La DGE cambió el cálculo de las cuotas de colegios privados en Mendoza y cada institución podrá aumentar hasta un 20% extra
El gobierno de Mendoza modificó el cálculo para la actualización de las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, estableciendo una nueva fórmula y habilitando un incremento adicional de hasta el 20% a discreción de cada establecimiento. Así lo dispuso la Dirección General de Escuelas (DGE) mediante la Resolución 433, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
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Hasta ahora, la actualización de los aranceles se basaba en una fórmula que combinaba tres indicadores: los salarios testigo docentes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del INDEC. Sin embargo, el gobierno argumentó que este último índice –que mide la evolución de los salarios públicos y privados– no reflejaba con precisión la situación económica actual, ya que se publica con dos meses de atraso y ponderaba en un 50% el cálculo final.
Con los cambios establecidos, la nueva fórmula elimina el CVS y pasa a calcularse con dos variables:
- El salario de un cargo testigo de un docente con 10 años de antigüedad, con una ponderación del 70%.
- El IPC de Mendoza, con un peso del 30%.
Anteriormente, la periodicidad de actualización de aranceles se hacía bimestralmente. Con el nuevo índice, denominado IPADEP (Índice Provincial de Aranceles de la Educación Privada), las cuotas se actualizarán de acuerdo con la periodicidad de los acuerdos paritarios que definan los salarios docentes.
En ese sentido, si el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) acepta la oferta salarial realizada por el gobierno -un 7% en marzo, un 2,5% en abril, un 2% en mayo y un 1,5% en junio- habrá incrementos en las cuotas de los colegios privados durante los próximos cuatro meses.
El punto que podría causar más polémica es que los colegios privados podrán aplicar, además del ajuste determinado por el IPADEP, un incremento adicional del 20%, a discreción de cada institución. La única condición impuesta por la DGE es que las instituciones informen cada aumento a la Dirección de Educación Privada.
El gobierno justificó la medida asegurando que se trabajó en consenso con la Asociación de Colegios Privados y el Consejo de Educación Católica para garantizar una solución "equitativa para todas las partes".