Sociedad A 35 días del crimen de la pequeña Luciana Rodríguez

Denuncian que no mejoró la asistencia a menores

El 7 de enero de este año, el crimen de la nena de 3 años conmocionó a la Provincia y tras identificar fallas en la Dinaf y la OAL, organismos que trabajan en la protección a menores en situación de riesgo, el gobernador Pérez suspendió a operadores y funcionarios. El gremio Ampros denuncia que ahora la situación está peor y por ello habrá dos días de paro.
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Denuncian que no mejoró la asistencia a menores(Gentileza)

Denuncian que no mejoró la asistencia a menores | Gentileza

La primera semana del 2014 Mendoza se conmocionó con el caso de una nena de tres años, maltratada desde hacía mucho tiempo por sus padres y asesinada por su padrastro en su casa -que días después, al ser revisada por la fiscal Daniel Chaler, llegó a decir que no estaba en condiciones para que allí viviera ni siquiera "un perro". El caso de la pequeña Luciana Rodríguez desató la furia de mendocinos -expresado en numerosos comentarios en este diario- por un punto en común que tiene con la reciente tragedia vial en la Ruta 7: ambos casos se pudieron evitar y en ambos, a la vez, quedó en evidencia una gigantesca falencia del Estado provincial para asistir casos que pueden terminar con vidas humanas. 

En el caso de la pequeña que vivía en pésimas condiciones en un inmueble de la Cuarta Sección, donde alguna vez funcionó una escuela, las críticas se centraron en que el caso no llegó a la Justicia por fallas en la Dinaf y en el Órgano Administrativo Local (OAL) . Mientras que en la tragedia de la Ruta hubo graves deficiencias en la toma de denuncias en el 911 y en una comisaría de Guaymallén, que por “dejarla pasar” relevaron a nueve efectivos.

En el caso del crimen de Luciana, la primera reacción del Gobierno fue imputar a seis funcionarios y operadores de la Dinaf y el OAL. El mismo gobernador Francisco Pérez dejó fuera de la Dinaf al licenciado Fernando Herrera, director de Protección de los Derechos del Niño de ese organismo. También suspendió a operadores de la OAL: Felipe Vizcarra, Vanesa Gianina Consina (coordinadora de la OAL Capital), Mónica Castro y Fabiana Lucentina. E imputó, con una multa, al operador de la guardia telefónica (102) Mauricio Flores. En tanto, días antes el jefe a quien respondían todos ellos, Guillermo Elizalde, había cambiado de funciones: de ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos a jefe de la cartera de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales.

Días después, cuando las aguas se calmaron un poco, el jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Ruiz, en diálogo con MDZ Radio, admitió que en Mendoza existen “agujeros negros” en la articulación de los organismos abocados a atender problemáticas infanto juveniles.

Claudia Iturbe, secretaria gremial de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), anunció para el 17 y 18 de febrero un paro de los trabajadores de la OAL, no por un reclamo gremial, sino “porque no están dadas las condiciones de trabajo para proteger a la población”. Y denunció agujeros negros en ese organismo.

“La gente de la OAL en 2013, con menos de 60 trabajadores -muchos, ni siquiera en planta- se hizo cargo de 27.400 situaciones de menores en riesgo. Cinco trabajadores están imputados de abandono seguido de muerte (por el caso Luciana) y ellos nunca tuvieron la posibilidad de llegar al caso”, explicó.

Iturbe contó que en diciembre último se reunió con quien era el ministro entonces, Guillermo Elizalde, y “le dije que un solo operador tiene 200 casos” y que “iba a pasar algo” si seguían trabajando en esas condiciones.

“Una vez, una de las que está imputada me dijo que no tenía movilidad ni un peso para tomarse un taxi”, relató y puso el caso de una oficina, la de San Martín:

“El OAL de San Martín tenía el techo en el piso y con esa infraestructura tienen que atender a la población infantil de Mendoza”.

Denuncia que cambió para peor

La dirigente gremial sostuvo que tras el cambio de autoridades de enero “la OAL ahora está peor”, ya que “cuando llegan nuevas autoridades hay que volver a empezar”. Además explicó que “en enero se agrava la parte social porque no hay escuelas ni guarderías”. Y propone que para que esas oficinas administrativas funcionen bien “tiene que haber seguimiento de todos los ministerios”, ya que los mismos “hoy no se hacen cargo y son derivadores del OAL”.

A raíz de este tipo de funcionamiento, el resultado que se ve es que “decisiones tan importantes de la vida y la muerte de un chico no puede pasar por un trabajador social que recién empieza”.