217 barrios populares de Mendoza miran con atención al Congreso

Un proyecto que está en la Cámara de Diputados propone expropiar tierras para poder urbanizar villas, asentamientos y conglomerados con escasos servicios.
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Rubén Valle

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217 barrios populares de Mendoza miran con atención al Congreso(MDZ)

217 barrios populares de Mendoza miran con atención al Congreso | MDZ

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Hace un mes ingresaba en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que plantea expropiar tierras para poder urbanizar miles de barrios populares, entre ellos varias villas de emergencia. Desde entonces, 217 de esos precarios conglomerados miran con atención lo que pasa en el Congreso porque, en caso de aprobarse, esa ley cambiará sustancialmente la vida de muchísimas familias. 

Con el fin de darles el título de propiedad a sus habitantes, la norma en debate propone la creación del Régimen de integración socio urbano y regularización que apunta a que se pueda disponer de la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.229 barrios precarios en todo el país.

De prosperar esta iniciativa del oficialismo (Pro, UCR y Coalición Cívica), será la Agencia de Administración de Bienes del Estado la que se encargue de las expropiaciones. En tanto que junto al Ministerio de Desarrollo Social deberá avanzar en los acuerdos con las provincias y los municipios para las transferencias de terrenos que sean necesarias.

Según el sitio de datos abiertos del Ministerio de Modernización, en la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (febrero de 2018) suman 4.229. De ese número, 217 corresponden a Mendoza.

Hilando fino en la provincia, la distribución de estos barrios por departamento da los siguientes números: Luján de Cuyo (33), Las Heras (31), Guaymallén (30), Maipú (25), Capital (23), Godoy Cruz (16), San Rafael (12), San Martín (9), General Alvear (8), Tunuyán (8), Tupungato (6), San Carlos (5), Lavalle (4), Rivadavia (3), Malargüe (3), Junín (1).

Este relevamiento, realizado entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales, considera barrio popular a aquel que reúne al menos a ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

Este registro es una herramienta muy valiosa para planificar políticas públicas que apunten a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos sectores poblacionales más postergados. 

De hecho, en base a esta información ahora los vecinos pueden contar con un Certificado de Vivienda Familiar (expedido por la ANSES), y así solicitar servicios y acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas, ya que sirve como domicilio legal o fiscal.