Avanzan los trabajos del INTA para levantar el bloqueo de los hackers

A fines de abril, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sufrió un hackeo y extorsión para la recuperación de los datos. El dinero exigido por los secuestradores ronda el monto de los 2,5 millones de dólares pero desde el ente estatal sostienen que no cederán ante tales exigencias.

Por el momento, especialistas en el mantenimiento informático se encuentran trabajando en el análisis de la red central para poder garantizar la seguridad de la misma. Poco a poco, desde el INTA buscan poder reestablecer sus servicios a la brevedad y volver a manejarse mediante una red unificada.

Mientras tanto, estando la red del INTA bajo bloqueo y con la información capturada por los hackers, la institución se mantiene activa gracias a plataformas alternativas. Este es el segundo ataque que sufre el INTA en poco más de un año, luego de haber sufrido en marzo de 2022 un ataque de menor envergadura.

Una vez notificados del ataque el INTA activó sus protocolos de seguridad y organizó un equipo para gestionar la situación que estaban enfrentando. A este trabajo, se plegaron especialistas relacionados estrechamente a la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Jefatura de Gabinete de Nación.

El hackeo cobra relevancia cuando se toma en cuenta que la red de servicios del INTA se brindan a más de 400 puntos a nivel nacional y relaciona a más de siete mil profesionales vinculados a la materia.

Ransomware: la modalidad de hackeo que sufren grandes entidades

Desde empresas hasta organismos públicos, vienen sufriendo este tipo de hackeos que constan de un secuestro de datos y el pedido de un rescate por los mismos. La modalidad que toman los hackers bloquea los accesos a las bases de datos para los propietarios de las mismas y los deja sin la posibilidad de operar hasta que se pague el rescate.

El fenómeno lo están sufriendo principalmente instituciones públicas y empresas de gran tamaño alrededor de todo el mundo y las sumas de dinero exigidas suelen ser de millones de dólares. Aunque en muchos casos se evita pagar el rescate por la disposición del personal a cargo de los servicios informáticos de las entidades, otros tantos terminan pagando el monto exigido. Los pagos a estos grupos delictivos son solicitados en criptomonedas, dado que el seguimiento de estas transferencias son casi indescifrables.