El derecho al olvido y el deber de la memoria

La Corte Suprema realizó una audiencia pública por una derivación "Caso Coppola". Se trata de un caso judicial de mediados de los noventa, con enorme repercusión mediática en la era del show político del menemismo. Policías y un juez fueron condenados por la Justicia por "plantar" droga en la casa de Guillermo Coppola, apoderado de Diego Maradona. Antes de eso, audios entre Maradona y Coppola en la cárcel y peleas a los golpes entre muchachas del entorno hacían las delicias de la televisión sensacionalista. Una de ellas era Natalia Denegri, que entonces tenía 19 años (la mayoría de edad era de 21).

Hoy Denegri es otra persona muy distinta a la jovencita del mundo de la noche que tuvo sus quince minutos de fama (como pedía Andy Warhol) en aquella década en que la frivolidad era cool. Radicada en Miami desde 2005, produce un programa solidario para la televisión estadounidense y ya se granjeó con 22 premios Emmy. Pide que Google desvincule su nombre del enlace a esos videos humillantes. “No pedí ser famosa, fui famosa por medio de una causa policial, porque me involucraron en algo (con lo) que yo no tenía nada que ver", dice Denegri. Agregó que, al salir de la cárcel: “Me estaba esperando un auto de la producción del programa de Mauro Viale y me llevan a los programas". "Hoy tengo una carrera y cuando uno busca en los buscadores aparecen en primera línea los famosos videos de las peleas que a mí me hacen mucho, mucho daño…que estigmatizan a la mujer, que generan violencia mediática, de género”, sostiene.

El pedido de Denegri tuvo resolución positiva por las primeras instancias de la Justicia y hoy llega a la Corte porque Google apeló. El fallo puede ser muy relevante porque puede inclinarse por la protección de la libertad de expresión o por la protección del honor a través de la figura del derecho al olvido en el mundo digital. La idea de que se le puede exigir a un buscador como Google que desindexe un nombre propio o bloquee el acceso a las url por considerar un sitio como "inadecuado, irrelevante o (que) ha dejado de ser pertinente, o (que es) excesivo en relación con los fines para los que se procesó", pertenece a la tradición europea del derecho a la información. La posición liberal, expresada en nuestro país, por ejemplo, por FOPEA, asegura que si un afectado por una publicación pudiera decidir qué información sobre él puede darse a conocer o no, el derecho a la información quedaría afectado. La desindexación, declaran en FOPEA, constituye una limitación grave a la posibilidad de difundir y de acceder a información de interés público.

La idea que invocan los buscadores es que no son propietarios de la información publicada, sino "carriers" (algo parecido a una empresa telefónica que no se hace responsable de los contenidos de las llamadas). Sin embargo, los metadatos con los que archivan las notas las moldean, es decir las hacen accesibles a partir de ciertos criterios de búsqueda: etiquetar, "tagear" es también opinar. Por ejemplo, si un nombre se recupera a través de la búsqueda de la palabra "corrupción" se está opinando sobre él. El algoritmo no es neutro ni transparente, también contiene una ideología.

Así como no hay periodismo totalmente objetivo, tampoco hay plataformas completamente asépticas. De hecho, los buscadores tienen sus propios criterios de bloqueo, por ejemplo, de pornografía infantil, que no siempre son transparentes ni consistentes. Denegri no pide la eliminación de los videos, sino suprimir enlaces que posibiliten que los mismos se ubiquen como primera opción ante las búsquedas. Esos videos no son estrictamente los del caso policial y ella asegura que carecen hoy de interés, pero aún le vulneran su buena fama.

Otra idea que subyace a figuras como derecho al olvido (que en Argentina no es ley) es que las plataformas como Google también tienen que ser reguladas y se requiere para ello de nuevos instrumentos jurídicos porque los existentes son anteriores a la revolución digital. Sobre todo, las personas deben tener algún recurso para preservar sus datos en estas plataformas que se alimentan de enorme cantidad de datos públicos y privados.

Por supuesto hay también un derecho a la memoria y un deber del poder político de tener archivo de las violaciones a los derechos humanos. Este 24 de marzo, por ejemplo, el Gobierno publicó nuevos documentos secretos de la dictadura militar. Pero, ¿toda persona particular está obligada a cargar con culpas de acciones que no constituyen delito o no eran condenadas socialmente cuando se archivaron sin su aprobación? La línea divisoria pasa por si se trata de una información de interés público o si es algo privado.

La pregunta que Google debe hacerse es, ¿suprimir el acceso a esta información, altera algún derecho o bien público actual? De responder que no, se puede resolver como un reclamo privado, invocando el damnificado el derecho a la protección de datos. Por ejemplo, antecedentes de mala práctica de un médico no deberían borrarse, aunque haya pasado tiempo, pero sí podría desvincularse del nombre de un particular de una declaración desafortunada o una foto de alguna manera humillante, si esto no implica merma en el derecho de nadie. El interés público debe ser preservado y el derecho a la buena fama también.

Desde un punto de vista de su reputación pública, Google podría avanzar en resolución positiva de los requerimientos de los particulares, en autorregulación y en transparencia de los criterios de indexación o desindexación en un momento en que es visto como una empresa demasiado poderosa, como la principal entrada a todo lo que ocurre en el mundo, incluso lo referido a la propia persona.

De todas formas, en nuestro contexto, ante la duda, es mejor inclinarse por la libertad de expresión. Se trata de un contexto con muchas naciones gobernadas por gobiernos autoritarios, en donde hay mucha información de interés público controlada o a disposición del poder político, sigue vigente la tentación de la censura de las expresiones conservadoras y, como dijimos en esta columna, hay un auge de la cultura de la cancelación, esta vez impulsada por las izquierdas identitarias, que bloquean y buscan silenciar todo discurso que les resulta prejuicioso, a veces con recursos autoritarios.