delincuentes y esto va en contra de la dignidad de las personas. Ante esta situación, B. hizo hacer un cartel en un lienzo que decía que su condominio ‘… en forma caprichosa y abusiva vulnera el derecho de las personas y "La Constitución Política de Chile", al reservar el uso de veredas solo para un grupo de personas, discriminando y humillando a nuestros trabajadores en forma denigrante, abusiva, vejatoria e indigna, solo comparable con un régimen del APARTHEID (símbolo de una discriminación política, económica y racial)".

El cartel estuvo un tiempo colgado fuera de la casa de B. hasta que la asociación de residentes le colocó una multa y lo obligó a retirar el cartel. Sin embargo, la medida adoptada logró al menos que se mejorara el estado de los minibuses que se utilizaban para el traslado del personal y que se mejorara el trato hacia los trabajadores y principalmente se convirtiera en un ‘servicio’ gratuito para los trabajadores, quienes con anterioridad debían abonar los viajes realizados desde la puerta del condominio hasta su lugar de trabajo dentro del mismo.

Además de esto, en otro condominio cerrado de Santiago se estableció hace unas semanas que las nanas no podían ir a la piscina comunitaria a cuidar a los niños y niñas de las familias para las que trabajan y que los niños y niñas sólo podrían estar en la piscina acompañados de sus familiares. Por otro lado, las nanas deben usar su uniforme que las identifica como tales cuando se encuentran acompañando y cuidando a niñas y niños en los espacios de uso común del condominio.

Lo sucedido en estos condominios cerrados de Santiago nos lleva a preguntarnos sobre la sociabilidad e integración entre grupos sociales diferentes, entre ‘nosotros’ y ‘los otros’. Los esfuerzos (en este caso ejercidos mediante las reglamentos internos de los condominios) tendientes a la separación y a evitar el contacto social con aquellos que son diferentes refleja las escisiones existentes en la estructura social. La sociedad chilena es una sociedad donde las diferencias sociales están muy marcadas y actualmente es una de las sociedades más inequitativas de América Latina. Frecuentemente podemos observar esta división en los espacios públicos (ya sean éstos una plaza de Santiago o una playa en la Quinta Región) al ver a las ‘nanas’ vestidas con sus uniformes cuidando a niñas y niños de otra condición social. Parece extraño que al mismo tiempo que los padres confían en ellas el cuidado de sus hijas e hijos, las tratan como ‘los otros’ segregándolas y negándoles derechos básicos como la circulación peatonal. Esto remite a prácticas discriminadoras hacia la población de ‘color’ en los ‘60s en Estados Unidos, tan bien recreadas en la película ‘The Help” (2011, producida y dirigida por Tate Taylor y actualmente nominada para 4 Premios Oscar 2012).

Lo sucedido en Santiago también nos lleva a reflexionar sobre el avance privatizador y el rol de las asociaciones de residentes de urbanizaciones cerradas, quienes elaboran y hacen cumplir su reglamento interno (el cual muchas veces tiene medidas que violan los derechos básicos y constitucionales de los ciudadanos). No sólo esto, sino que al parecer muchas veces estos reglamentos privados son defendidos por la justicia pública, sin considerar el perjuicio ocasionado hacia aquellos que no pueden defenderse (hacerlo les implicaría por ejemplo perder sus fuentes de trabajo).

Ante esto y en relación a lo que sucede en nuestro ámbito local sería bueno preguntarse: ¿Sería posible que lo sucedido en Santiago suceda en Mendoza? ¿Cuál sería la reacción social?

Las urbanizaciones cerradas son hoy un elemento indiscutido en el paisaje urbano mendocino. Su desarrollo (y en gran medida éxito comercial) parecería demostrar que se trata de una opción residencial buscada por muchas familias mendocinas. En este sentido, es importante considerar que estas necesidades deben ser reconocidas y respetadas. Sin embargo, es imprescindible revisar si el desarrollo de este tipo de proyecto inmobiliario no genera consecuencias negativas al conjunto de la población y si es así cómo las mismas pueden ser minimizadas. Asimismo, el ‘atrincheramiento’ de grupos sociales privilegiados detrás de un muro y una casilla de control de acceso conlleva a una mayor privatización (más normativa privada que en muchos casos se opone a la normativa pública) y a un abandono de la esfera pública (espacios urbanos y participación ciudadana) de grupos que tienen un alto poder en términos de capital económico, político y a veces también social y cultural.

Esta segregación y discriminación del ‘nosotros’ y ‘los otros’ en lo micro (en este caso adentro de las urbanizaciones cerradas) lleva a una escisión cada vez mayor en lo macro y a preguntarnos cuál es la sociedad (en este caso, mendocina) que queremos construir: una basada en la segregación y la división u otra basada en la integración social a partir de la diversidad y del reconocimiento de que siempre existe un ‘nosotros’ y ‘los otros’, pero esto no debería implicar el desconocimiento de derechos universales y garantías constitucionales.

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